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Producción: Javier Lewkowicz

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La erosión de ATFA

Por Jorge Ignacio Frechero *

“Espero que ustedes vean la diversidad de nuestra fuerza de tareas, de aproximadamente 40 miembros, es increíble. Tenemos maestros, tenemos ganaderos (...) tenemos miembros de la agricultura, tenemos inversores sofisticados y, francamente, tenemos inversores no sofisticados. (...) Somos un grupo de estadounidenses que estamos realmente enojados.” De esta forma se suele presentar la American Task Force Argentina (o simplemente ATFA) ante las autoridades y la opinión pública de los Estados Unidos en cuanta ocasión encuentra. Para los funcionarios argentinos en cambio, ATFA, con sus más de 4,6 millones de dólares invertidos en cabildeo, es más bien la fachada política de los fondos buitre en Washington. Este contraste de imágenes y la falta de información concreta han alimentado el misterio sobre la organización, incitando incluso investigaciones como la conducida por The Wall Street Journal (“Argentine Lobby Mystifies ‘Members’”, del 15 de octubre de 2012).

En momentos en que la disputa judicial entre el Estado nacional y los caranchos en el Norte se acerca a su paroxismo –evidente en la audiencia celebrada hace dos semanas en la Corte Suprema estadounidense—, es importante repasar dónde nace el vínculo entre éstos y ATFA.

El dato principal es contundente: surgida un 31 de octubre del 2006, ATFA es fundada por cinco firmas conocidas por especular con la deuda externa de países del Tercer Mundo. Nos referimos a FH International Asset Management LLC y Montreux Partners, ambas de Eric Hermann; Greylock Capital Management de Hans Humes; Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. del filántropo británico Jeremy Grantham, y la poderosa Elliott Associates LP, de Paul Singer, tristemente célebre por el embargo de la Fragata Libertad. En ATFA se cristalizaba la continuidad de la coalición de grandes acreedores especulativos con bonos argentinos emitidos en los Estados Unidos, que hasta la reestructuración del 2005 se había nucleado en el llamado Argentine Bonholders Committe (o ABC).

Pero no se trató sólo de continuidad, sino también de cambio: una nueva estrategia política de esa misma coalición para intentar ganar de una buena vez el favor de Washington, basada en encubrir su naturaleza carroñera a partir de la incorporación de diversos adherentes. Mientras que el ABC no ocultó jamás representar a los grandes bonistas, ATFA tomó evidentemente su denominación de la Task Force Argentina italiana, grupo que aún representa a miles de pequeños acreedores en default de ese país. En esa dirección, recién a comienzos del 2008 –luego de más de un año de existencia del lobby– ATFA convocó con cierto éxito a tenedores minoristas, entre quienes destacaban seis asociaciones de docentes con aportes previsionales invertidos en títulos de deuda argentina. Pero la alianza duró muy poco: la propuesta de canje del 2010, rechazada de cuajo por ATFA, fue aceptada por la mayoría de los maestros. De las seis organizaciones sólo una se mantuvo dentro del lobby. Ya en el 2013 también se retiró el antiguo y prestigioso buffet Proskauer Rose LLP, representante de una docena de bonistas individuales.

A pesar de ello, ATFA no ha desistido en su esfuerzo por sostener una amplia y diversa coalición de “víctimas” del default argentino. Aún forman parte algunas asociaciones de productores agropecuarios y variopintos grupos de activismo que poco tienen que ver con la deuda en reclamación. No obstante, el fracaso en retener en su campo al espectro estadounidense de pequeños acreedores denota la erosión del glacis que recubre el núcleo de los fondos buitre.

Hoy, los especuladores que pretenden rendimientos de más del 1100 por ciento sobre bonos que compraron a precios irrisorios están más expuestos al escrutinio público. Parte del mérito corresponde a la firmeza de la posición argentina y al contra-lobby efectivo de la embajada en Washington así como de grupos comprometidos con el alivio de la deuda en el Tercer Mundo, como Jubilee USA. Quizá no sea suficiente para convencer a los jueces en las cortes neoyorquinas, más apegados a estrictas interpretaciones contractuales que a las perniciosas consecuencias sistémicas que malos fallos judiciales podrían desencadenar. Pero sí ha bastado para conservar en todos estos años el apoyo discreto pero fundamental de una Casa Blanca que reconoce, por más que rezongue el secretario Kerry, que no puede poner en riesgo el futuro de las reestructuraciones soberanas de deuda.

* Licenciado en Relaciones Internacionales (Unicen). Candidato doctoral en Ciencia Política (Unsam). Investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (Ceipil-Unicen). Correo: [email protected]

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Distinta vara

Por Roberto Arias *

La situación en la que se encuentra la República Argentina en los juicios iniciados por los fondos buitre en las Cortes federales de los Estados Unidos de América destaca enseñanzas dignas de tomar en cuenta por parte de nuestro movimiento nacional. La declaración del default de la deuda en 2002 era inevitable. El país caía en su más profunda crisis económica y social en 200 años de historia, con más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. La moneda nacional era erosionada por títulos provinciales de menor valor. El Estado nacional y la mayoría de los Estados provinciales se encontraban en una situación de cesación de pagos, incluso con sus empleados públicos. La posibilidad de un salvataje internacional fue negado rotundamente por la administración republicana de George W. Bush. No había forma, aún si el Gobierno lo hubiese querido hacer, de pagar la abultadísima deuda en tiempo y forma. Luego de la devaluación de principios de año, el total de la deuda pública representaba 166 por ciento del PBI. Lo paradójico de la situación es que la crisis económica del 2002 fue en parte consecuencia de políticas de austeridad que se implementaron desde 1998 en adelante para conseguir refinanciar la deuda. Esas políticas fueron las que terminaron de hundir el país, y así la deuda que ya era difícil de pagar ahora era imposible. El FMI y el Departamento del Tesoro, en lugar de combatir la enfermedad, mataron al enfermo.

En 2005 y en 2010 se realizó una renegociación y canje de la deuda, y el 92,4 por ciento de la misma se regulariza. Además, de 2003 en adelante el nivel de endeudamiento cae estrepitosamente. No obstante, una porción muy pequeña del total de bonistas (0,45 por ciento) que no habían entrado al canje inicia un juicio a Argentina en las cortes federales de los Estados Unidos, lo que cuestiona todo el proceso de canje y desendeudamiento iniciado en 2003.

La cuestión de fondo es que no existe a nivel internacional un esquema de “quiebra” o renegociación forzada de deuda soberana. Ante la ausencia de un esquema de “concurso de acreedores”, lo único que se le acerca son los procesos de renegociación de deuda soberana como el que hizo Argentina en 2005 y 2010. Si los fondos buitre terminan ganando la pulseada será muy difícil para cualquier país en el futuro lograr un proceso de renegociación de deuda ya que ningún bonista aceptará una quita con este precedente, y de hecho esto implica una seria amenaza a los mercados internacionales de deuda soberana.

Es interesante notar que en Estados Unidos existe un esquema de “bancarrota” para las deudas públicas estatales y municipalidades y una nota publicada recientemente en el The Financial Times hace referencia al “doble estándar” que implica para la Justicia federal estadounidense el tratamiento de los procesos al amparo de esta ley respecto del tratamiento de deudas de otros Estados nacionales. En el caso más reciente, la corte aceptó la quiebra de la ciudad de Detroit, que tiene una deuda de cerca de 18 mil millones de dólares con más de 100.000 acreedores. La propuesta de reestructuración que presentó en febrero del 2014 la ciudad de Detroit implica un recorte del 80 por ciento en el valor nominal de la deuda. No es seguro que tal recorte sea aceptado por la mayoría de los acreedores, pero aun así la Justicia federal tiene jurisdicción para resolver y obligar a los acreedores a aceptar el plan, lo que aparentemente sucederá.

Claro que no sorprende en absoluto este doble estándar. En última instancia, los jueces federales de Estados Unidos defienden los intereses de sus ciudadanos y sus instituciones y cuando esos intereses se contradicen (como es el caso de la ciudad de Detroit) tienen que evaluar si el interés general de los habitantes de la ciudad es más relevante que el interés particular de los acreedores. Pero si deben decidir respecto de los intereses particulares de ciudadanos de su país contra los de un Estado extranjero, si somos realistas, es difícil esperar una mínima imparcialidad. Aun así, esperemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos no actúe de la misma forma como lo han hecho hasta ahora los tribunales inferiores.

El “pecado original” de nuestro país fue arriar, desde 1976 y hasta la crisis del 2002, las banderas de la independencia económica y de la soberanía política, y el caso de los fondos buitre nos demuestra que sin esas dos banderas, la de la justicia social nunca podrá alcanzarse.

* Instituto Gestar.