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Una de cal y otra de arena. El Fondo Monetario aprobó la última revisión del acuerdo vigente, que concluye este mes, y autorizó el desembolso de un préstamo de 310 millones de dólares para el país. Además, adelantando algunos días su visita, ayer aterrizó en Buenos Aires John Dodsworth, jefe de la misión fondomonetarista para continuar las negociaciones por un nuevo acuerdo, después de que el miércoles el Congreso aprobara dos leyes que el organismo consideraba prioritarias. Sin embargo, el director gerente Hoerst Köhler aclaró que la aprobación había requerido un “waiver” (dispensa) especial porque los auditores descubrieron que el Gobierno no cumplió con el compromiso de eliminar los planes de competitividad –beneficios impositivos para distintos sectores productivos– pese a haber informado oficialmente lo contrario. Roberto Lavagna minimizó la reprimenda del Fondo: “Son cuestiones burocráticas”, aseguró y dijo que las negociaciones marchan dentro del “cronograma previsto”. Pero rehusó decir cuándo concluirán: “Eso es secreto”, se excusó.
“Se cumplió con el acuerdo firmado en enero. Este es uno de los cinco acuerdos que Argentina cumplió en su totalidad con el Fondo, sobre un total de 20”, destacó Lavagna ayer, durante una conferencia de prensa en la que anunció medidas para las pymes y para estimular las ventas del sector automotor (ver aparte).
Unos minutos antes, desde Washington, Köhler había informado sobre la aprobación del directorio de la última revisión del acuerdo vigente y el desembolso. Sin embargo, en un comunicado aclaró que, simultáneamente, se había concedido un “waiver” debido a que, en junio, el Gobierno había suministrado información incorrecta. Según el FMI, “ocho planes de competitividad seguían en vigor pero las autoridades argentinas informaron que permanecían sólo tres planes”. Para el FMI desmontar los planes de competitividad creados en época de Cavallo, a lo que se comprometió Lavagna en enero, redundará en “un ahorro fiscal de 3.000 millones de pesos” anuales.
Köhler explicó, igualmente, que el Fondo concedió el “perdón” porque reconoce que “las autoridades argentinas renovaron su compromiso con la eliminación de todos los planes de competitividad, y han remitido leyes al Congreso para terminar con aquellos que debieron ser eliminados por un decreto anterior”.
Consultado sobre el tema, Lavagna le restó importancia: “son cuestiones burocráticas”, afirmó. Además, dijo que los 310 millones llegarán hoy y “se destinarán a fortalecer las reservas” del Banco Central. Por otro lado, hizo todo lo posible por no salirse del cauteloso libreto que sugiere una negociación tan delicada. Primero, se hizo el distraído cuando le preguntaron por las declaraciones del subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, quien dijo días atrás que era necesario que Argentina explicite cuál era su plan económico. “No las leí”, se limitó a responder. Después, descartó que vaya a viajar Washington próximamente para cerrar la negociación por un nuevo acuerdo, evitando así inflar las expectativas, como sucede cada vez que el ministro anuncia un viaje al Norte.
Köhler tampoco dio pistas sobre el curso de la negociación.
“El FMI continúa trabajando estrechamente con las autoridades argentinas, para construir un fuerte programa económico de mediano plazo que ayude a sostener el crecimiento y reducir la pobreza, permitiendo que Argentina restablezca sustentabilidad fiscal”, sostuvo, en tono protocolar.
Lavagna se reunió ayer con el recién llegado Dodsworth para acordar la agenda de los próximos días. La aprobación legislativa, a pedir del Fondo, de las reformas de la ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central el miércoles último fue una señal que seguramente no pasó inadvertida en Washington. Más aún, Lavagna transmitió a los hombres del FMI que para el miércoles próximo les tiene otra sorpresa en el Congreso: ley de compensación a los bancos y el paquete antievasión. Sin embargo, la negociación sigue trabada en el mismo punto que Dodsworth informó al directorio la semana pasada. La administración Kirchner, como lo expresó públicamente el propio Presidente, no está dispuesta a elevar la meta de superávit fiscal para el año próximo más allá del 3 por ciento del PBI, como pretende el Fondo. Además, tampoco muestra demasiado interés en fijar un cronograma de ajuste para las tarifas de servicios públicos privatizados.
En Economía juran que siguen negociando un acuerdo a 3 años y que confían en cerrar trato antes del 9 de septiembre, cuando, sin firma, el Gobierno debería cubrir vencimientos con los organismos por 3000 millones de dólares. Pero, aunque nadie cree que el Fondo le vaya a dar la espalda a Kirchner, esa posibilidad parece lejana. Así, una alternativa entonces sería un compromiso a 1 año, para seguir negociando con un horizonte más despejado.