Organizaciones de mujeres realizaron ayer un escrache frente al Hospital Fernández para repudiar la decisión de la médica que denunció penalmente a una joven que fue a la guardia con un aborto en curso, y terminó presa en una celda de la comisaría 53ª de la Policía Federal, cuando todavía tenía pérdidas. Además, exigieron al gobierno porteño capacitación del personal sanitario para la atención de esos casos, a fin de que no se repitan situaciones similares, y al mismo tiempo reclamaron al Congreso la despenalización del aborto. La diputada porteña María Rachid denunció en la Justicia a las médicas que atendieron a la mujer y a las autoridades del Fernández por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, lesiones y tortura” y por “contrariar la ley de violencia contra las mujeres” (ver aparte).

Los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiñeron la manifestación convocada a partir de las 13 frente al hospital, en Barrio Norte. Más de un centenar de mujeres entonaban cánticos con reivindicaciones feministas: “Si el Papa fuera mujer el aborto sería ley...” y “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, entre otras. Distintas voces se escucharon a través de un micrófono abierto. Las intervenciones coincidían en que el nudo del problema tiene que ver con la criminalización del aborto. Participaron activistas de izquierda de Las Rojas, Pan y Rosas, PO, de Insurrectas, de las Bartolinas, Varones Antipatriarcales, diversas colectivas feministas, de la Secretaría de Género y Cultura de la FUA y de otras entidades que conforman la Campaña.

“Yo aborté en la clandestinidad de una camilla de una clínica trucha. Cuando estaba ahí, dos cosas me daban miedo: primero morirme o enfermarme y después ir presa. Dos miedos que son consecuencia directa de la ilegalidad del aborto en nuestro país. Dos miedos que, en mi caso, sólo fueron imaginarios. Pero estos dos miedos se hicieron realidad para esta compañera violentada diversas veces por ser mujer y por decidir sobre su cuerpo”, contó a Página/12 una de las manifestantes, Carolina Reynoso, en referencia al caso que fue revelado por este diario. Reynoso es directora del film documental Yo aborto, tú abortas. Todxs callamos, que se exhibe actualmente en el Espacio Incaa-Cine Gaumont. “Primero el Estado violó sus derechos al empujarla hacia la clandestinidad por no legalizar el aborto como una práctica médica encuadrada en la justicia social, la salud pública y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Luego la violentó el personal de salud al no cumplir con su juramento como médicos de asistir y cuidar la salud de sus pacientes, ya que le dieron el alta cuando aún estaba con pérdidas para que la llevaran presa, al violar el secreto médico con su denuncia nefasta e ilegal, al violar su intimidad. Luego el Estado a través de sus instituciones policiales y judiciales volvió a pisotear sus derechos al detener a la joven y no tener en cuenta el fallo de la Corte Suprema que es claro sobre este tema”, agregó la integrante de las Bartolinas.

Un día antes, el miércoles al atardecer, la Brigada Contra la Violencia Machista, una agrupación con referentes en todas las provincias del país, que se formó como brazo territorial del grupo de Facebook A la Violencia de Género le decimos Basta, realizó una pegatina en el Fernández y sus alrededores para protestar por la denuncia penal de la paciente. “La denuncia incurre en violencia obstétrica y muestra tanto la indiferencia ante las prescripciones de la Ley de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres como la impunidad de la que creen gozar los profesionales de la salud al desoír el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema”, señaló Perla Prigoshin, integrante de la Brigada y coordinadora de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig), creada en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Tal como informó Página/12, la causa penal iniciada contra la paciente terminó con la declaración de nulidad de todo lo actuado y con su sobreseimiento, “por haber tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”. En este sentido, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, Luis Alberto Zelaya, consideró que el secreto médico exige a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad sobre la información obtenida a través del vínculo profesional con su paciente. Además agregó que el inicio de actuaciones policiales sobre la base de la denuncia presentada por los médicos tratantes también vulnera el derecho constitucional a la no autoincriminación. El fallo fue firmado el 16 de agosto, pero recién trascendió en estos días. La Defensoría General de la Nación, que asistió a la joven, emitió un dictamen sobre el caso y concluyó que ese sobreseimiento “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.