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El presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Bernardo Cané, y el vicepresidente del organismo, Daniel Welschen, presentaron ayer sus renuncias al secretario de Agricultura, Miguel Campos, con duros cuestionamientos al proyecto de decreto a estudio del Poder Ejecutivo para modificar las funciones del ente sanitario. Según los funcionarios renunciantes, “no existe ningún servicio sanitario en el mundo donde su conducción sea compartida entre el gobierno nacional y un cuerpo colegiado formado por los destinatarios de la fiscalización del organismo”. El titular de Agricultura habría aceptado las dimisiones apenas fueron recibidas, de acuerdo a fuentes de la cartera.
Cané, sobre quien pesan denuncias penales por presuntos actos de corrupción durante el desempeño de sus funciones, consideró “inadecuado” el proyecto de Campos, por entender que no sólo limita las funciones del presidente y el vice, sino que también lo transforma en un ente “deliberativo” en el que la conducción pasaría a estar compartida “con los sectores de la producción a los que el organismo debe fiscalizar”.
El choque entre Cané y Campos desnuda el conflicto de arrastre existente entre el renunciante titular del Senasa y el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá. El secretario Campos fue propuesto por Solá y, como el gobernador, tiene una marcada afinidad con los sectores más fuertes de la dirigencia gremial agropecuaria. Cerca de Cané sostienen que con el proyecto de decreto elevado por Campos “el Senasa pasaría a ser la voz y la acción de intereses privados y políticos, en desmedro de las cuestiones sanitarias”.
Según señalan en ese ámbito, “el proyecto debe interpretarse como la puerta abierta a la privatización de los servicios sanitarios que dan resguardo a nuestras exportaciones y a los acuerdos suscriptos con los países importadores”. Los más memoriosos establecían ayer un paralelo entre estas intenciones y la política ejecutada por el ministro de Economía de la dictadura militar de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, fuertemente ligado a la oligarquía ganadera.
En la carta de renuncia, Cané y Welschen recuerdan que la estructura propuesta por Agricultura “existió entre 1997 y 2001, propiciando la interferencia de las políticas sectoriales por sobre las sanitarias, motivo que determinó el levantamiento de la campaña de vacunación en el año 1999 y el ocultamiento de la aftosa en el año 2000/01 con las consecuencias sanitarias, económicas y políticas por todos conocidas”.
Ambos funcionarios sostuvieron que el proyecto, además, desconoce los acuerdos sanitarios internacionales firmados por la Argentina con los países importadores de sus productos en los que se expresa que el Servicio debe ser completamente independiente de los administrados, cosa que no se cumpliría en este caso. El proyecto de Agricultura establece que el Consejo de Administración tendrá la potestad de aprobar las propuestas de políticas, normas y programas sanitarios, y normas de fiscalización. También podrá hacer lo propio con las habilitaciones de plantas de elaboración de alimentos y la aprobación de productos agroquímicos y veterinarios, e incluso aprobará y dictará resolución definitiva sobre los regímenes de sanciones y penalidades a todas la infracciones de las normas en vigencia. “Es decir –advirtieron– que los mismos administrados dictan las normas y se aplican sanciones.”