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Aceiteras y cerealeras pusieron el grito en el cielo. La razón: el supuesto “quebranto de 150 millones de dólares” que les provocará la pesificación de las deudas por la aplicación del factor de convergencia. Luego de las ganancias que lograron con la devaluación y de la triplicación de sus márgenes de beneficio, las firmas que concentran casi el 40 por ciento de las exportaciones argentinas pretenden que el Estado les reconozca en dólares lo que en su momento fue un estímulo exclusivo para las operaciones de comercio exterior, privilegio cambiario de que no disfrutó ningún otro sector de la economía.
El rechazo de los exportadores apeló una vez más a la muletilla de rigor cuando de defender privilegios empresarios se trata: la decisión del Gobierno “traerá más inseguridad jurídica”, dispararon. Las cerealeras y aceiteras ya habían recurrido al Poder Judicial para hacer valer la pretensión de cobrar en dólares. La semana pasada, fuentes sectoriales adelantaron a Página/12 la inminencia de un fallo judicial favorable. Sin embargo, el resultado judicial fue negativo, con lo que la vía jurídica estaba agotada.
Este lunes llegó el segundo baldazo de agua fría para el lobby exportador. Una resolución del Ministerio de Economía estableció la pesificación uno a uno de las deudas devengadas por la aplicación del estímulo cambiario establecido por Domingo Cavallo en junio de 2001, cuando intentaba las últimas gambetas a la sobrevaluación del peso convertible. Se trataba un tipo de cambio diferencial variable construido a partir del promedio de las cotizaciones del euro y el dólar, cuando el valor de la primera moneda era inferior al de la segunda. En algún momento llegó a representar un virtual reintegro del 7,5 por ciento sobre el valor de las exportaciones.
La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales no tardaron en hacer escuchar su indignación por la decisión de Economía. “Esta medida generará un quebranto para las empresas de 150 millones de dólares y vuelve a traer más inseguridad jurídica para las firmas y las entidades que financiaron las operatorias agroexportadoras”, advirtieron en un comunicado.
La resolución del Palacio de Hacienda establece que se pagarán 275 millones de pesos. Los importes inferiores a 100 mil pesos se abonarán en un solo pago a partir del 15 de agosto, los de entre 100 y 500 mil, también en un solo pago pero a partir del 15 de septiembre, mientras que los de más de medio millón en dos cuotas pagaderas en octubre y noviembre.
Sin embargo, los exportadores no están de acuerdo, pues de la pesificación pretendían recibir sólo los beneficios. Si bien triplicaron sus márgenes de beneficios y vieron pesificadas sus deudas en el mercado interno, demandan que el Estado, es decir el conjunto de la sociedad, les pague en moneda dura el estímulo exclusivo devengado en 2001. “El no pago de la deuda en su moneda de origen afecta directamente la esencia del comercio agrícola, con lo cual se atenta contra la provisión del crédito internacional en unas de las escasas actividades que cuenta con financiamiento externo”, aseguraron.