No hay una estrategia definida paso a paso. Pero dentro del sendero a seguir, en una disputa que se presume que no será corta, las consecuencias de la decisión de depositar los fondos para el pago a los bonistas en el Bank of New York, pese al posterior bloqueo del juez Thomas Griesa, tuvieron una evaluación positiva en círculos cercanos a la conducción económica. “No hubo embargo”, destacó una fuente que pertenece a ese espacio, “la respuesta del juez fue mandar a las partes a negociar; dentro de lo difícil de la situación, la posición que logró sostener Argentina en relación a este primer vencimiento del lunes permite ser optimista”, agregó. ¿Qué significa ser optimista en estas condiciones? “Poder seguir negociando sin caer en una situación de extrema debilidad, y Argentina empieza a demostrar que tiene mucha capacidad de defensa en esta instancia”, respondió la fuente. Algunas de estas otras cartas defensivas podrían empezar a aparecer sobre el paño en los próximos días.

El rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar la causa de los fondos buitre contra Argentina marcó el final de una etapa y el inicio de otra. Esta nueva etapa, con el regreso de la causa al juzgado de Griesa, no implica necesariamente reproducir las mismas condiciones previas a las apelaciones de fines de 2012, tras la primera resolución del embargo dictada por el juez neoyorquino, afirman en torno de la conducción económica. Antes se peleaba mano a mano con los fondos buitre, con un juez que no es imparcial; ahora empiezan a quedar involucrados otros actores, como los bonistas del canje, a quienes el juez Griesa les impide cobrar.

Con respecto al bloqueo al cobro de los fondos depositados por Argentina en el Bank of New York Mellon (BONY), la decana del doctorado de Derecho de la Universidad de Morón, especialista en derecho internacional, Stella Maris Biocca, sostuvo que “no tiene sustento jurídico; el juez no embarga los fondos porque sabe que ya no es un activo de la Argentina, pero le ordena al Banco que no los transfiera a favor de los bonistas: ahí cae en una contradicción. De todos modos, el BONY seguramente no le va a pagar a los bonistas, en eso va a acatar la decisión de Griesa, porque está dentro de su jurisdicción. Pero, a la vez, el juez le sugiere al Banco que le devuelva el dinero al Banco Central; nadie puede hacer eso sin consentimiento de la otra parte. Y si Argentina no lo acepta, es una medida de cumplimiento imposible”.

El diputado nacional Héctor Recalde mantuvo contactos esta semana con funcionarios de la cartera económica, que lo interiorizaron acerca del proceso en Nueva York y escucharon algunas de sus propuestas. “Además del Gobierno, hay otros factores políticos, institucionales y grupos de interés que podrían jugar algún papel en esta disputa”, opinó al ser consultado por Página/12. “El juez Griesa se extralimitó en su sentencia y afectó a quienes no estaban en la causa, los acreedores que están en el canje; como perjudicados, pueden presentarse después del lunes en el expediente y reclamar una revisión de la medida, o pedir un recurso de apelación en Cámara”, sostuvo. En tal sentido, opinó que “la decisión argentina de pagar es impecable, porque obliga al juez a tomar posición, y Griesa se quejó por el pago pero no resolvió en contra ni se apoderó del dinero”.

En los despachos oficiales se cree que no sólo los bonistas comenzarán a jugar un papel más activo en el conflicto a partir de ahora. También desde el plano institucional y político hay otros actores que empiezan a involucrarse. Además del tratamiento del tema en el marco de la Organización de Estados Americanos (ver en otras páginas de esta edición) y en otras instituciones que siguen con preocupación las implicancias de las resoluciones de los tribunales neoyorquinos, hay otros elementos que pueden llegar a equilibrar una balanza que se presentaba muy desfavorable para Argentina, interpretan en esos despachos.

En ese sentido, las expresiones contra el posicionamiento de Griesa tanto de medios financieros de Londres y Nueva York, como de organismos internacionales tradicionalmente críticos de las posiciones autónomas de Argentina, deberían entenderse como consecuencia de las contradicciones que el caso está creando en la propia cúpula del establishment financiero de Estados Unidos. Así lo sostiene la doctora Biocca, quien señaló que “la causa fondos buitre está dañando el prestigio de la plaza de Estados Unidos como espacio seguro para los capitales financieros; si los acreedores bajo legislación de Japón, de Londres o de Roma pueden cobrar cuando paga Argentina, pero los que tienen que hacerlo bajo legislación de Estados Unidos (y a través del BONY, agente de pago designado en el propio contrato de deuda) no pueden hacerlo, ¿quién va a elegir en el futuro la plaza de Nueva York como jurisdicción? Esto es lo que explica este fenómeno tan curioso para nosotros, que es que el FMI, el Banco Mundial, Financial Times y otros referentes del sistema financiero internacional aparezcan alineados del lado argentino”.

La propuesta de presentarse ante los tribunales de La Haya como víctima de un ataque “de Estado a Estado” (el Poder Judicial estadounidense contra el Estado argentino) ha sido planteado como alternativa dentro de esta estrategia de “rodear” la acción del Ejecutivo argentino, aunque no se esperen de ello efectos inmediatos. En cambio, se espera que puedan ejercer un rol más activo aun el Poder Legislativo (vale recordar la misión multipartidaria a Washington antes del fallo en contra de la Corte Suprema) y el Judicial argentino, que hasta ahora no tuvo intervención en el tema. En este último sentido, una de las propuestas en evaluación es solicitar a la Justicia una opinión acerca de si Argentina debería dejar de pagar a los acreedores del canje mientras está en marcha una negociación con los fondos buitre. Esta fórmula tendería a cumplir con la orden del juez Griesa, pero supondría desconocer las leyes argentinas que obligan al Estado a cumplir con los compromisos de pago que surgen de un título de deuda soberana.