Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas. La medida, que formalizaron los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Salud, Juan Manzur; y de Justicia, Julio Alak, llega tras la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, recientemente condenados por violaciones a los derechos humanos, que escaparon la semana pasada del Hospital Militar Cosme Argerich.

En el marco del acto que se desarrolló en la sede de Defensa, los ministros del Gabinete nacional formalizaron la puesta en práctica de una “orden de la Presidenta”, Cristina Fernández de Kirchner, según mencionó Rossi: “Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares”, destacó el titular de Defensa.

La iniciativa se había comunicado el viernes pasado, a las pocas horas de que el Estado confirmara la fuga de Olivera y De Marchi, condenados a principios de mes en San Juan y trasladados al penal de Marcos Paz para asistir a citas médicas en el Hospital Militar Central. “La medida apunta a verificar si realmente existen causales para requerir una atención determinada que, en caso de necesitarla, se prestará en el Hospital Central del Servicio Penitenciario de Ezeiza, que tiene servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para poder albergar a civiles y militares que están imputados por delitos de lesa humanidad”, amplió Rossi.

A través del convenio firmado, ayer quedó conformada la Comisión de Asesoramiento Médico que, integrada por profesionales de la salud representantes de cada cartera –Pablo Kohan, de Justicia; Eduardo Bustos Villar, de Salud; y Mario Perichón, de Defensa–, tendrá la función expresa de revisar “los antecedentes médicos respecto de las internaciones o tratamientos ambulatorios en dependencias hospitalarias bajo la órbita de las Fuerzas Armadas de imputados, procesados o condenados en causas que se investigue o haya determinado la responsabilidad penal en delitos de lesa humanidad”. Además evaluará las condiciones de tratamiento “adecuadas” de estas personas, “a los fines de determinar el alta o el traslado”.

Según menciona el documento al que suscribieron las tres carteras, los informes elaborados por la comisión deberán ser entregados “en el plazo de 30 días” a los ministros “para su evaluación y eventual remisión a las autoridades judiciales”. En el convenio, no obstante, figura la posibilidad de ampliar el plazo de acción de los médicos asesores.

La comisión no intervendrá en la labor de la Justicia, que es la que otorga o deniega el permiso pertinente para que un procesado o un condenado reciba tratamiento médico. Su rol es el de “aconsejar” a los jueces acerca del tipo de tratamiento y del lugar en el que debería ser recibido por las personas sometidas a un proceso judicial, puntualizaron desde la cartera de Defensa. Varios abogados dedicados a causas de derechos humanos coincidieron en que existe un “doble estándar” en el tratamiento que la Justicia brinda a los represores con prisión preventiva o condenados respecto del común de la población carcelaria. “La mayoría de los presos no tiene otra alternativa más que hacerse atender por el sistema hospitalario del Servicio Penitenciario, mientras que los militares cuentan con el círculo de instituciones castrenses. Pero hay jueces que firman permisos de traslado a esos hospitales por fechas indefinidas, e incluso para hacerse controles odontológicos, por ejemplo. “¿De qué preso común la Justicia se preocupa por cuidar su salud dental?”, reflexionó ante este diario uno de los abogados.

La labor de la comisión complementará las medidas dictadas por Rossi y Alak el viernes pasado. Desde Justicia se firmó una resolución que prohíbe el traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas. Desde Defensa se prohibió a las dependencias sanitarias que dependen de la cartera brindar atención a los represores. “Queremos analizar la situación de aquellos militares condenados o procesados que por decisión de la Justicia se encuentran atendidos en los hospitales militares –remarcó Rossi en diálogo con Página/12–. Nuestra idea es que reciban el mismo tratamiento que los presos comunes, sin privilegios, en hospitales penitenciarios.”