Lunes, 10 de febrero de 2014 | Hoy
ECONOMíA › TEMAS DE DEBATE LOS EFECTOS DE UNA HISTóRICA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DESEQUILIBRADA
Producción: Tomás Lukin
Por Norberto E. Crovetto *
La formación de la economía argentina desde nuestra independencia se hizo al calor del mercado global armado por Inglaterra. Esa primera globalización nos ubica, por la extraordinaria productividad del campo, como proveedores de carne y granos. La provisión de materias primas y alimentos baratos es crucial para el desarrollo industrial de los países centrales. Producimos más barato las carnes y los granos que en los países centrales, luego resulta más barato intercambiarlas por manufacturas importadas que producirlas internamente. Se impone políticamente una organización económica cuyas señales ordenan la economía en base a los principios de las ventajas comparativas, siendo nuestro rol el ser “granero del mundo”. Las señales de mercado son instituidas orientando la actividad económica en cumplimiento de la división internacional del trabajo.
Desafortunadamente, la economía no suele mantener en el tiempo su equilibrio y las señales del mercado pierden fuerza en su carácter primordial de orientación y coordinación; producto de las crisis y guerras mundiales el país se industrializa. Una vez resueltos los desequilibrios y reencauzada la actividad económica mundial y bajo un nuevo dominio político (el ascenso de EE.UU. en lugar de la Gran Bretaña), se reordenan los mercados y sus señales. Nuevamente se impone el rol de ser el “granero del mundo”, pero ahora en conflicto con el proceso de industrialización, generándose una economía que Diamand ha denominado Estructura Productiva Desequilibrada (EPD), por la cual coexisten productividades relativas entre los sectores industrial y primario diferentes de las internacionales. La mejor productividad del campo que la internacional resulta en un producto industrial relativamente más caro que el de nivel internacional. O de otra manera, gracias a un costo menor en los países centrales del producto industrial dado por la importación de alimentos, aquél resulta relativamente más barato que el producido en nuestras tierras.
Estas han sido, en apretada síntesis, las causas de los ciclos y estancamiento de la economía argentina. Las recurrentes crisis del sector externo (devaluaciones y fuga de capitales) son su manifestación más visible, que, como el iceberg, tiene una cara oculta en la construcción histórica de un tipo de estructura productiva particular (EPD), y que se comparte con los países de herencia colonial con pocas excepciones. Gran parte del endeudamiento externo, hoy sustancialmente resuelto, tuvo su origen en ese mecanismo. En el contexto actual, volver a endeudarse con libertad absoluta del egreso de divisas es aumentar los niveles de “fuga de capitales”.
Se pueden aplicar políticas desde la demanda, pero ellas encuentran un límite en la creciente importación sin su correlato en las exportaciones industriales. La mejora en la distribución del ingreso con señales de mercado “viejas” conduce al callejón de la crisis del sector externo. El problema central de la restricción externa se dramatiza en la inflación y puja distributiva; tampoco se resuelve sin conducir las señales de mercado en la dirección deseada. La construcción del mercado tuvo que ser planificada (Polanyi).
Si se observa la evolución histórica de muchos de los países industrializados, de los viejos (Alemania, Italia) y de los nuevos (los asiáticos) se rescata el hecho de que todos han provocado cambios modificando desde la política los mercados y sus señales, de modo que se orienten y coordinen en la dirección de resolver y remover los obstáculos para el desarrollo.
¿Cuáles son las condiciones para modificar las señales de mercado a favor de un crecimiento industrial e inclusivo? En primer lugar la fortaleza macroeconómica, cuya piedra angular es el equilibrio a largo plazo de la balanza comercial. Por lo tanto, los ingresos de divisas por bienes y servicios reales y los egresos por importaciones y servicios reales y financieros deben tener un tratamiento en lo más alto de la política económica, tanto desde el punto de vista de la multiplicidad del tipo de cambio como de los acuerdos sectoriales, de modo que la tendencia natural a importar se equilibre con exportaciones industriales crecientes. No se trata en este caso de compensar con exportaciones “agropecuarias”, pues en ese caso “no aumenta” sino que sustituye un exportador por otro. También la política fiscal debería tener como uno de sus principales objetivos —aunque no el único— el apoyo al equilibrio del sector externo, en la inversión pública, en los subsidios a los procesos industriales y el desarrollo tecnológico. En la política industrial, el desafío mayor, dada la fragmentación productiva global, pasa por sustituir exportando. Este crecimiento tiene que ser inclusivo. Es la condición para alcanzar una capacidad de decisión política propia. Difícilmente se alcance tal poder con un pueblo empobrecido: la miseria no suele ser buena consejera para la salud económica y social de los países.
* Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
Por Martín Harracá y Pablo Wahren *
Los últimos acontecimientos en materia económica han puesto en el tapete una discusión muy necesaria: el rol de los principales grupos económicos en la vida política y económica del país. El Gobierno denunció en diversas ocasiones a aquellos sectores que mediante su comportamiento han fomentado, en el frente externo, la caída de reservas y en el interno, una aceleración de la inflación. Sin embargo, las políticas actuales suponen concesiones a los principales sectores de poder económico.
Los exportadores de granos se han negado a liquidar su cosecha, motivando la caída de reservas, pero también es cierto que el Gobierno convalidó la devaluación. De esta manera, quien acaparó ganó, al poder vender en la actualidad la cosecha a 8 pesos por dólar. Mientras los exportadores amasan mayores fortunas, la devaluación se traslada a precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios, ya sea por mayores costos importados o por la acción especulativa de empresarios con poder de mercado que han aprovechado para subir sus precios a pesar de que sus insumos sean locales. Otro tanto ocurre con los bancos que han contribuido a la incertidumbre cambiaria mediante su accionar en el mercado paralelo y hoy se les ofrece la oportunidad de seguir aumentando sus ganancias a través de la política de incrementos en la tasa de interés.
Así, medidas compensatorias como el plan Progresar, con lo necesarias y progresivas que puedan llegar a ser, quedan opacadas frente a las consecuencias distributivas de la devaluación, y tampoco aportan a evitar las causas que las hicieron necesarias. Si hacemos un ejercicio muy simple, y suponemos que se va a exportar en dólares exactamente lo mismo que en 2013, sólo la devaluación del mes de enero ya implica una transferencia a los exportadores de más de 100.000 millones de pesos. La cifra es equivalente al monto destinado a subsidios en 2013 y supera ampliamente los fondos destinados al plan Progresar.
Creemos que debe adoptarse otra estrategia, que parte de la premisa básica de que no es posible combatir la especulación y el acaparamiento de productos mediante acuerdos e incentivos a los mismos sectores que la generan. La primera propuesta que señalamos se relaciona con el comercio exterior. Sólo 20 empresas controlan casi el 50 por ciento de las exportaciones totales argentinas. Eso implica un virtual monopolio privado de la principal fuente de divisas de la Argentina, resulta urgente la conformación de un Ente Regulador del Comercio Exterior, acompañado por la puesta a disposición del Estado de los principales puertos y terminales que desde los ‘90 están en manos privadas. Operando como único exportador de todos los productos agrícolas, hidrocarburíferos y minerales del país, y con capacidad de intervención sobre otros rubros de exportación e importación, esta herramienta pondría en manos del Estado valiosísimos instrumentos de política económica que permitirían: 1) desacoplar precios internos de los internacionales; 2) incentivar producciones de mayor valor agregado o estratégicas mediante subsidios cruzados; 3) quitar presión a pequeños productores regionales que hoy se ven afectados por mono u oligopsonios; 4) evitar fraudes, triangulaciones, acopios y distintas maniobras ilegales frecuentemente detectadas en las grandes exportadoras y 5) disponer de una importante masa de renta en pesos apropiada por las exportadoras que hoy genera presión al dólar, para orientarla hacia política fiscales expansivas y de inversión en sectores claves.
Bajo una lógica similar, el otro frente que se debe abordar es el del comercio interior, apuntando a combatir la inflación y las estructuras concentradas en ciertas ramas estratégicas de la economía. Una alternativa es la creación de una empresa estatal con amplia inserción geográfica, orientada a la distribución de productos de consumo popular. Esa iniciativa generaría miles de puestos de trabajo genuinos. Esto permitiría poner un coto a las ganancias extraordinarias de las grandes cadenas de supermercados, estableciendo precios de referencia para bienes de la canasta básica. El otro aspecto neurálgico para controlar la inflación es la auditoría de costos y ganancias de aquellas ramas productoras de insumos difundidos, que también están fuertemente concentrados (lo que en cierta medida facilita la tarea fiscalizadora). Un hito en este campo podría ser la recuperación de la ex Somisa, empresa fundada por el Estado y adquirida por el grupo Techint mediante una estafa prolongada en el tiempo. Es posible comenzar a disputar la preponderancia de ciertos sectores económicos de poder, pero para ello debemos preguntarnos qué actores necesitamos, construyendo qué política económica y qué Estado.
* Docentes UBA.
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