La Argentina juega sus últimas cartas en el litigio que la enfrenta a los fondos buitre. El bufete de abogados que representa al país envió a última hora de ayer a la Cámara de Apelaciones de Nueva York el alegato final previo a la audiencia del 27 de febrero, tras la cual el tribunal de segunda instancia emitirá su dictamen. El escrito del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, realizado junto a los técnicos del Ministerio de Economía, reiteró el rechazo al pedido de un pago por el ciento por ciento del precio nominal de sus tenencias en bonos defaulteados, por unos 1350 millones de dólares. En contraposición, ofreció como alternativa reabrir el canje en las mismas condiciones de 2005 y 2010. La presentación argentina se focalizó además en las inconsistencias en que incurrió el juez Thomas Griesa en la argumentación del fallo que convalidó inicialmente el reclamo de estos fondos especulativos, sus efectos negativos sobre terceros comprometidos y no involucrados y la inmunidad soberana del dinero con que se paga a los bonistas.

La causa ya en segunda instancia había recibido de parte de la Cámara un fallo que daba lugar al pedido de resarcimiento de los fondos buitre por supuesta discriminación del Estado argentino. Bajo una reinterpretación caprichosa de la cláusula de pari passu –igualdad en el tratamiento entre acreedores– solicitaron que se les pague al mismo tiempo que a los bonistas que ingresaron al canje. Pero, a ellos, por la totalidad de sus bonos no reestructurados. La Cámara solicitó a Griesa una fórmula a prorrata para subsanar esta supuesta discriminación, pero el magistrado de Manhattan exhortó a pagar todo y en efectivo. Esta decisión fue apelada por la Argentina. La Cámara suspendió el fallo de Griesa y estableció un cronograma para que las partes hicieran sus alegatos y dispuso una nueva audiencia para el 27 de este mes.

En los distintos alegatos hubo espacio para que terceros no involucrados presentaran sus apoyos a la propuesta. La posición argentina recibió acompañamiento del Bank of New York, asociaciones internacionales de bancos y tenedores de bonos reestructurados y hasta del propio gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. Por el lado de los fondos buitre, no hubo respaldo. Las dos entidades que encabezan la demanda, NML Capital y Aurelius, elevaron sus posturas en sendos escritos. Fiel a su estilo de “ir por todo”, los buitres, en cada una de las presentaciones, reiteraron el pedido de cobrar el ciento por ciento.

La presentación argentina se valdrá de estos apoyos, pero además hará un despliegue sobre distintos argumentos, todos ya esgrimidos en oportunidades anteriores. Los abogados de la Argentina aprovecharán el debate acerca de qué significa esa igualdad en el monto y los plazos en caso de un posible pago, para volver sobre la cuestión de fondo: si existe discriminación o se violó la cláusula de pari passu. Desde Economía argumentan que el país no discriminó a los acreedores. Por el contrario, señalan que reconocer la totalidad de las tenencias de los fondos buitre es contrario al principio de equidad, frente al 93 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje, con quita de capital y extensión de los plazos.

La misma argumentación resaltará el mal precedente que condicionará futuras reestructuraciones y servirá para demostrar la posibilidad de que el fallo en favor de los fondos buitre puede desencadenar una ola de juicios de bonistas que reclamen la diferencia. En este caso, los cálculos van de 12 mil a 20 mil millones de dólares, producto de unos 4300 millones de deuda sin canjear, junto a los intereses. “Otro punto es la ridiculez de la forma de pago que dispuso Griesa en el fallo de primera instancia”, señaló una alta fuente oficial. También se apelará, utilizando el apoyo manifestado por el gobierno estadounidense, a la pérdida de solidez que implica para el Banco de Nueva York un fallo que lo obligue a embargar fondos argentinos. Este tema es considerado vital, porque esta entidad intentará mantener su estatus financiero internacional, como plaza inembargable. Esto se suma al reclamo de que las órdenes en Nueva York no tienen jurisdicción sobre el dinero que se deposita en el fideicomiso, previo a que se distribuya entre los tenedores de bonos reestructurados. Griesa había pedido que se utilice parte de esos fondos para pagarle a los fondos buitre. Estos dos últimos puntos buscan dejar el terreno fértil a la Corte para que analice si debe pagarse la totalidad o si se le concede una reapertura al canje.