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En un artículo publicado ayer en el diario La Nación, titulado “Un tarifazo para empezar a pagar el desmanejo”, el periodista Diego Cabot, constante detractor del gobierno nacional, realiza en el artículo una curiosa caracterización de lo que para él consiste la política energética que lleva adelante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios desde el año 2003.

No deja de llamar la atención, aunque por los antecedentes no sorprende, que considere un desmanejo justamente aquellos logros de los cuales nosotros nos enorgullecemos y que han permitido ampliar y expandir los servicios básicos como no ocurría en las últimas décadas, como los 8700 megavatios construidos desde el año 2003, los 5500 kilómetros de líneas de alta tensión y 2790 kilómetros de gasoductos troncales que permitieron conectar 3.700.000 hogares, 320.000 nuevos medidores industriales y comerciales y 70.000 medidores rurales y para riego a la red eléctrica nacional, así como también 2.100.000 hogares y 120.000 nuevos medidores industriales y comerciales a la red de gas.

El verdadero fracaso sería continuar con el país del 2003, donde no existía ninguna obra importante en marcha ni una planificación de corto, mediano y largo plazo, porque no había perspectiva alguna de desarrollo y mucho menos de inclusión social. Por eso Yacyretá y Atucha II estaban paralizadas y la mitad de las provincias del país estaban aisladas de la red nacional, como la Patagonia, o tenían una vinculación deficiente, como las del Norte o Cuyo.

Estas obras, que para Cabot son un desmanejo, permitieron que la cobertura energética creciera un 40 por ciento en todos los segmentos de usuarios, mientras que las demandas se incrementaron más de un 85 por ciento en promedio para todos los sectores, clara evidencia del fenomenal desarrollo económico con inclusión en esta década ganada, que tanto parece molestarle.

El Gasoducto del Noreste, que permitirá llevarle gas a los hogares de Formosa, Chaco y Misiones, sin dudas será otro “derroche” más para el diario La Nación, que en pleno siglo XXI sigue sosteniendo una visión unitaria y centralista, en la cual las inversiones en infraestructura en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos forman parte de un supuesto “populismo” y no del pleno ejercicio de un derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país.

En relación con la apelación a la palabra “tarifazo”, con el claro objetivo de desinformar a la ciudadanía, es una mentira de patas cortas que rápidamente será advertida por el usuario cuando reciba su factura sin subsidios, sería bueno recordarle que el metro cúbico de gas en la región y en el mundo cuesta hoy 27 veces más que lo que paga un hogar subsidiado en Argentina y más de 5 veces si se considera el valor pleno de la tarifa en el país. O en el caso de la garrafa de 10 kilos, en la región está 150 pesos por unidad y en Argentina 16 pesos. Esta es la competitividad indiscutible del sistema energético argentino, que con una demanda que prácticamente se duplicó importa menos del 10 por ciento del consumo total.

Durante el autoabastecimiento neoliberal que, día a día añora y defiende el diario La Nación, la situación era exactamente al revés: en Argentina se pagaban tarifas a precios internacionales y eran de las más altas del mundo, condenando a la economía a una recesión, a la industria a la depresión, a la exclusión de la mitad de las provincias del sistema energético; y lamentablemente Argentina tenía para mostrarle al mundo un 25 por ciento de desocupación y 54 por ciento de pobreza. En estas condiciones macroeconómicas no había necesidad de hacer obras ni importar un litro de combustible.

En ese contexto, hablar de las medidas anunciadas ayer como ajuste económico ortodoxo no tiene ningún rigor técnico. Primeramente porque la tarifa plena no se modifica y lo que se reduce es el nivel de subsidios que reciben los usuarios, con todas las excepciones que se informaron, de acuerdo a parámetros de poder adquisitivo y consumo responsable. Y también porque los fondos que surjan de esa reducción de subsidio no se retiran del circuito de la economía sino que se redireccionan y se reinyectarán para desarrollar otras políticas públicas e inclusivas, en este caso como la Asignación Universal por Hijo o el Progresar, con el que la Presidenta profundizó este modelo cuando las corporaciones intentaban hacer una corrida cambiaria.

Ajustes de tarifas con impacto en la economía eran los que ocurrían durante el autoabastecimiento neoliberal, del cual es defensor patrocinante el diario La Nación, que les hacían pagar a los argentinos tarifas en dólares para que los balances de las empresas energéticas desbordaran de rentabilidad y que, bajo un velo protector mediático y de los funcionarios de turno, pudieron repatriar hacia sus casas matrices en tiempo record un supuesto capital invertido, que en realidad era inexistente.

Curiosamente, estas mismas reflexiones resultan válidas para las consideraciones que realizó Fernando González en el diario El Cronista Comercial, verdadera caja de resonancia de ex secretarios de Energía fracasados que los argentinos recuerdan bien porque los sufrieron. En una columna titulada “El réquiem triste de Axel para un modelo que se desmorona”, González realiza críticas similares a las de Cabot por las medidas anunciadas el jueves y, sin embargo, ninguno de los dos dijo lo mismo cuando se aumentaron las tarifas de Edelap un 300 por ciento sin que existiera ninguna redistribución ni reasignación de subsidios.

Mientras YPF avanza exitosamente para poner en valor los enormes hidrocarburos no convencionales, se siguen construyendo más megavatios, líneas y gasoductos y la industria, como en el caso de Techint, propicia duplicar su producción de acero para acompañar a YPF en el desarrollo de Vaca Muerta, los escribas del neoliberalismo y los medios en los que trabajan continúan con la búsqueda de un candidato que dé vuelta esta década de conquistas, que por más que les pese no son parte de ningún relato sino una realidad concreta para millones de argentinos que invisibilizan.

* Ministro de Planificación Federal