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Un comisario, un oficial inspector y un agente de la comisaría 1ª de Villa Gesell fueron detenidos ayer tras una investigación de seis meses realizada por la Policía Judicial de la Procuración de la Suprema Corte bonaerense. El caso no tuvo un momento más apropiado para saltar a la luz: en medio del putsch contra los desarmaderos y el negocio de los autos robados. Según la investigación, en el playón de vehículos secuestrados de la comisaría sólo se registraba la quinta parte de los autos ingresados. La otra parte, según analizan los investigadores, pasaba a manos de interesados a cambio de algunos dinerillos, y uno que otro vehículo pasaba al inventario de uso particular y familiar del oficial inspector Aníbal Montenegro y del agente Rubén Villalobos, dos de los detenidos. El tercero, el comisario Luis Gómez, fue acusado de mirar para otro lado. Los tres fueron pasados a disponibilidad hasta que se aclaren los tantos.
La visita a Villa Gesell de los investigadores de la Procuración no tuvo nada que ver con el lanzamiento de la temporada turística invernal. La presencia pasó inadvertida y recién tomó estado público cuando los vecinos empezaron a ver que de la comisaría primera, ubicada en 105 entre 4 y 5, salían policías pero con las muñecas esposadas. Primero el agente Villalobos. Lo siguió el oficial inspector Montenegro. Y la sorpresa mayúscula fue cuando el mismísimo jefe, Luis Gómez, abandonó la seccional en las mismas condiciones. Los tres fueron conducidos a la fiscalía 2 de Dolores, a cargo de Miglio Salmo, donde quedaron detenidos.
“La investigación empezó hace varios meses –reveló a Página/12 una fuente de la Policía Judicial–. Se hicieron escuchas telefónicas, filmaciones. Se constató que del total de los autos secuestrados en procedimientos, solamente la quinta parte figuraba en los registros de la comisaría. El resto lo vendían o los tomaban para uso propio.”
La historia que concluyó en la detención de Gómez, Montenegro y Villalobos tiene orígenes diferentes según la versión de que se trate. En febrero de este año, durante la temporada veraniega, un grupo de policías de investigaciones secuestró una camioneta Daihatsu que utilizaba un ciudadano boliviano para hacer repartos. Según parece, la Daihatsu no tenía papeles y sus orígenes eran más que oscuros. La camioneta fue depositada en el playón de la primera. Y de allí desapareció a los pocos días. La encontraron de nuevo en manos del boliviano, quien argumentó que la necesitaba para trabajar y que había pagado cien pesos para que se la devolvieran.
Pocos días después, otra camioneta, una Fiorino, fue denunciada como secuestrada por su dueño. La Fiorino apareció, fue secuestrada y también depositada en el playón. Y, como la Daihatsu, también desapareció. En este caso, el dueño de la camioneta la vio circulando por las calles de Gesell y hasta llegó a filmarla. Un llamado anónimo a la fiscalía de Dolores desató la investigación que derivó en la intervención de la Policía Judicial y la posterior detención del comisario y sus dos subalternos. El trío no enfrenta la misma acusación. Montenegro y Villalobos fueron acusados de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público y están sospechados de las trapisondas con los vehículos y una serie de artículos del hogar rescatados de manos de ladrones y pasados a su inventario familiar. En cambio, el comisario Gómez fue acusado de falsificación de documento público y encubrimiento agravado. Según la hipótesis oficial, el fraguado en los registros y la desaparición del playón de la seccional no podría haber existido sin que Gómez se enterara.
Entre los vecinos circulan versiones diferentes. Nadie duda de la culpabilidad de los dos subalternos, pero cuando se trata de Gómez las aguas se dividen. Algunos lo acusan. Otros sostienen que quedó en el medio de una interna. “Nadie lo entiende. Gómez no era un tiburón ni un pez gordo. Vivía arriba de la comisaría y no tenía a la vista ningún lujo”, dijo el periodista José Ruiz, del Mensajero de la Costa. Gómez fuedesignado en Villa Gesell hace dos años. Y fuera de Gesell, para la opinión pública era un desconocido hasta el 7 de julio pasado, cuando cuatro asaltantes asesinaron al comerciante Ludovico Gherbi, de 70 años. En ese momento, alrededor de dos mil vecinos organizaron una pueblada que se concentró frente a la comisaría de Gómez.
“El año pasado hubo roces fuertes entre el comisario y el fiscal Salmo por un peruano que atropelló a dos chicas”, aseguraron a este diario desde diferentes sectores de la comunidad. El peruano fue liberado. Según los vecinos, Salmo culpó a Gómez y Gómez a Salmo.
Según otra versión, en el trasfondo se agitan las próximas elecciones. En Gesell no hay fiscalía, sino que depende de la cabecera judicial, en Dolores, a 200 kilómetros. Durante la pueblada pasada, la gente exigía el traslado de una fiscalía a la ciudad balnearia. Según esa versión, Dolores vive de ser cabecera judicial. “Nadie en Dolores quiere que las fiscalías se descentralicen –refirió un vecino–. Menos, el ministro de Justicia Alfredo Meckievi, que es candidato a intendente en Dolores.”
Esa versión sostiene que Gómez inició la investigación por la desaparición de la Daihatsu y pidió el desplazamiento de sus dos subalternos. También dice que la fiscalía hizo caso omiso y puso la lupa sobre la comisaría a partir de otra denuncia (de la Fiorino), en la que Gómez no sólo tomaba parte sino que también era uno de los investigados.
De todos modos, resulta difícil justificar que el comisario desconociera la sorprendente movilidad de los autos secuestrados en su propia comisaría. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, no tuvo dudas: el mismo día de las detenciones ordenó el pase a disponibilidad de los tres policías, hasta que el caso de los autos volátiles sea aclarado.