En noviembre del año pasado se decidió la incorporación de las hernias, várices y lumbalgias en el listado de enfermedades profesionales que deben cubrir las ART. Se trata de dolencias difundidas en el ámbito laboral que no estaban cubiertas por el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, los trabajadores que sufren esos problemas físicos siguen sin recibir la atención automática que brindan las aseguradoras a través de sus prestadores médicos y, por lo tanto, deben continuar reclamando legalmente durante períodos prolongados la cobertura correspondiente. Para que las modificaciones entren en vigencia es necesario un decreto del Gobierno que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.

La decisión de agregar las tres enfermedades se tomó en el Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo (en el que participan el Ministerio de Trabajo, cámaras empresarias y las centrales sindicales) cinco meses atrás, después de la reforma parcial que se hizo a la legislación en octubre de 2012. La reforma incrementó significativamente el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales que paga el sistema, habilitó su actualización automática dos veces al año y redujo los plazos para cobrar. El punto cuestionado de las modificaciones fue el establecimiento de una opción excluyente entre cobrar por el sistema de riesgos del trabajo y la acción judicial.

Con esos cambios, argumentaban desde la cartera laboral, se destrababa la resistencia empresaria y se habilitaba la posibilidad de realizar un conjunto de modificaciones necesarias del sistema de riesgos del trabajo, como la ampliación de la lista de enfermedades. “Así como dejamos atrás las indemnizaciones miserables y la necesidad de un juicio para que los trabajadores cobren rápidamente una reparación digna, hoy avanzamos en ampliar la cobertura de enfermedades que antes sólo se reparaban luego de un largo juicio. De esta manera, seguiremos generando más protección y más prevención”, señaló en noviembre el titular del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada.

La incorporación de las hernias, várices y lumbalgias no se frustró, pero su atención avanza lentamente. Según sostienen desde el Gobierno, el tema “debería resolverse en el corto plazo”. El decreto ya se encuentra redactado y restarían aspectos formales.

La medida, argumentan desde el equipo de Tomada, permitirá limitar una de las principales fuentes de litigiosidad del sistema. Un relevamiento realizado en 2009 por la Superintendencia del Riesgos del Trabajo (SRT) reveló que las dolencias no listadas representaban el 46 por ciento de los juicios que se iniciaban. Esos datos refutaban parte del argumento empresario sobre la existencia de una “industria del juicio”, aunque desde la SRT advierten que, a través de esas dolencias, se registraron muchas irregularidades.

La situación actual no sólo contribuye al problema de la “litigiosidad”, que quita el sueño a los empleadores, sino que dificulta el acceso de los trabajadores a las prestaciones médicas necesarias. La incorporación de hernias, várices y lumbalgias, coinciden abogados y funcionarios, permite que los asalariados sean atendidos por el sistema de ART sin necesidad de contar con el visto bueno de una comisión médica que reconozca excepcionalmente su tratamiento. Y, además, reducirá los plazos para que los asalariados cobren una reparación por esas enfermedades. Dependiendo de la provincia donde se radica la demanda, la resolución de esos juicios demoraba entre dos meses y varios años. Con los parámetros de la nueva legislación, existe un plazo de quince días para el pago de las indemnizaciones a contar desde la homologación de la incapacidad que genera la enfermedad.

Los inconvenientes exceden a las hernias, lumbalgias y várices. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, el 38 por ciento del total de siniestros laborales son enfermedades profesionales. En Argentina, la cifra es muy baja porque el sistema de riesgos del trabajo no reconoce muchas dolencias, como cánceres directamente vinculados con cuestiones laborales que no son atribuidas al mundo del trabajo. El no diagnóstico como enfermedad laboral implica que esos trabajadores no son cubiertos por el sistema.

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