A pedido de la AFIP, la Justicia realizó 41 allanamientos con el objetivo de desarticular una presunta maniobra de evasión por unos 250 millones de pesos en operaciones de cereales trianguladas a través de Uruguay. Una serie de firmas, investigadas por el organismo recaudatorio, emitían facturas a una empresa en el país vecino, que vendía por un monto superior al destino final en Africa y Asia. Sin embargo, la mercadería no pisaba nunca suelo uruguayo: el objetivo sólo era evadir impuestos al fisco nacional. La empresa Molino Cañuelas y la Compañía Argentina de Granos, del Grupo Navilli, un importante operador del sector agropecuario, junto con una veintena de exportadores en el norte del país, estarían vinculados a la maniobra.

La Aduana investigó operaciones de comercio exterior de una serie de exportadores de maíz ubicados en el norte del país en 2011 y 2012, que tuvieron por destino Bolivia y fundamentalmente Uruguay. La triangulación en sí misma no es ilegal, siempre que el recorrido de la mercadería sea el declarado y que el monto exportado desde el destino intermedio guarde una estrecha relación con la declaración de exportaciones que se realizó para salir de la Argentina. Un margen tolerable, dicen en el organismo, es del 10 por ciento, necesario para cubrir los gastos de comercialización. Sin embargo, los datos que Uruguay facilitó a raíz de los convenios de intercambio de información, vigentes desde hace poco, permitió a la AFIP detectar que la mercadería nunca pasó por el país vecino y que había inconsistencias en los valores de venta.

La maniobra tiene doble efecto negativo. Por un lado, ingresan en el país menos divisas de las que corresponderían. El diferencial en dólares entre el precio de venta desde la Argentina hasta Uruguay y el de salida hacia terceros países no ingresa en el mercado cambiario local. Es una fuga encubierta, que toma una dimensión relevante dada la prohibición para adquirir dólares para atesoramiento que rige desde el año pasado. Esa regulación abrió una brecha entre el dólar oficial y el ilegal que en la actualidad roza el 70 por ciento, tentadora para instrumentar mecanismos de evasión. Por otro lado, la subfacturación impacta en la declaración del Impuesto a las Ganancias, porque supone un ingreso fiscal disminuido. En cambio, explican en el organismo recaudador, el monto liquidado en concepto de retenciones es correcto, en la medida en que se realiza en función del precio oficial que rige en el mercado de origen.

La operatoria investigada comenzaba con la exportación declarada por parte de 24 operadores en el norte del país. Según la AFIP, son personas jurídicas sin sustento económico para soportar el volumen de ventas declarado, adquirido a la Compañía Argentina de Granos. Esa firma tiene una extensa red comercial de 93 sucursales y 45 plantas de acopio y depósito. Su sede central está en Río Cuarto, Córdoba, y es propiedad de la familia Navilli, que tiene un grupo económico integrado verticalmente. El Grupo Navilli tiene producción agropecuaria, acopio y distribución en la Compañía Argentina de Granos, molienda en Molino Cañuelas y la logística de exportación con la Terminal Las Palmas.

Molino Cañuelas es controlante de Molinos Americanos, la empresa uruguaya que supuestamente recibía el maíz de los exportadores. Esa vinculación fue un factor relevante en la investigación. Luego vendía por un valor superior a Arabia Saudita, Argelia, Corea, Egipto, Indonesia, Kuwait, Malasia, Mali, Marruecos, Omán, Yemen, Senegal y Taiwán. La diferencia suma una evasión que la AFIP calcula en 250 millones de pesos.

El Juzgado Federal Nº 4 realizó allanamientos en Rosario, ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salvador Mazza, Tartagal, Salta, Santa Fe, San Lorenzo y Rosario, donde participaron más de 200 agentes. Además de la triangulación para subfacturar exportaciones, las empresas no liquidaron en los plazos establecidos los dólares de las ventas declaradas. También se detectó irregularidades en las Cartas de Porte utilizadas para transportar los granos.