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Los abogados de Amado Boudou calificaron de “farsa” y “novela no basada en el expediente sino en conjeturas periodísticas” el texto mediante el cual el juez Ariel Lijo resolvió el procesamiento del vicepresidente. Los letrados adelantaron que apelarán, lo que también van a hacer los demás abogados de los imputados, que incluyen a la familia Ciccone. Según Lijo, los ex propietarios de la calcográfica, viendo que la empresa se hundía y se le había dictado la quiebra, buscaron a un funcionario público de alto nivel –Boudou– para coimearlo dándole el setenta por ciento de las acciones. A cambio, el vicepresidente salvaría la empresa y presumiblemente los Ciccone ganarían dinero con el treinta por ciento que les quedaba. Los abogados de Boudou afirman que se trata de un invento político: que la empresa siempre estuvo en manos de los Ciccone, que éstos hicieron un acuerdo con el financista Raúl Moneta y tal vez con el banquero Jorge Brito, y que Boudou no tuvo nada que ver con esa operación ni conoce a quien fue colocado como director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele. La Cámara Federal había insistido en que la ruta del dinero era clave, coincidiendo en un todo con el fiscal Jorge Di Lello, pero Lijo, aunque le dedicó algunos párrafos de las 332 páginas del fallo, consideró que no es esencial para demostrar los delitos de cohecho (coima) y negociaciones incompatibles con la función pública.

Varios de los letrados consultados ayer salieron a la cancha a anunciar lo previsible: que van a apelar el fallo del juez. Diego Pirota, Eduardo Durañona y Déborah Lichtman, abogados de Boudou, emitieron un durísimo comunicado en el que dicen que el juez “tergiversó pruebas y testimonios e inventó circunstancias que NO EXISTEN en las constancias de la causa penal” (ver página 13). Para dar una idea, los abogados afirman que el juez dice que Boudou utilizó teléfonos que no usó, que con otros protagonistas hizo lo mismo y que en su fallo pone que los testigos dicen cosas que no dijeron en sus testimonios. Maximiliano Rusconi, abogado de Nicolás Ciccone, calificó la resolución del magistrado de “espanto judicial. El juez nos traicionó”, le dijo a Radio América.

Es que la acusación contra los Ciccone fue una de las sorpresas del fallo. Para Lijo, la mecánica fue que los dueños de la calcográfica incurrieron en cohecho activo, es decir que pagaron una coima, a un funcionario público y sus allegados –Boudou y su entorno– y que por eso son imputados por cohecho pasivo, los que cobran la coima. Hasta hace poco tiempo, el magistrado tenía una mirada distinta, que los Ci-ccone eran víctimas, que Boudou y su amigo José María Núñez Carmona los amenazaron y, por esa vía, les quitaron gran parte de la empresa.

Paso a paso

En su resolución, el juez detalla los pasos mediante los cuales él considera que se concretó la maniobra:

n En primer lugar, dice que Boudou puso al frente de todo a Alejandro Vandenbroele, que pasó a ser el titular de Ciccone y también del fondo The Old Fund, que es el que rescató la calcográfica. Boudou, en cambio, dice que no ha visto a Vandenbroele en su vida, que jamás cruzó una palabra con él y, por lo tanto, que no lo puso en ningún lado. Lijo reitera las pruebas sobre esto, incluyendo el testimonio de la ex esposa de Vandenbroele y el alquiler de un departamento a un amigo de Vandenbroele. Además sostiene que existen algunas llamadas entre ellos. Los abogados de Boudou afirman que esas evidencias son tan débiles que prueban que efectivamente el vicepresidente y Vandenbroele no se conocen y, sobre todo, que no hay ningún vínculo que demuestre que uno es testaferro del otro.

n La segunda etapa habría consistido en el contacto entre los Ciccone y Boudou, que empezó en un estudio de televisión. Según Lijo, después de eso se reunieron en el canal, Telefe, y en los días sucesivos hubo otras reuniones para llegar al acuerdo: Boudou salvaba la empresa, los Ciccone le entregaban el 70 por ciento. Boudou niega rotundamente la existencia de esas reuniones. Lijo esgrimen una serie de llamadas telefónicas. La defensa del vicepresidente afirma que no son teléfonos de Boudou.

n El tercer paso fue salvar a Ciccone de la quiebra, cosa que se concretó por pedido de la AFIP y luego concediendo un plan de pagos de la gigantesca deuda de la calcográfica. La cuestión es curiosa: como ya lo señaló el fiscal de Cámara, Javier De Luca, Boudou no tenía firma ni para pedir la quiebra en nombre de la AFIP, ni para pedir que la levanten, ni para otorgar un plan de pagos. El único que tenía firma para concretar esas medidas era el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y lo cierto es que todos coinciden en que el órgano recaudador actuó correctamente. El juez dice que Boudou prácticamente se puso a favor de Ciccone con su famoso dictamen, pero una lectura razonable de aquel texto no lleva a esa conclusión. Más extraño todavía es que Lijo terminó imputando a un segundo de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, de quien dice que fue parte de la maniobra.

n El cuarto paso es que Boudou y su entorno –que Lijo dice que eran ya dueños de Ciccone– expulsó de la planta impresora a una competidora, Boldt. Según señaló el periodista Horacio Verbitsky en este diario el domingo 15 de junio, la llegada de Boldt a Ciccone marca un trasfondo político de la máxima importancia. Boldt no sólo era competidor, sino además es un gigante del juego en la provincia de Buenos Aires, al punto de que maneja los casinos de Mar del Plata y Tigre, decenas de bingos y miles de tragamonedas. El juez de la quiebra de Ciccone sorpresivamente le arrendó la planta a Boldt y cuando se levantó la quiebra, Lijo dice que el grupo de Boudou accionó para echar a Boldt de la planta. Como clave para fundamentar esa acusación utiliza la declaración de un alto directivo de Boldt, algo que por supuesto la defensa de Boudou objeta como “un testimonio interesado”. El oficialismo siempre vinculó a Boldt con el duhaldismo.

n El quinto paso que según el juez habría dado el grupo de Boudou fue bloquear una licitación en la Casa de la Moneda. El objetivo habría sido que esa entidad estatal no estuviera en capacidad de imprimir billetes y que entonces contratara a Ci-ccone, ya supuestamente en manos del vicepresidente. Boudou niega esto en forma rotunda: afirma que el aval del que habla el juez requería de una ley y que a él nadie le pidió ese aval ni, por lo tanto, jugó ningún papel para bloquearlo. Además, graficó cómo había crecido la producción de la Casa de la Moneda.

n Por último, Lijo dice que Boudou dejó el terreno listo para que se contratara la impresión de billetes de cien pesos en Ciccone. La respuesta de Boudou sobre esto es tajante: la fabricación de billetes la contrata el Banco Central, que tenía total autarquía. Por lo tanto, dicen sus abogados, el vicepresidente no tenía firma ni forma de incidir en esa orden de impresión.

Plata

Una de las claves del caso es de dónde salió el dinero para el rescate de Ciccone. La Cámara Federal ya le dijo al juez que se ocupe de ese aspecto y la cuestión viene siendo planteada por el fiscal Di Lello desde el principio.

Alejandro Vandenbroele –un abogado especialista en concursos y quiebras– afirma que a él lo llamó Guillermo Reinwick, de la familia Ciccone. Le dijo que estaban por perder la empresa e hicieron un convenio, firmado ante escribano: Vandenbroele se ocuparía de conseguir inversores y manejaría la empresa y, a cambio, le darían un cinco por ciento de las acciones, además de unos 7000 dólares de sueldo mensuales. Boudou respalda esa versión y agrega que Vandenbroele consiguió el financiamiento –unos 50 millones de dólares– porque los aportó el financista Raúl Moneta. Y también afirma que parte del dinero lo puso el banquero Jorge Brito, ya que después el management de Ciccone pasó a Máximo Lanusse, un hombre que provenía del Banco Macro, el banco de Brito. Esto último está testimoniado por los empleados de Ciccone.

Un punto clave del acuerdo entre Reinwick y Ciccone es que, con la empresa en marcha, si se devolvía el dinero a los financistas la calcográfica volvía en un 100 por ciento a Reinwick, es decir a la familia Ci-ccone. Todo esto fue expuesto en un escrito presentado por el abogado de Vandenbroele, Germán Soria, hace muchísimos meses.

Lijo no cree en esta versión. Dice que la Cooperativa Marítima, a través de la cual se cursó el dinero, no parece ser la que aportó los fondos. De alguna manera, el magistrado sugiere que el dinero lo puso directamente el vicepresidente, algo que le costará probar. Pero, además, Lijo piensa que toda esta versión del movimiento de dinero es falso, que se armó para tapar la participación del grupo de Boudou. Justamente a eso se refieren los abogados del vicepresidente cuando hablan de que el juez escribió “una versión novelada” o, como le dijo Pirota a este diario, “una novela que surge de poner que los testigos dicen una cosa cuando dicen otra o asignarle teléfonos a unas personas, cuando probaremos que esos teléfonos no son usados por esas personas porque en ese momento ni estaban en la Argentina”.

En cualquier caso, Lijo sostiene en el fallo que la ruta del dinero no le parece sustancial y trata de derivarle algo de culpa al fiscal Di Lello, porque afirma que era el fiscal quien debió investigar ese aspecto y que recién le devolvió ese apartado del expediente en febrero. Di Lello dice que de ninguna manera se le delegó ni esa, ni ninguna parte de la investigación. Como se sabe, en su momento Di Lello se opuso a que Lijo llamara a los Ciccone como testigos: el tiempo le dio la razón, porque finalmente el juez los imputó y nunca debieron declarar bajo juramento como lo hicieron. La defensa de Boudou sostiene que los Ciccone fueron acompañados por un abogado que nunca actuó para ellos, Marcelo Ruiz, y que ese letrado mantiene una estrecha relación con un hermano del juez. El equipo de Boudou marca que fue en ese momento que los Ciccone pasaron de acusados a testigos y hasta a víctimas, pero todo cambió –sobre todo en la noche del viernes– cuando Lijo los acusó de cohecho.

Ahora

Está cantado que todas las partes van a apelar. Rusconi, en nombre de Nicolás Ciccone, porque como lo señaló ayer considera que su defendido fue una víctima del caso. Lijo, en cambio, lo imputa como la cabeza de la coima, los que tuvieron la iniciativa en el delito.

Vandenbroele, a través de Germán Soria, hará lo propio, exhibiendo nuevamente los papeles que acreditan que él hizo un trabajo profesional: salvar la empresa a cambio de honorarios.

Y los abogados de Boudou ya lo anunciaron ayer. Apelarán antes del viernes próximo. Dicen que van a marcar una serie de falsedades en las que incurrió el juez, pero por ahora no quieren dar detalles.

El pronóstico es que la Sala I de la Cámara Federal se tomará varios meses para resolver. Tal vez lo haga antes de fin de año.

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