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Pese a tratarse del tema que en mayor medida podría condicionar la política oficial en los próximos años, las premisas bajo las cuales el Gobierno encarará las negociaciones con el Fondo Monetario no han merecido un debate profundo. Sin embargo, a izquierda y derecha de la línea de negociación de Roberto Lavagna se elevan posturas polémicas. Martín Hourest, economista del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, señaló a Página/12 que la falta de definiciones sobre diversas cuestiones de política económica, que aún el Gobierno no termina de abordar, “hacen desaconsejable un acuerdo que incluya reformas estructurales”. En cambio, Rogelio Frigerio, ex secretario de Programación Económica del gobierno de Carlos Menem, sostuvo precisamente que la postergación de estas reformas estructurales, “de común acuerdo entre el Fondo y el Gobierno”, impedirá que la actual recuperación económica se transforme en “un proceso de crecimiento sostenido”.
¿Es conveniente una negociación con el Fondo en los términos en que fueron planteados por el Gobierno?, interrogó este diario a ambos economistas.
Hourest: “En realidad, no está claro lo que se está haciendo. Sabemos lo que dicen algunos responsables, pero no lo que se hace o se va a hacer. Hay temas clave aún sin definir, como el nivel de superávit fiscal, la relación entre Nación y provincias, el criterio de compensación a los bancos, los contratos de los servicios privatizados, que si el Gobierno no los puede abordar a corto plazo es totalmente desaconsejable un acuerdo que comprometa reformas estructurales”.
Frigerio: “La negociación está centrada en los aspectos cuantitativos, las metas a cumplir, dejando de lado los aspectos cualitativos, que son los más difíciles en términos políticos. Hay una suerte de acuerdo en común para postergar las reformas estructurales y ahí creo que hay una contradicción. Porque si bien los números vienen bien y hay un clima favorable a creer que se van a poder seguir cumpliendo las metas, son esas reformas las que van a permitir recuperar el terreno perdido desde 1998 y pasar a dar señales de previsibilidad y fortalecimiento institucional que permitan, a su vez, conseguir los dos elementos indispensables para un crecimiento sostenido; la inversión y el ahorro”.
El enfoque de uno y otro también difiere en materia de cuál es el rol del Fondo, específicamente, con relación a la inmediata negociación de la deuda pública con los acreedores privados.
Hourest: “El Gobierno sigue sin plantear la impertinencia del FMI al entrometerse en cuestiones domésticas que el propio convenio de su creación le prohíbe. La función del FMI, el objetivo para el cual fue creado, es ayudar a la reestructuración del sistema de pagos internacionales. Sin embargo, en el caso argentino encara la negociación de su propia deuda antes de que haya siquiera un perfil de la oferta que hará el país a los acreedores privados. ¿Tiene sentido un acuerdo con el FMI sin haber iniciado la negociación con los privados?”.
Frigerio: “Lo fundamental del acuerdo con el Fondo es crear las condiciones para sentarse a negociar la deuda global. El FMI cumple el papel de auditor, en este sentido. Por eso es indispensable que el acuerdo se obtenga cuanto antes. Y si es a más largo plazo, mejor. Ya dejamos pasar mucho tiempo; no hay antecedentes de un default tan largo, es decir, que se haya dejado pasar tanto tiempo sin empezar la negociación”.
Tal cual lo describe Rogelio Frigerio, la conducción económica encara la pulseada con el FMI tratando de evitar la discusión sobre temas políticamente sensibles. Para ello gestiona el respaldo político de Washington a un acuerdo que sólo contemple compromisos en materia de metas cuantitativas. Limitado así el campo de negociación, el punto más ríspido sería la proporción de ingresos fiscales que el Gobierno deberá destinar al pago de la deuda, distrayéndolo de otros gastos. Sin renegar de las remanidas “reformas estructurales”, Lavagna sigue logrando –tal como lohizo durante su gestión junto a Eduardo Duhalde– patear para adelante esa pesada carga.
Según recordó Hourest, “la Argentina tiene hoy el nivel de deuda pública en negociación más alta del mundo: el doble de la deuda de Rusia, tiene el default más extendido y, en muchos sentidos, es un caso testigo para el mundo. No sé si es lógico entrar en la negociación de la mano del Fondo; sólo por el cumplimiento de los requerimientos de los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial y BID), que no admiten quitas de capital ni reducción de intereses, se consumen 6 mil millones de pesos, la mitad del superávit primario actual”.
Frigerio, en cambio, consideró que la Argentina necesita realizar las reformas estructurales (sistema financiero, sistema impositivo, coparticipación federal y relación Nación-provincias, etc.) “no por los requerimientos del Fondo sino por una necesidad propia de recrear las condiciones para el crecimiento”. Aunque cree que hay un acuerdo implícito con el organismo para postergar hasta después del 2004 esas transformaciones, advierte que “sin hacer las reformas, la recuperación tiene un techo con el que se encontrará el año que viene, porque aunque hay capacidad ociosa para expandir la producción, también hay que computar la desinversión de los últimos cuatro años”.
Mientras el ex funcionario del gabinete de Roque Fernández destaca el rol de auditor del FMI, Hourest le critica que se arrogue la función de “monitorear las reservas, orientando el nivel que deben tener y, por lo tanto, condicionando la capacidad de negociación del país”. Finalmente, su pronóstico no es más alentador que el de Frigerio, aunque por distintas razones: “No puede plantearse la reinserción en el sistema financiero internacional sin un modelo de acumulación y distribución porque, tal como está planteada la negociación hoy, la consecuencia va a ser un aumento de la crisis social”.