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María Julia Alsogaray está más cerca que nunca de tener que abandonar su petit hotel de la Recoleta para ser trasladada a una celda. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral se tomará el fin de semana para terminar de analizar un expediente en el que la ex funcionaria está acusada de haber pagado sobreprecios espectaculares en refacciones al edificio donde funcionaba la Secretaría de Recursos Naturales, favorecer a sus amigos en contrataciones directas y hacer donaciones ilegales. En esa causa, que se originó por una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), están en juego delitos no excarcelables. Funcionarios policiales y judiciales confirmaron a Página/12 que uno de los lugares con más chances para albergar a la ingeniera es la prisión del edificio donde funcionan la Policía Montada y la Unidad Antiterrorista, en Palermo.
La investigación que hizo la OA, que conduce Manuel Garrido, concluyó en diciembre de 2000 que, en su gestión como secretaria ambiental, Alsogaray actuó como líder de una asociación ilícita que orquestaba y repetía maniobras que perjudicaron a las arcas del Estado. También le imputó los delitos de negociaciones incompatibles con su función y administración fraudulenta. Canicoba Corral tiene prácticamente decidido que la procesará en los primeros días de la semana, según informaron allegados al juzgado, pero aún no determinó cuáles serán las figuras que aplicará. Incluso analiza una que el organismo denunciante no planteó, que es la de peculado (una forma de malversación de fondos), que tiene penas de hasta 10 años de cárcel.
Tanto si aplica asociación ilícita –el delito que llevó a Carlos Menem tras las rejas– como si determina peculado, el juez puede dictar la prisión preventiva de María Julia. Además, su enorme prontuario, con más de una decena de causas penales en trámite, varios procesamientos y un juicio oral pronto a empezar por un enriquecimiento ilícito de más de 2 millones de dólares, agravan sus posibilidades de perder la libertad, según explican en los tribunales de Retiro. Este último caso sería tenido especialmente en cuenta por el juzgado, según pudo saber este diario.
La medida judicial afectaría también, aunque no necesariamente con arresto, a por lo menos cuatro personas que acompañaban a la mujer en sus andanzas: la ex secretaria de coordinación, Mabel Behal, su esposo Oscar Banchio, Santiago Bignoli, un amigo de Alsogaray de la niñez que manejó la mayoría de las obras públicas, y su padre Arturo Bignoli, nombrado sin concurso para manejar seis obras. La OA, en su momento, señaló que durante la gestión de Alsogaray en Recursos Naturales un “reducido grupo” de gente de su confianza ocupaba “los cargos de decisión” y “gestionaba los recursos”.
Entre las pruebas más importantes con que cuenta la Justicia en la causa que puede sellar la suerte de la ex polifucionaria, aparecen cinco casos paradigmáticos en los que se repiten contrataciones directas (sin licitación), omisión de concursos de precios testigo, utilización de facturas por montos altos que no especificaban bienes o servicios adquiridos, donaciones extrañas, pagos de servicios no prestados y adjudicación de contratos siempre a las mismas firmas, entre otras cosas.
- Prodia. En la construcción de oficinas para el llamado Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia) pagó sobreprecios de hasta 444 por ciento a empresas amigas y contrató sin concurso, con la excusa de necesitar gente especializada, a personas con las que mantenía vínculos personales y a quienes les asignó tareas sencillas que demandaban ningún conocimiento específico. Las reformas edilicias terminaron costando más de dos millones de dólares. En este caso habría documentación falsificada.
- Contratos millonarios. Se conformó un comité de control de las obligaciones del concesionario del Area Cataratas, cuyos honorarios ascendían a 20 millones de dólares, que debía pagar la concesionaria o, ante el incumplimiento, Parques Nacionales. El financiamiento de eseórgano, según los investigadores, redujo la recaudación para el Estado. Era, agregan, una repartición sin sentido sus dictámenes no eran vinculantes y porque nunca ejerció funciones de control.
- Más refacciones. Por tareas de mantenimiento de la sede de Recursos Naturales, se pagaron sobreprecios de hasta 118 por ciento.
- Una conferencia carísima. Alsogaray fue la encargada de organizar la Cuarta Conferencia de Cambio Climático, conocida como COP 4, para la cual volvió a contratar a sus amigos. En el proyecto presentado ante el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) el gasto previsto para el Estado argentino era de 4.018.807 de dólares, pero terminó totalizando 12.763.709. Los investigadores calculan que se pagaron sobreprecios récord de hasta 6.250 por ciento.
- Donaciones sospechosas. María Julia le regaló una flota de autos a la Fundación Capacitando de la ex diputada justicialista Norma Godoy.
Uno de los mecanismos que, según la pesquisa, permitió a la gestión de Alsogaray manejar el dinero a su antojo, fue la firma de un contrato de fideicomiso entre la Secretaría de Recursos Naturales y el Banco Ciudad. En esa entidad se abrió una cuenta que permitía al organismo manejar el dinero público –proveniente del Tesoro Nacional– de manera paralela, convirtiéndolo en extra-presupuestario. De ahí salía la plata con que la ex funcionaria hacía los pagos supuestamente irregulares. Según la OA, ese fideicomiso que habría permitido evadir los controles, se usaron “excedentes de partidas presupuestarias” y se realizaron “40 transferencias sin control alguno”. El informe de Anticorrupción aclaraba que nada de eso hubiera sido posible “si el Ministerio de Economía hubiera reclamado al final de cada año calendario, el reintegro de los fondos no ejecutados”.
Todo este manejo de fondos que estaban a cargo de la ingeniera es lo que podría hacer inclinar a Canicoba Corral por hacer uso de la figura de peculado. Además, en general los jueces federales están reticentes a aplicar asociación ilícita después de que la Corte Suprema se despachó con retos por el abuso de esa acusación cuando liberó a Menem.
Todavía no hay certeza de dónde podría quedar detenida ex interventora de Entel y Somisa. La cárcel de mujeres de Ezeiza aparentemente fue evaluada como un lugar demasiado peligroso. El miércoles, por ejemplo, apareció una mujer ahorcada. Otros sitios como la Gendarmería o Campo de Mayo, no tienen lugar para damas. Según fuentes policiales, ya se estaría preparando un espacio en la sede de Investigaciones Complejas de la Unidad Antiterrorista y de la Policía Montada, en Libertador y Casares. Allí las celdas están en el primer piso, pobladas por policías presos, personajes ligados al terrorismo y otros como el ex concejal porteño Eliseo Roselló. Cada una es una habitación con una reja cubierta por chapa (sin vista al pasillo), una cama, una mesa de luz y un placard. En el pabellón hay un baño para hombres y uno para mujeres. Los presos comen todos juntos, en una sala con televisión. Al playón pueden salir dos veces al día.