El ex gobernador de Misiones Ramón Puerta será demandado penalmente por el delito de trata de persona (trata laboral) luego de que el Renatea encontrara a 32 peones rurales en condiciones infrahumanas en uno de sus campos, la Estancia I Pora, ubicada en el Departamento Garupa, Misiones. Otros 24 peones que trabajan en el mismo establecimiento, pero no vivían ahí, tampoco estaban registrados. Puerta utilizó la figura de los contratistas para conseguir peones rurales, pero según la nueva ley de trabajo agrario, el principal responsable por la situación de los trabajadores es el dueño de la estancia. Esta normativa fue sancionada en diciembre de 2011 cuando Puerta todavía era diputado nacional, aunque estuvo ausente a la hora de votar. El escenario encontrado por los inspectores del Renatea y otras autoridades de la provincia era desolador: carpas que se venían abajo, colchones llenos de bichos, comida en mal estado y sin agua potable para beber. La denuncia fue realizada por uno de los trabajadores explotados, Ramón Piñeiro, quien también acusó al gremio de la Uatre por la desprotección.

Además de su carrera política, Ramón Puerta es un importante empresario yerbatero. Según los registros oficiales a los que accedió Página/12, posee al menos cuatro estancias: Yohasa (1480 hectáreas) y Yerbal el 17 (110 hectáreas), ubicadas en Corrientes, y Chacra Cruce Pinal (46 hectáreas) y Estancia I Pora (1004 hectáreas), en Misiones.

La Ley 26.727 modificó los mecanismos de contratación para los peones rurales, otorgándoles mayores derechos a los trabajadores y más obligaciones a los empresarios. El argumento para estos cambios fue que eran mecanismos de contratación que terminaban avalando situaciones de extrema precariedad, rozando lo inhumano. Sin embargo, los empresarios continúan recurriendo a estas prácticas ante el desconocimiento de los propios peones. Pero en esta oportunidad, Puerta fue denunciado por uno de los trabajadores explotados, Ramón Piñeiro, quien habló con Página/12.

“Estuve tarefeando una semana en el campo de Puerta pero me fui por las condiciones en las que estábamos. Te llevaban al yerbal y te tiraban ahí, en carpas, sin agua. Era imposible trabajar, era muy poco lo que te pagaban, había menores que trabajaban como cualquier obrero. Algunos creen que terminó la esclavitud, pero no es así”, denunció Piñeiro.

La inspección en el campo I Pora arrojó que en el lugar había tres cuadrillas con trabajadores precarizados y bajo condiciones de vida paupérrimas. Una de esas era manejada por Héctor Luis Díaz, donde fueron hallados 19 trabajadores, de los cuales 17 no estaban registrados. El acta labrada luego de la inspección no dejó lugar a dudas de la situación de los peones: vivían en carpas de lonas negras, sin agua, sin sanitarios, ni elementos de seguridad correspondientes a su labor. Había más de 20 carpas, por lo que las autoridades asumen que habría más trabajadores en esa situación que prefirieron ocultarse tras el operativo. Uno de los trabajadores era un menor de 14 años.

“Nos teníamos que llevar nuestra propia comida, teníamos carne en mal estado y algunos compañeros están infectados por picaduras de bichos. Muchas veces trabajé en ese establecimiento y no ha cambiado nada. Muchos sí cambiaron, pero el de Puerta sigue igual”, afirmó Piñeiro.

La segunda cuadrilla estaba manejada por Domingo Castillo. En este caso se encontraron 15 peones en una situación paupérrima. Luego de la fiscalización, los trabajadores solicitaron ser rescatados de ese lugar. Habían sido llevados con la promesa de salir los fines de semana, condición que no se cumplió. Y la tercera cuadrilla, manejada por Raúl Rivas, contaba con 27 peones precarizados.

Puerta está de viaje por Sudáfrica y no atendió el llamado de Página/12, aunque sí realizó declaraciones al sitio Misiones on line, donde aseveró que no tiene trabajadores informales en la Estancia I Pora. Con esas palabras, Puerta buscó desligarse de cualquier responsabilidad sobre los trabajadores precarizados. Según la Ley 26.727, en su artículo 12 se establecen las pautas para las subcontrataciones.

“Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, para la realización de dichas actividades, deberán exigir de aquéllos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y de las obligaciones derivadas de los sistemas de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado”, puede leerse en la normativa.

“Cuando se contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal”, agrega la misma normativa. En el momento de su sanción, Puerta era diputado, pero estuvo ausente a la hora de votar.

Como la responsabilidad recae sobre el dueño del campo, la denuncia penal por trata laboral y trabajo infantil será formalizada hoy contra Ramón Puerta, actual aliado político de Sergio Massa.

“Nos pagaban menos de lo que nos habían prometido. Encima, nos hacían el descuento del sindicato (Uatre), del 2 por ciento. El sindicato (conducido por Gerónimo ‘Momo’ Venegas) nunca hizo nada por los tareferos. Nosotros queremos que los empresarios capitalistas como Puerta hagan valer el derecho de los trabajadores”, concluyó Piñeiro.

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