La querella argentina contra los crímenes del franquismo tomó un nuevo giro. Los abogados representantes de familiares y víctimas entregaron un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de María Servini de Cubría, donde piden que la magistrada libre órdenes de detención internacional, con el fin de ser extraditados e indagados, para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco. Se trata de funcionarios, ex jueces y policías acusados de diferentes crímenes. El suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del gobernante Partido Popular, es uno de los acusados.

Junto a la abogada Ana Messuti, el abogado Carlos Slepoy, que llegó días atrás desde España para reunirse con Servini de Cubría, señala que todo comenzó con dos presentaciones particulares en Buenos Aires. La querella reúne hoy más de 150 denuncias. “González Pacheco era una especie de Astiz, un torturador notorio del franquismo condecorado en democracia”, señala Slepoy. “Si se libran las órdenes de detención va a haber un clamor en toda España para que se los detenga y extradite a la Argentina”, augura el abogado.

Página/12 tuvo acceso, en exclusiva, a datos personales, las funciones que desempeñaron y los crímenes imputados a esos funcionarios. Rodolfo Martín Villa (79 años) fue ministro de Relaciones Sindicales, senador por designación real y diputado por Madrid. También presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. Lo apodaron “la porra de la Transición” por su saña en la represión de manifestaciones obreras y estudiantiles mientras era ministro de Gobernación. Roberto Conesa, conocido por sus brutales prácticas de tortura, estuvo bajo su mando. La Asociación de Víctimas 3 de Marzo del País Vasco lo hace responsable de cinco muertes y más de cien heridos durante un ataque perpetrado en Vitoria en 1976.

El suegro de Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina (87), es miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco. Militó en el Frente de Juventudes, brazo del partido fascista. Gobernó Ciudad Real, Burgos y Sevilla y fue vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento hasta poco antes de la muerte de Franco. Se le imputa haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil. Es considerado colaborador necesario de ese crimen.

Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 2007, Fernando Suárez González (80) fue jefe en Oviedo del Sindicato Español Universitario, gremio fascista de afiliación obligatoria para los estudiantes. Se desempeñó como ministro de Trabajo hasta la muerte de Franco. Firmó la condena a muerte de cinco antifranquistas fusilados el 27 de septiembre de 1975. Rafael Gómez Chaparro Aguado (86) cerró el caso Montejurra, por el asesinato de dos militantes carlistas a manos de bandas parapoliciales. Fue juez de instrucción del Tribunal de Orden Público entre 1972 y 1977. Por lo menos tres testigos señalan que el juez desestimó sus denuncias por malos tratos y torturas.

Jesús Cejas Mohedano (67) ingresó en 1969 al cuerpo jurídico del ejército. En 2002, el Consejo General del Poder Judicial admitió su ingreso a la carrera de magistrado. Fue vocal del Consejo de Guerra que condenó a muerte a tres personas: José Humberto Baena Alonso fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Hasta su disolución en 1976, Juan Antonio González Pacheco (67) formó parte de la Brigada Político Social (BPS) que actuó como policía política de la dictadura. Acacio Puig Mediavilla, Antonio Chapero Varela y Silvia Carretero Moreno, entre otros, denunciaron a “Billy el niño” por torturas.

José Ignacio Giralte González (71) fue miembro destacado de la BPS hasta su disolución y comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Al igual que Cejas Mohedano, fue acusado por numerosos testigos de torturas. Celso Galván Abascal (77) fue escolta de Franco y, más tarde, de la Casa Real. Lo denuncian por haber diseñado estrategias de sufrimiento. Jesús Muñecas Aguilar (74) ingresó a la Guardia Civil en 1961. Es dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en 1994 homenajeó, junto con los guardias que lo acompañaron, a Antonio Tejero. También es sindicado como torturador.

Amnistía Internacional, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Unida i Republicana, los sindicatos CGT, CC.OO. y UGT –entre otras fuerzas– apoyan a la querella argentina para que se investiguen esos crímenes. Desde un despacho atiborrado de documentos y nuevas denuncias, Slepoy considera que, en caso de concretarse, las detenciones pueden abrir paso al fin de la impunidad del franquismo. Para el abogado, sería ideal que los consulados argentinos en el exterior recibieran denuncias para remitirlas luego a España.

El balance de la reunión con Servini de Cubría, según Slepoy, fue satisfactorio. “Creo que la jueza es consciente de la trascendencia histórica de este procedimiento”, afirma. “Los argentinos tenemos al Che Guevara, a Messi, un papa: ahora esperamos tener un juez universal”, bromea. Se espera que en abril, cuando la causa 4591/10 cumpla tres años de iniciada, comiencen las videoconferencias entre Servini de Cubría y los denunciantes que se encuentran en España para agilizar los tiempos de la investigación.

“Mucha gente pregunta por qué acá y no en otro país –señala Messuti–. Argentina abrió el camino jurídico poniéndose en consonancia con todas las normas internacionales para juzgar estos crímenes”, responde. El viernes, Slepoy y el grupo de abogados que lo acompañan realizarán una conferencia de prensa a las 12, en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, para comentar los avances de la querella.