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Con aval pleno del justicialismo, el Senado aprobó ayer a la madrugada en media sanción el proyecto que prorroga hasta diciembre del año próximo el plazo para renegociar los contratos de los servicios públicos, admite la revisión de las tarifas a cuenta y autolimita al Parlamento para intervenir en ese proceso. Se supone que el trámite resultará mucho menos sencillo en Diputados, donde el PJ debe hacer grandes esfuerzos para conseguir la mayoría. Pero antes de dar esa batalla, Roberto Lavagna y Julio De Vido intentaron ayer mismo poner en marcha la Unidad de Renegociación que, bajo la órbita conjunta, tendrá amplias facultades para decidir sobre el futuro de las privatizaciones.
En el Senado hubo resistencia radical, en particular después que Raúl Baglini promoviera un dictamen en minoría con algunas críticas difíciles de refutar para el oficialismo. Entre ellas, que la iniciativa “introduce la posibilidad de reformar tarifas sin modificar ni controlar los demás aspectos de los contratos”, o que esto es posible “sin la intervención del Congreso y sin la obligatoriedad de realizar audiencias públicas”.
En realidad, la ley en ciernes prevé que el Parlamento se pronuncie a libro cerrado sobre los nuevos contratos que renegocie el Poder Ejecutivo, aprobándolos o rechazándolos de plano en el término máximo de 60 días. Pero el mismo texto contempla la posibilidad de introducir “enmiendas parciales” (precios de los servicios, planes de inversión, pautas de calidad, etc.), las que por este carácter sólo estarán sujetas a la voluntad de la Unidad, creada por el Decreto 312/03.
Esta misma norma fija entre las atribuciones de ese grupo renegociador decidir cómo y de qué modo participarán en esta discusión las organizaciones de usuarios y consumidores, aunque no la obliga a su convocatoria. A través de resoluciones, la Unidad fijará “los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y participación ciudadana, que resulten pertinentes y apropiados en relación con los distintos procedimientos”, reza el inciso C.
La propia existencia de una Unidad bajo el comando conjunto de dos ministerios expresa la voluntad de armonizar criterios en el seno del gabinete sobre un tema espinoso, que el Fondo Monetario Internacional sigue con especial atención. Tanto las empresas privatizadas como los propios legisladores del área perciben diferencias entre el hombre de Economía, más proclive a admitir aumentos en los precios de los servicios públicos privatizados, y De Vido, renuente a hablar siquiera del tema antes que termine la seguidilla electoral que empieza el domingo con la búsqueda de un nuevo jefe de gobierno para la Capital Federal.
Aquella Unidad tendrá amplias atribuciones en detrimento del Congreso, incluyendo la posibilidad de reformar contratos al margen de lo que dispongan los marcos regulatorios vigentes, o la de acotar el poder de los órganos reguladores a la producción de informes técnicos. Estas son sólo algunas de las cosas que irritaron también a los senadores justicialistas, quienes, finalmente, terminaron disciplinándose al pedido del Ejecutivo. “Esta es la Cámara más vertical que existe”, según confesaba ayer ante Página/12 un destacado representante del oficialismo.
La resolución promete ser bastante diferente en Diputados, Cámara tradicionalmente más díscola, en la que el justicialismo tiene menos garantía de obtener, siquiera, el quórum necesario. La Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el justicialista Jorge Bucco, ya previó citar al ministro de Planificación para que explique los pormenores del proyecto.
En la Cámara Joven, la mayoría se conforma con 129 diputados. Pero el PJ tiene 115, de los cuales sólo 100 acuden regularmente al recinto y difícilmente lo hagan al mismo tiempo. El oficialismo está indefectiblemente obligado a negociar con la oposición para lograr el aval a los proyectos que quiera. Esta es la debilidad que podrían aprovecharlos radicales, los provinciales y otras agrupaciones para cuestionar la política que Néstor Kirchner eligió con respecto a las privatizadas.
Lavagna y De Vido, en tanto, ya trabajan sobre algunas pautas: los primeros aumentos serán en los servicios de luz y de gas, después de las elecciones, excluyendo al segmento presuntamente más pobre de usuarios, pero con subas mayores a las industrias exportadoras. Es la denominada “segmentación” de la que hablan en el Gobierno.