[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En menos de un año de gestión, Luis Miguel Etchevehere ya ha logrado superar a su predecesor, Hugo Biolcati, lo que no es poco. Su diatriba feroz y sin sustento serio alguno, en la apertura de la exposición anual de la Sociedad Rural, ha hecho palidecer todo lo que conocemos de la actuación pública de la dirigencia del “campo” (como les gusta autodenominarse). Pero lo que me ha parecido aún más lamentable es que un elenco distinguido de “la oposición” haya estado dispuesto a poner la oreja (y la cara) para tales despropósitos.

No pude evitar recordar la famosa alusión del gran Sarmiento, cuando en los años ’80 del siglo XIX hablaba con desprecio de los miembros de “la aristocracia con olor a bosta de vaca” que se oponían a la educación pública universal y gratuita (para “preservar” las diferencias en la sociedad de entonces). También sus valientes denuncias acerca de los negociados de la familia de don Julio Argentino Roca con la tierra pública.

Dos de las estancias de Don Julio, que una nota de este fin de semana de La Nación identifica como los pagos donde el ex presidente desarrollaba su “esforzado trabajo rural”, le fueron “regaladas” graciosamente por la Legislatura. Por ello, Sarmiento decía (El Censor, 1885), con los sobrados fundamentos, que Etchevehere no se digna aportar hoy para sostener sus barbaridades: “Quieren que el Estado, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra Iraola, a los Luro y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”.

Etchevehere ha dicho este sábado: “El Gobierno dilapidó en corrupción las divisas que produjo el campo”. Sintetizó lo que ya había afirmado cuando asumió su cargo actual (septiembre de 2012): “Entre 2003 y 2012 el campo aportó, en concepto de retenciones, 55.000 millones de dólares (como se ve, el hombre está “dolarizado”) en un drenaje de fondos (...) que no se transformaron en obras para mitigar el efecto de las inundaciones, ni en mayor salud, educación y seguridad”.

Etchevehere no parece que lea los informes que elabora la Universidad Austral (Departamento de Economía, junio de 2013) acerca de la aplicación del gasto público consolidado (Administración Central + Provincias + Municipios) durante el período 2003-2012. Si lo hubiera hecho, se habría enterado de que el aumento del gasto público fue de 210.000 millones de dólares en este lapso (lo “aportado” por las retenciones ha resultado marginal), que el 65 por ciento de este aumento de las erogaciones –unos 136.000 millones de dólares– fue destinado al “gasto social” (salud, educación y previsión social, principalmente) y que unos 21.000 millones de dólares fueron invertidos en la expansión del “capital físico” del país.

Ha sido muy significativo, además, que se refiriera a la corrupción –sin duda, un serio problema argentino– desde una tribuna ubicada en un predio sustraído fraudulentamente de la propiedad pública (común) de los argentinos durante la década de los ’90, y aún no restituido a su dominio.

* Economista. Investigador del Cefid.Ar.