La minera brasileña Vale ratificó que en el curso de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, a partir de la suspensión del proyecto de extracción de potasio en Río Colorado, se hará responsable de los salarios de los empleados directos, pero no del pago a los trabajadores tercerizados, que representan una cantidad trece veces mayor que los que están en relación de dependencia. Esa decisión choca con la intención del gobierno nacional y de las provincias afectadas, que pretenden que la firma mantenga también las condiciones de pago a esos proveedores. Por su parte, el Ejecutivo mendocino evalúa adaptar el estatuto de la empresa provincial de energía para que pueda incorporarse como socio del proyecto de potasio, una vez que éste se reanude, ya sea bajo la conducción de Vale o de otro operador. “El proyecto seguirá con o sin Vale”, dijo el gobernador Francisco “Paco” Pérez.

Vale anunció el lunes pasado la suspensión de la obra para la extracción de potasio en Río Colorado, Mendoza, parate que en realidad había comenzado en diciembre. El proyecto, según el compromiso original de los brasileños, debería estar listo para empezar a operar a mediados del año que viene. Según explicó días atrás el ministro de Planificación, Julio De Vido, la compañía buscaba obtener una serie de ventajas promocionales como la devolución anticipada del IVA, pago de impuestos con bonos a valor nominal, eliminación de algunas obras de infraestructura y de las retenciones a las exportaciones. Se trata de beneficios adicionales a las amplias facilidades que rigen en general para la actividad minera.

El Gobierno calculó que esas ventajas implicaban un costo fiscal de tres mil millones de dólares, y se negó a otorgarlas. Instó a la empresa, luego de una tensa reunión con De Vido, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y gobernadores y ministros de las provincias involucradas en el proyecto a detallar el plan de suspensión. La minera pretendía frenar el proyecto en forma indefinida hasta que mejore la ecuación costo-beneficio, lo que afectaría el empleo de seis mil trabajadores. El Gobierno aclaró que en ese caso le revocará la concesión del yacimiento a la firma del país vecino.

En el plano gremial, la cartera que encabeza Tomada dictó la conciliación obligatoria el viernes pasado por el lapso de 15 días, luego de que la empresa esquivara la reunión con el Gobierno para definir la situación de los trabajadores a raíz de la suspensión del proyecto. La conciliación suspende los despidos y obliga a la firma a abonar salarios. Vale comunicó que sólo la acatará para los 420 empleados directos, cuando el universo del total de trabajadores afectados, por medio de contratistas, llega a seis mil personas. “Vale va a cumplir la determinación para los empleados propios. Para los contratistas, habrá que consultarles a las empresas”, indicaron ayer desde la empresa minera.

Sin embargo, De Vido aclaró que “cada contratista y subcontratista tienen la obligación de no despedir a nadie y de reclamarle a Vale la responsabilidad final y total sobre estos sueldos. De no ser así, le corresponderá una importante multa pecuniaria”. Antes de la conciliación obligatoria, las empresas contratistas hicieron llegar alrededor de 90 telegramas de despido a sus trabajadores. El Gobierno interpreta que los malos resultados a nivel global de Vale impulsaron que la empresa exigiera mayores facilidades impositivas en el país. En esa línea, De Vido mencionó cambios contractuales que la firma aplicó para reducir costos en Noruega, la amazonia brasileña, Canadá y Australia.