La Cámara de Senadores iniciará hoy el debate sobre las modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor, que giró el Ejecutivo y recibió una fuerte resistencia de empresarios y políticos opositores. Las primeras dos iniciativas a discutir serán la creación de un sistema de resolución de conflictos y un observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios. Entre los distintos instrumentos legales para proteger los derechos de los consumidores se destaca la modificación de varios artículos de aquella ley para otorgarle a la Secretaría de Comercio mayores atribuciones para controlar las relaciones de producción y consumo. Estos puntos son los que mayores cruces generaron, aunque todavía no se fijó fecha para su discusión.

El primer proyecto que se discutirá es el que crea una instancia de mediación para resolver los conflictos vinculados con el consumo. El Gobierno también pretende revisar más adelante la Ley de Abastecimiento, aunque en la práctica le daría legitimidad a una norma discutida por las cámaras empresarias porque resultó parcialmente derogada en 1991. El Ejecutivo aclaró que suprimirá disposiciones cuestionadas de aquella norma de 1974, como las expropiaciones, la intervención de empresas, la suspensión de patentes y los arrestos. Esto fue expuesto por el Gobierno como un ejemplo de que, en términos punitivos, la versión a tragarse en el Congreso resultaría más benigna que la normativa actual.

El principal rechazo de los hombres de negocios radica en que, con estas modificaciones, el Estado estaría actualizando la vigencia de una serie de instrumentos con los que ya contaba, con el objetivo de otorgarles una nueva legitimidad.

Asistirán a la Cámara alta funcionarios del Ejecutivo y una serie de asociaciones de consumidores. El segundo proyecto a debatir será la creación del observatorio de precios. Todavía no tiene fecha de tratamiento el proyecto que busca modificar la Ley de Abastecimiento, pero seguramente su debate será introducido en el plenario de comisiones de Derechos y Garantías, Justicia, Industria y Comercio, y Presupuesto. Entre las sanciones se incorpora la figura de la pérdida de concesiones, de los privilegios impositivos o de créditos especiales (con tasa subsidiada).

El gobernador bonaerense Daniel Scioli rechazó que se trate de una iniciativa dirigida a entorpecer la actividad económica, aunque consideró que el tema está abierto a debate. Frente a las críticas que recibió el proyecto, el gobernador recordó que “el propio secretario de Comercio (Augusto Costa) ha dicho que es un tema que está abierto a debate”. “No me imagino a este gobierno, que busca sostener el empleo y la actividad económica, que quiera entorpecer la actividad económica y las inversiones”, aseguró Scioli. Por el contrario, consideró que en este momento el objetivo es cuidar “lo que se ha avanzado”, al tiempo que recordó que la industria automotriz, a la que pertenece Cristiano Rattazzi, uno de los empresarios que cuestiona la iniciativa, “ha batido records de ventas e inversiones” en los últimos años.

Rattazzi había señalado que la idea es retrógrada e inconstitucional. El presidente de Fiat Argentina aseguró que el proyecto es un intento “por copiar a Venezuela, y esto no le hace bien al país”. El también vicepresidente de la Unión Industrial aseguró que el paquete de leyes va “en contra de los tiempos”. A las criticas se sumaron los precandidatos a presidente del Frente Amplio Unen, Hermes Binner y Julio Cobos. Binner dijo que “en el actual contexto, la aplicación de este proyecto puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores”. “Necesitamos promover inversiones genuinas en un marco de certidumbre y protección del empleo, para lograr volver a poner en marcha a la industria nacional”, dijo. Por su parte, Cobos señaló que “el verdadero abastecimiento se logra con un gobierno promotor de la inversión, que genere empleo a partir de reglas claras y previsibles que restablezcan la confianza”. El diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá consideró que la ley es un “engaña pichanga”, que le permite al Gobierno meterse en todos los temas económicos adentro de las empresas.