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En materia económica, lo único que hoy se sabe con absoluta certeza, aquí, es que nada será fácil para la Argentina. Todo puede suceder, como en el ajedrez, según mueva las piezas cada jugador: el gobierno por un lado; y por el otro los fondos buitre y su mejor defensor, el juez neoyorquino Thomas Griesa. Ante el escenario se apiñan diversos espectadores: un pueblo preocupado y en silenciosa expectativa; un gobierno que paga corruptelas y negociados de gobiernos anteriores; una comunidad internacional alarmada pero sin protagonismo; una caterva de políticos y periodistas locales que desean que todo salga mal, y si es posible peor, para este país. La partida viene teniendo una asombrosa intensidad: el miércoles pasado no se sabía qué pasos iban a darse; el jueves los bonistas que entraron en los canjes supieron que el gobierno argentino les pagaba como siempre, girando millones de dólares al banco neoyorquino y deslindando responsabilidades.

Griesa retrucó declarando que ese pago de la Argentina a los bonistas que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 “es ilegal y no va a ser realizado”. Y ante la consulta del banco New York Mellon sobre qué hacer con el dinero ya girado, respondió: “Deberían devolverlo a la Argentina”.

Ya en la noche del viernes, desde el Ministerio de Economía el Gobierno redobló la apuesta: “Argentina paga, Griesa obstruye el cobro a tenedores de bonos”. Y en breve comunicado lo acusó directamente de querer “provocar el default de nuestro país” al pretender “anular el pago ya realizado por Argentina en cumplimiento de los prospectos, los contratos con sus acreedores de la reestructuración y de la ley Argentina”. Y sin eufemismos dijo que “el juez incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitre a precio vil para obtener ganancias siderales”.

Lo que se ve desde cualquier tribuna son tres cosas: a) la decisión del juez de forzar el default de la Argentina; b) la decisión del Gobierno de dar la pelea a fondo, descalificando al juez por su parcialidad y también porque se ha metido en un terreno que no es de su competencia; c) el pánico que produce este asunto en muchos economistas y columnistas nativos.

Ahora se verá, además, si al mundo le importa realmente nuestra suerte o si se somete a los intereses de los buitres. Porque la reestructuración de deuda en 2005 y 2010 fue tan positiva que hoy nadie quiere que el país caiga en default. Esa reestructuración permitió crecer sin ajustes que hubiesen tenido serias consecuencias sociales, en lo interno, a la vez que al casi 93 por ciento de los que entraron al canje les fue bien y desean continuar cobrando en paz.

Claro que se han cometido errores graves en materia económica, como las políticas erráticas en materia antiinflacionaria; la manipulación informativa del Indec; la permisividad con los grandes poderes extractivos que además son destructores del medio ambiente; la absoluta falta de políticas de transparencia y anticorrupción, y varios etcéteras. Pero el balance de los once años que lleva el kirchnerismo en el poder no deja de ser positivo si se lo mira de buena fe. Críticamente, desde luego, pero de buena fe, es imposible no reconocer que este país es hoy abismalmente mejor que el que era hace una década, y dos, y tres y cuatro también. Por eso resulta inconveniente y hasta fastidioso para los opositores, como es lógico, pero no debería obnubilar las mentes de sus dirigencias, como sucede a cada rato.

Por eso, más allá del impresionante odio que el poder mediático ha inoculado en las clases medias, y que se expresa de manera irracional en cacerolazos, comentarios de lectores y algunas redes sociales, corresponde decir que el gobierno argentino ha desarrollado una estrategia que pudo ser cuestionada en lo discursivo –la altanería es un desdichado sello nacional– pero que en los hechos fue y está bien orientada como defensa jurídica y económica.

Mientras tanto, bueno sería, y de toda urgencia, que los poderes Ejecutivo y Legislativo decidieran nunca más ceder soberanía. Ni al Ciadi ni a tribunales neoyorquinos o de cualquier lugar del mundo. Esas claudicaciones, que en tiempos todavía cercanos fueron decididas por funcionarios buitre locales, hoy son insostenibles además de peligrosas. Y también sería saludable y urgente la develación exacta de quiénes, cómo y cobrando qué intereses tomaron la gigantesca deuda argentina del período 1976 a 2001, o sea el cuarto de siglo económicamente más ominoso de nuestra historia.

Seguramente ya no es posible repudiar esa deuda y no pagarla, como pretenden algunas posiciones extremas de la izquierda argentina. Pero sí sería bueno determinar con certeza quiénes fueron los responsables y a la vez declarar que se trata de delitos imprescriptibles.

¿Qué pasará ahora con los buitres? ¿Caeremos en default involuntario? Nadie lo sabe, aunque sí se sabe que en las más apasionantes partidas de ajedrez no sólo el tiempo es decisivo. También la inteligencia emocional, la astuta paciencia, la audacia y la sorpresa determinan las mejores jugadas. Es de esperar que los negociadores argentinos tengan todo eso, lo sigan teniendo, para superar esta tormenta feroz.