El Gobierno anunciará mañana la puesta en marcha del acuerdo de precios con proveedores de artículos de consumo masivo y supermercados. Serán entre 175 y 200 productos de primeras y segundas marcas cuyos precios se van a unificar en los comercios que participen del acuerdo: primero serán las grandes cadenas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, luego los comercios regionales y se sumarían los súper chinos, quienes ofrecerían una versión reducida de la lista. El acuerdo rige todo el año y tendrá revisiones trimestrales. Los precios no serán especialmente bajos, sino que estarán en línea con los valores actuales que se ven en las góndolas. Con resultados dispares, bajo democracia y dictadura, en contextos de crecimiento y recesivos, hay varios antecedentes de acuerdos de precios.

El acuerdo pretende, según el Gobierno, ordenar el universo de precios de productos de primera necesidad. También procura contener un escenario de mayor presión en los precios, en primer lugar por el fuerte aumento en el ritmo de depreciación del peso, que encarece insumos y bienes finales importados y alimentos exportables que se venden a nivel local.

El primer acuerdo de precios data del segundo gobierno peronista. Con sólido apoyo sindical, Perón encaró la crisis económica de principios de los ’50 con un acuerdo de precios y salarios que ató los incrementos salariales a la productividad y los precios a los costos. Permitió que la reactivación viniera al compás de una baja de la inflación desde el 38 al 4 por ciento entre 1952 a 1954. Perón volvió a instrumentar un acuerdo en su tercer gobierno que contuvo la inflación, aunque luego se disparó en 1975 a partir de una brutal devaluación en un contexto político explosivo.

Dos antecedentes más recientes tuvieron lugar en el gobierno de Alfonsín, en el Plan Austral y el Primavera. Los resultados fueron desastrosos, en una economía quebrada por el elevado endeudamiento heredado y los bajos precios internacionales. Y no sólo gobiernos populares aplicaron esta medida. En 1967, Adalbert Krieger Vasena, ministro de Economía del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y en 1976 José Martínez de Hoz, ministro de la dictadura de Jorge Rafael Videla, utilizaron controles. Fueron dos casos de deterioro planificado de los salarios, combatido por el Cordobazo y aplicado bajo el terrorismo de Estado, aunque sin éxito en términos inflacionarios, respectivamente.

El kirchnerismo utiliza un esquema de autorizaciones de aumentos de precios de productos de consumo masivo por parte de Comercio Interior desde 2006, cuando comenzó la gestión del ex secretario Guillermo Moreno. Además, aplicó un congelamiento total en la primera parte del año pasado, con un resultado aceptable según varias mediciones de precios alternativas al Indec y otro reducido a 500 productos que al final quedó totalmente desdibujado. Desde mañana arranca otro acuerdo de algo menos de 200 productos con lista de precios única. En todos los casos, se trata de medidas que procuran administrar la inflación, pero que no tienen el alcance en sí mismas para reducirla en forma visible y sostenida.

La biblioteca, como casi siempre, se divide en materia de control de precios. La ortodoxia dice que es ineficiente porque inhibe el mecanismo de oferta y demanda y no ataca al exceso de emisión monetaria, que advierte como la única causa de la inflación en todo tiempo y lugar. En cambio, John Kenneth Galbraith, economista y ex funcionario norteamericano, escribió Una teoría sobre control de precios, donde plantea que la política keynesiana expansiva debe ir acompañada por un control de precios que evite que la inflación se acelere y afecte la distribución del ingreso.

El historiador de la economía Mario Rapoport dice que la vigencia de los acuerdos tiene que ver con el punto de partida: “Una inflación del 400 o del 1000 por ciento no es lo mismo que una del 20 o 25 por ciento”. Agrega que el crecimiento, la inversión, la situación fiscal, la balanza comercial, la concentración económica, la política monetaria y fiscal, el endeudamiento y las condiciones externas pueden explicar si los acuerdos funcionan o no. Una variable central es el poder político del Gobierno para disciplinar a los actores económicos.