La cuenta regresiva para el desalojo de la toma de Villa Lugano se detuvo ayer, después de que el PRO aceptara participar de la mesa de diálogo, en la Legislatura porteña, en busca de una solución no violenta a ese conflicto. El defensor del Pueblo, Alejandro Amor, fue quien llevó la novedad a la jueza en lo Penal Gabriela López Iñíguez, quien estaba a punto de dictar la nueva orden de desalojo. Por la tarde, en una nueva instancia judicial, la jueza Elena Liberatori –a cargo de la causa por la urbanización de la Villa 20– recibió a los 21 delegados de la toma, acompañados por un grupo de legisladores y el propio defensor del Pueblo. Los delegados impugnaron el estudio ambiental presentado por el gobierno porteño, que asegura que las tierras que ocupan están contaminadas; propusieron que profesionales de la Universidad de Buenos Aires realicen un nuevo estudio del suelo; sugirieron realizar un censo en la toma, donde se estima que hay unas 800 familias, y reclamaron excluir de la lista de potenciales beneficiarios de un plan viviendas a los que son propietarios de casas en la villa.

El predio tomado está ubicado sobre la avenida Fernández de la Cruz, entre Escalada y Pola, al lado de la Villa 20, donde hasta hace poco funcionó un cementerio de autos. La ocupación comenzó al atardecer del 24 de febrero. La gran mayoría de los ocupantes son habitantes de ese barrio, familias que viven en piezas alquiladas.

La jueza López Iñíguez tenía en sus manos la decisión de ejecutar el desalojo, después de contar con el aval de la Cámara de Apelaciones. Antes de poner la firma, había pedido al Gobierno de la Ciudad que entregara un plan detallado de cómo se iba a llevar a cabo la desocupación del predio. La Policía Metropolitana había presentado el jueves su informe con precisiones sobre su rol en el operativo. Todo indicaba que ayer la jueza le pondría fecha al desalojo.

La novedad que modificó la situación fue la reunión de la mesa de diálogo, que vienen impulsando desde hace tres semanas diputados de la oposición, y a la que ayer decidieron sumarse los diputados del PRO. La reunión se llevó a cabo en el despacho de la presidenta del bloque macrista, Carmen Polledo. Por el oficialismo participaron además los legisladores Helio Rebot y Alejandro García. Por la oposición estuvieron Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), Alejandro Bodart (MST), Marcelo Ramal (FIT), Gustavo Vera (Verde Alameda) y el presidente de la Comisión de Vivienda, Javier Gentilini (Unen). Del encuentro participaron el defensor del Pueblo y los delegados del asentamiento que denominaron Papa Francisco.

El encuentro fue decisivo porque hasta ese momento el PRO se venía negando a tratar un proyecto de ley para legitimar la mesa de diálogo que podría destrabar el conflicto. La intervención del legislador Gustavo Vera, por un lado, que le presentó a Polledo una lista representativa de delegados del asentamiento, y del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que por otro lado escamoteó la participación de las fuerzas bajo su mando en el operativo de desalojo, por otro, fueron determinantes para la reunión de ayer se concretara y se frenara la decisión judicial, revelaron a Página/12 fuentes que participaron directamente en las negociaciones. Un mail del papa Francisco expresando su preocupación por un eventual desalojo también habría sido determinante en el desenlace.

Tras la reunión en la Legislatura, el defensor del Pueblo le llevó la novedad a la jueza López Iñíguez, que frenó la resolución y podría dictar el lunes la suspensión del desalojo, con lo cual legitimaría el rol de la mesa de diálogo.

Las negociaciones no quedaron ahí. La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori, quien interviene en la causa contra el Gobierno de la Ciudad por el incumplimiento de la ley de urbanización de la Villa 20, aceptó recibir a los delegados del asentamiento y escuchar sus propuestas. También participaron de la reunión los diputados María Rachid (Frente para la Victoria), Vera, Ramal, Bodart y Facundo Di Filippo (mandato cumplido) y el defensor del Pueblo, Alejandro Amor.

La jueza explicó que tiene en su poder un informe ambiental sobre el suelo y un plan de remediación que demandaría un año y medio de trabajo. Ambos trabajos fueron realizados por la empresa Greencross, contratada por el gobierno porteño. Además, el Ejecutivo presentó un plan de urbanización para construir 3500 vivienda en los terrenos hoy ocupados. Para ejecutar el saneamiento y el plan de viviendas, el gobierno exige que el lugar esté desocupado.

“Los delegados del barrio objetaron el estudio, sostienen que es un pretexto ambiental para desalojarlos, y propusieron realizar un nuevo estudio a cargo de la Universidad de Buenos Aires”, relató a Página/12 el abogado Jonatan Valdiviezo, representante legal de algunos de los delegados. “Además, el estudio de Greencross dice que solamente están contaminadas dos hectáreas, de las 14 que conforman el predio. Por eso, los ocupantes proponen quedarse en el lugar mientras se desarrollan los trabajos. Dicen que su presencia ahí es la única garantía ante el incumplimiento del gobierno”, agregó el abogado.

Los delegados le propusieron a la jueza realizar un censo de familias en el predio ocupado, para cruzarlo con el censo ya existente de la Villa 20, de manera de excluir de la lista de posibles beneficiarios a los que tengan propiedad en la villa.

–Desde el punto de vista de la causa judicial, resultaría difícil otorgar una vivienda a quien tomó la tierra y dejar sin el beneficio a alguien que también vive en el barrio, alquila, necesita vivienda pero no participó de la toma –consultó Página/12 al representante de los delegados.

–Ellos son 800 familias, mientras que el plan del gobierno contempla 3500 viviendas. Hay lugar para gente que no participa de la toma –respondió el abogado.

“Los delegados manifestaron un claro discurso en contra de los punteros y de quienes lucran dentro de la villa con los alquileres”, expresó Di Filippo. También le propusieron a la jueza presentar un trabajo de arquitectos de la UBA con un plan de construcción por etapas. La jueza Liberatori, finalmente, considerará los pedidos de los delegados y responderá en una próxima audiencia.