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Políticos y empresarios de medios siguen con atención las alternativas de la batalla legal que enfrenta a Tom Hicks, el texano titular del fondo de inversión HMT&F, y al ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta, antiguos socios en el CEI y Cablevisión. Un round decisivo se desarrolla a estas horas en la Sala IV de la Cámara del Crimen, donde los abogados de Hicks han elevado un pedido de recusación del juez interviniente, Ismael Muratorio, por “prejuzgamiento” y “parcialidad”. La respuesta del tribunal de alzada dará la medida del poder de que goza en la actualidad quien fuera estrella de las finanzas del menemismo. Hasta ahora –y al menos en primera instancia–, Moneta y sus letrados han logrado dos objetivos que según la ortodoxia procedimental parecían imposibles de alcanzar: el primero, que una denuncia por estafa iniciada en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal (un lugar de cierto exotismo para presentaciones de estas características) e ingresada por turno en el juzgado de instrucción de Juan José Mahdjoubian acabara acumulada por conexidad en el despacho de Muratorio, un magistrado que goza de las preferencias de Moneta; el segundo, que Muratorio, adjudicándole a Moneta el difuso derecho de solicitarlo, designara un interventor-informante para escudriñar los libros y papeles de Cablevisión. La tramitación de la causa puede considerarse ya a estas alturas una verdadera obra maestra de la ingeniería judicial.
En el juzgado de Muratorio se había tramitado una antigua causa por defraudación y agiotaje iniciada en 1999 por José Botbol, accionista del CEI, y que involucraba a la sociedad, o mejor, a sus directivos Richard Handley, Moneta y Hicks, entre otros. Muratorio se expidió entonces determinando que los hechos relatados por el denunciante no configuraban el delito de defraudación y declarándose incompetente para intervenir en la cuestión de agiotaje, por lo que giró las actuaciones a su colega Guillermo Tiscornia, del fuero penal económico. Moneta y sus abogados son viejos conocidos de Muratorio: directa de la comisaría llegó a su juzgado una denuncia por presunta extorsión que el banquero (en realidad, su abogado, socio y amigo Alberto Petracchi) había presentado contra Jorge Macchi, desarrollista del edificio de Madero 1, buque insignia de los negocios de Moneta. Macchi fue procesado cuatro veces por el persistente Muratorio y otras tantas la sentencia fue revocada por la Cámara que, en una de esas oportunidades, optó por anular lisa y llanamente el fallo.
El 15 de noviembre del año pasado Eduardo Pearson, yerno de Moneta y miembro del estudio de Alberto Petracchi, como cabeza de la empresa ELP Investements en la que también participaba su suegro, imputó a Hicks de administración fraudulenta. Como en el caso de Macchi, la vía fue la Policía Federal, pero a través de la División de Delitos Complejos. Hicks había administrado los fondos de República Holdings y tenía bajo su responsabilidad acciones de Telefónica de España SA que habían pertenecido a Moneta y se encontraban depositadas en el J. P. Morgan, en garantía por las deudas contraídas con un grupo de bancos.
El turno hizo recaer la denuncia de Pearson en el juzgado de Mahdjoubian, un juez que fue receptivo a los pedidos del menemismo y cuyo hábito de recibir causas iniciadas en comisaría (lo que da la posibilidad de “elegir” juez) lo tiene en la cuerda floja y provocó la exoneración de su secretario y amigo Daniel Mauro. Pese a su permeabilidad, Mahdjoubian se negó en varias oportunidades a exagerar la nota y dictar la medida cautelar que solicitaba el abogado de Moneta, con el fin de impedir que las acciones siguieran caucionadas. El 16 de diciembre, Mahd-joubian dijo que no por última vez y lo fundamentó en el hecho incontestable de que aún no estaba acreditada la verosimilitud de la denuncia. El código indica que las medidas cautelares se toman luego de llevarse a cabo las indagatorias o dictarse procesamientos. Y el juez lo siguió al pie de la letra.
El jueves 26 de diciembre de 2002, mientras en Buenos Aires los porteños se sacudían la resaca de Nochebuena y la atmósfera de receso inminente invadía los tribunales, en los juzgados de Mahdjoubian y de Muratorio se trabajaba intensamente. Alejandro Mitchell, abogado de Moneta, con alas en los pies corrió de un despacho a otro. Fue una sola y maratónica jornada en la que logró el milagro de la instantánea administración de justicia.
Una cronología apretada de lo sucedido ese día en el edificio de la calle Talcahuano da cuenta de la hazaña del abogado Mitchell:
- Denuncia ante Mahdjoubian la existencia de una causa anterior que involucraba también a Thomas Hicks como integrante del CEI y se encontraba en el juzgado de Muratorio, formulando un planteo de conexidad.
- Consigue que Mahdjoubian certifique la existencia de la causa y su posterior radicación en el fuero Penal Económico, acepte el planteo de conexidad y envíe la denuncia de Pearson al juzgado de Muratorio para que las dos causas sean acumuladas.
- Ingresa un escrito en el jugado de Muratorio apelando la incompetencia declarada por éste seis meses antes, le presenta la bendita medida de no innovar y obtiene que, en menos que canta un gallo, Muratorio lea los tres cuerpos de expediente y al día siguiente haga lugar a la medida. En los fundamentos, Muratorio, contradiciendo a Mahdjoubian, sostiene que accede a la solicitud por considerar probados los dichos del querellante (Pearson o, en realidad, su suegro, Moneta).
Semejante raid sólo podía ser frenado por la feria judicial. Pero el 7 de febrero Muratorio volvió a abocarse a la causa: admitió el planteo de conexidad y reclamó el expediente del que se había desprendido seis meses antes, al declararse incompetente. Perplejos e inquietos por la extraña dinámica de la causa, los abogados de Tom Hicks elevaron a la Sala IV de la Cámara del Crimen un pedido de recusación de Muratorio por “parcialidad” y “prejuzgamiento”. A esas alturas, Hicks, francamente asustado por el poder de su viejo socio y los insondables designios que emanan de ciertos juzgados de instrucción, dispuso que las reuniones de directorio de sus empresas argentinas se realizaran en Montevideo. Temía que Muratorio, sabiendo de su presencia en Buenos Aires, decidiera librar contra él una orden de captura.
La Sala IV de la Cámara, tribunal de alzada en la causa, también fue escenario de los heterodoxos métodos de Raúl Juan Pedro Moneta. Uno de sus integrantes, Alfredo Barbarosch, recibió un pedido de entrevista por parte de El Guardián, la revista cuya propiedad el ex banquero niega pero ataca a quienes considera sus enemigos, elogia a sus amigos, difunde sus gustos acriollados y la pintura de Molina Campos. Ante la negativa de Barbarosch, El Guardián le hizo llegar un cuestionario. Las preguntas y el tono dejaron perplejo al camarista, quien de inmediato formuló una denuncia penal contra la publicación ante el juzgado de instrucción 2, a cargo de Angel Cisneros.