La escena dispara a la memoria reciente, no más de diez años para atrás y sin necesidad de tanto. Aunque haya ocurrido en otro país, aunque se pretenda suponer que no es lo mismo. Me refiero a la tragedia del tren de alta velocidad en Santiago de Compostela. El horror de las 79 personas fallecidas, las imágenes que desplegaron los medios españoles, que para eso no tienen ninguna diferencia con ningún medio del resto del mundo; algunos con más, otros con menos rojo en el marco de la foto, en los videos o en las imágenes de la Televisión Española, que no ahorró momentos de sensiblería fácil. Cuerpos en las vías, desesperación, vecinos que opinaron como héroes, traslado de heridos, llantos y alegría en los listados. En fin, la lectura periodística de una tragedia. Nada que pueda considerarse excesivo dentro de la línea habitual del periodismo moderno, tan ducho en distribuir impactos para despertar curiosidad masiva y luego cobrar por administración tandas de anunciantes más atentos a las cifras de ventas o de rating que a lo que sugiere el producto. Pero es la actualidad habitual. Se podrá cuestionar o estar de acuerdo. Pero la escena convocaba a la memoria. Faltaba algo.

Cuando en la Televisión Española vi cómo vecinos ayudaban a sacar al maquinista que se acababa de responsabilizar extraoficialmente de la tragedia ante una radio local para decir lo necio que había sido, y que todas esas muertes se le cargarían en su conciencia, y cuando vi cómo un policía lo acompañaba hacia el hospital, el rostro del maquinista ensangrentado, caminando como perdido entre tantas ideas confusas que debían recorrer su cabeza, no vi aparecer la función mediática condenatoria. Al menos, no como reclamo. No se buscaron culpables más allá de la especulación esperable sobre lo que ocurrió, esa necesidad urgente de la función mediática que arrastra a indagar los acontecimientos con ninguna base sólida, habida cuenta de que la base sólida la dan la investigación y el tiempo. Estaba dada la oportunidad para que medios y/o familiares de las víctimas se lanzaran a reclamar: no se cargó sobre el maquinista, pese a que se había autoincriminado desde el primer momento. No se responsabilizó al gobierno por corrupción, pese a que existe una causa judicial por cobros y pagos fraudulentos del propio Rajoy. Al día siguiente de la tragedia, el maquinista se negaba a declarar ante la policía. Ninguna nota dejó entrever que la no declaración implicaba culpa, y en muchas notas de medios españoles se aclaraba que estaba en su derecho de no declarar, manteniendo su inocencia previa. El domingo, finalmente, la sensación de rareza quedó confirmada: el maquinista llegó detenido a los tribunales a declarar porque quería hacerlo ante el juez, aunque también estaba en su derecho de no hacerlo. Salió esposado, declaró durante una hora. Apenas hubo una filtración tenue, casi tímida, sobre una posible versión autoinculpatoria. Finalmente, según parece, se autoinculpó, cometió una torpeza, “un despiste” parece que dijo. Da lo mismo, el juez lo imputó, es decir, lo consideró sospechoso de haber cometido el delito por el que se lo acusaba: homicidio por imprudencia, algo semejante a lo que acá se llama homicidio culposo. Lo dejó libre, sin otra carga que la de entregar el pasaporte y su licencia de maquinista, y la obligación de presentarse todas las semanas ante el tribunal. ¿Por qué nadie, ni medios, ni políticos, ni familiares, ni la sociedad, reclamó la prisión preventiva o avanzar sobre un ministro o el presidente? ¿Será acaso que allá las vidas valen menos hasta para ellos mismos? ¿Por qué acá un homicidio culposo puede derivar en un reclamo de perpetua? ¿O un mal llamado accidente de tránsito o una tragedia masiva derivan en presión mediática y política sobre la Justicia y las Legislaturas, hasta que el Código Penal se transforma en una Biblia? ¿Por qué no se aguarda a que la Justicia investigue? Al mismo tiempo, ¿por qué la Justicia no investiga (lo que habilita un reclamo que empuja las leyes hacia la prisión efectiva)? En todo ese berenjenal, los medios y los periodistas tenemos una responsabilidad: informar no significa impulsar a dejar un solo artículo en el Código Penal, el 80, aclaro, el de la perpetua. Ni que lo excepcional, la prisión preventiva, se haya transformado en un pasamanos colectivo.