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Con el afán de contener un desborde inflacionario, Jorge Remes Lenicov estaría dispuesto a hacer generosas concesiones a las prestadoras de servicios públicos, a condición de que éstas le garanticen una tregua de precios de seis meses. Es, en esta emergencia, casi lo único que le interesa al agobiado ministro de Economía, a quien la estampida del dólar y su impacto sobre la canasta de bienes básicos desvela casi tanto como la renuente ayuda externa. Sólo desde mediados de año, el Gobierno prevé una discusión más a fondo con las concesionarias de servicios públicos, que permita desmenuzar uno a uno sus dispares negocios y reformular íntegramente los controvertidos contratos.
Según admiten en la Jefatura de Gabinete de Ministros, en treinta días comenzarían las negociaciones formales con las privatizadas para discutir el destino de sus tarifas, recientemente desvinculadas del dólar. El primer desafío oficial es, entonces, definir tras un impasse cómo se ajustará de ahora en más el precio del gas, la luz, el agua o el teléfono que, en el mejor de los casos, quedará sin modificaciones sólo por un corto período.
En la intimidad del Gobierno reconocen que una rediscusión integral de cada contrato de concesión es una tarea muy compleja, que sólo vale la pena encarar desde una mejor relación de fuerzas que permita al Gobierno exhibir grandes logros para los usuarios. Remes y el propio Eduardo Duhalde no están muy seguros de que esto pueda ocurrir ahora. Al mismo tiempo, les preocupa la fuerte ponderación que los servicios públicos tienen en el índice de precios al consumidor (alrededor de un 4 por ciento el teléfono y algo similar la suma de electricidad, gas y agua).
Ante esta realidad, Economía estaría dispuesta a aumentar los plazos de las concesiones o perdonar multas, según los casos, todo a condición de que las tarifas permanezcan congeladas la mayor parte del tiempo posible. Con similar ansiedad, las empresas esperan que se designen los interlocutores oficiales, con intención de resolver prioritariamente el inevitable aumento de la tarifa, pero también para otros puntos de su interés.
Edenor, por ejemplo, estaría dispuesta a prolongar algo más la estabilidad de sus precios, aunque a condición de que se flexibilicen ciertas pautas en la calidad de la prestación, incluida la condonación de penas por no haberlas cumplido. En la empresa hablan de un “período de transición”, no para mantener el precio del servicio, sino para ajustarlo según inflación, postergando la eventual revisión integral del contrato.
La devaluación del peso golpeó a la empresa que lidera Electricité de France, disminuyendo su rentabilidad del 5 por ciento anual sobre la inversión a sólo el 1 por ciento, utilidad que el operador considera muy modesta, en particular para un país de riesgo como la Argentina. A esto suma otros pesares, como una deuda con el exterior de 500 millones de dólares, alta proporción de sus costos ligados al valor del dólar y creciente recaudación con bonos.
Al igual que Edesur, esta distribuidora se maneja íntegramente con la caja de la compañía, en un momento en que la morosidad subió desde los seis días del año pasado a los diez que registra en la actualidad. Por primera vez desde que fue privatizado el servicio eléctrico, el consumo decreció, retrocediendo un 7 por ciento en enero, caída que en febrero promediaría el 11 por ciento para toda la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En este contexto, las empresas consideran inviable un hipotético gravamen, tal como nunca consideraron factible el congelamiento tarifario.
Si bien casi todas las privatizadas comparten el dolor de desdolarizar sus tarifas en plena devaluación, más morosidad y menor demanda, su negocio difiere mucho entre sí. A diferencia de otros servicios privatizados, las tarifas eléctricas que cobran Edenor y Edesur son relativamente bajas en dólares. Al interior del segmento, sin embargo, lasdistribuidoras tuvieron mejor fortuna que las generadoras, del mismo modo que en el gas los agraciados habrían sido los transportistas.
Todos tienen, sin embargo, algo para exigir a cambio del congelamiento tarifario. Por eso, mientras Remes sólo ansía contener precios, las empresas lo esperan para exigirle plazos de concesión mayores, inversiones más laxas u otras anheladas prerrogativas. Amén de ponerle fecha y magnitud a los próximos incrementos tarifarios.
No es el único brete que deberá superar el ministro de Economía. A instancias de los justicialistas, Diputados prepara un proyecto que garantice su intervención en la renegociación con las privatizadas, de modo tal que su opinión deba ser cumplida como una orden por el Ejecutivo.