La convocatoria es amplia, abarca a las distintas cámaras empresarias que nuclean a firmas involucradas en la producción, procesamiento y comercialización de granos, y está enmarcada en los diferentes encuentros que viene realizando el Gobierno con las principales cadenas de valor. Sin embargo, el interés político y económico en torno de la reunión que tendrá lugar esta mañana en despachos oficiales estará centrado en la respuesta que puedan dar las exportadoras cerealeras al reclamo que el gobierno nacional ha hecho público a través de sus principales autoridades: que liquiden las exportaciones pendientes de la última campaña, que sumarían unos 3500 millones de dólares no ingresados al país. Desde diversos sectores, crece la presión sobre la necesidad de crear una agencia estatal que controle la comercialización de granos.

Las autoridades del gobierno nacional se encontrarán hoy, cara a cara, con una representación de las principales firmas exportadoras de cereales. Jorge Capitanich y Axel Kicillof encabezarán el encuentro. Del lado empresario, hasta anoche no se había confirmado quiénes participarán, aunque se espera que la cámara de exportadores de cereales ocupe varias sillas reservadas a los visitantes.

Seis empresas que concentran en sus manos tres cuartas partes de las ventas al exterior de la cosecha de cereales y oleaginosas y que, en las últimas semanas, mantienen en vilo a toda la economía nacional por su reticencia a liquidar el resultado de las exportaciones pendientes de la última campaña. Cargill, Nidera, Bunge, Noble Grain, ADM y Topfer no son nombres corrientes en las noticias políticas ni en los debates económicos que suelen reflejarse en los medios masivos. Sin embargo, estas cerealeras multinacionales representan uno de los grupos de presión más firmes en contra de las políticas económicas oficiales. La postura de este núcleo exportador –que controla, además, el conjunto más nutrido de firmas acopiadoras y gran parte del negocio de procesamiento de harinas y oleaginosas– es expresada habitualmente a través de los integrantes de la Mesa de Enlace, entidades agropecuarias cuyo alineamiento tiende a estar más cerca de estos grupos concentrados que de la mayoría de los productores del país.

La capacidad de presión de estos grupos exportadores, asociados a las empresas que dominan las extensiones cerealeras más ricas del país, se puso de manifiesto en las últimas semanas a través del impacto que causó, en el mercado de divisas, el retraso en la liquidación de las ventas de la anterior cosecha. Al demorar el ingreso de divisas, se resiente la oferta de dólares y ello fortalece las presiones a favor de una devaluación. La política de aceleración de las correcciones cambiarias de las últimas semanas de 2013, dispuestas por el Gobierno, no resultaron suficientes para persuadir a los exportadores a liquidar las divisas. Finalmente, se esperaba que tras la devaluación que llevó la paridad a 8 pesos hubiera una respuesta más favorable del sector exportador, que hasta el viernes no ocurrió.

Según la estimación del Ministerio de Agricultura, quedan de la anterior cosecha ocho millones de toneladas de soja sin liquidar. “Esto equivale a 3500 millones de dólares que podrían ingresar al país”, detalló Carlos Casamiquela en diálogo con Página/12. El ministro recordó que hacia enero del año pasado ya se había liquidado el 97 por ciento de la cosecha, mientras que este año la proporción no llega al 83 por ciento.

En tanto, ayer se sumaron las voces de varios dirigentes agrarios, opuestos a la línea de la Mesa de Enlace, al reclamo de la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos. Esteban Motta, del Movimiento de Jóvenes Agrarios, y Pedro Peretti, de la Agrupación Grito de Alcorta, ambos enrolados en la Federación Agraria pero con posturas distanciadas de Eduardo Buzzi, señalaron la necesidad de tener un organismo público que combata las prácticas monopólicas e integre a los pequeños productores y a las entidades cooperativas en su organización.