La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FPDL) elevó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una cautelar para que suspenda el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa contra la Argentina. Los letrados del organismo interdisciplinario interpusieron esa medida apelando al artículo 25 del reglamento de la comisión, el cual establece la posibilidad de suspensión de sentencias con el objetivo de proteger a personas “siempre que el beneficio o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo u organización”. La iniciativa surge a partir del reclamo que hizo en una entrevista a este diario Daniel Herrendorf, consultor de Naciones Unidas, quien había señalado que esa acción era más adecuada que una presentación ante el tribunal de La Haya.

La CIDH integra la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya carta principal fue ratificada por los Estados Unidos el 19 de junio de 1951, lo que implica que la instancia es pertinente.

Herrendorf había explicado que esta presentación ante la CIDH permitiría recomponer la cautelar de la sentencia de Griesa. Los técnicos de la fundación comenzaron a trabajar de inmediato en la idea y en la medianoche del domingo giraron el pedido a la comisión. “Mañana (por hoy) habrá una reunión con el abogado que trabaja con la fundación para este tipo de presentaciones y se espera un encuentro en breve con las autoridades de la comisión”, explicó a Página/12 el integrante de la FPDL Alejandro Alvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, doctorando en Economía y docente de la Universidad de Buenos Aires. La presentación en Washington lleva la firma de los abogados Luisa Fernández Castañeda Quintana y Carlos Julio Vargas Velandia.

“La diferencia con el camino ante La Haya es que Estados Unidos ya había aceptado a la comisión para instancias internacionales. La CIDH tiene competencia para establecer una medida cautelar sobre la sentencia de la Justicia de Estados Unidos”, explicó el economista. Este pedido, tal como había señalado Herrendorf, podría haberlo iniciado el país, un organismo público, privado e incluso un particular. Según agregó el economista de la entidad interdisciplinaria, la Argentina “cuenta con grandes ventajas para presentarse ante esta comisión interamericana”, debido a que “muchas naciones e individuos con influencia en el mundo de la política y de la economía manifestaron sus diferencias en relación con la decisión del juez Griesa”. Ese escrito de 36 carillas hace especial hincapié en el perjuicio irreparable que ocasionaría un default.

“Para honrar sus obligaciones económicas y financieras internacionales e internas implementó durante los años 2005 y 2010 un proceso de reestructuración soberana de su deuda externa, logrando acuerdos de pagos con el 92,4 por ciento de sus acreedores, proceso que fue internacionalmente avalado por el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, entre otros”, reseña la presentación, la cual establece que “el daño que se ocasione será irreparable con la posibilidad de la pérdida de vidas y atraso de un país por décadas”. Es por esto que el escrito solicita a la comisión que “se profieran medidas cautelares a favor de miles de víctimas, representadas en diversos grupos poblacionales”, y al gobierno de Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para que no se ejecute la sentencia de Griesa.

El escrito detalla que el fallo en favor de fondos buitre, que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares por sus tenencias de bonos defaulteados en 2001, generará “una crisis de Estado sin precedentes, con la consecuente violación masiva y sistemática de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. En cuanto a la competencia de este espacio, recuerda que las ofertas de canje de deuda en 2005 y 2010 no habrían sido posibles sin la “intervención necesaria de distintos órganos gubernamentales de los Estados Unidos, tales como la Securities and Exchange Commission (SEC)”. Esta comisión de valores estadounidense revisó las propuestas del canje y emitió en ambos casos sendas notificaciones de efectividad en el registro de los documentos, que habilitaron la operación.

Según el texto, los buitres se encuentran en posesión de aproximadamente un 1,6 por ciento del total de la deuda, aunque esas tenencias posibilitaron a NML (propiedad de Paul Singer) y a otros fondos buitre desplegar una estrategia de “acoso judicial” con epicentro en los Estados Unidos. La fundación estima que las consecuencias prácticas son el incremento de la tasa de interés o la falta de disponibilidad de determinadas líneas de crédito para financiar importaciones o fondear los proyectos de inversión que requiere el país, lo que dificultaría los planes de YPF y afectaría negativamente el crecimiento económico. “Ese cúmulo de situaciones llevaría al país a una devastadora desprotección del conjunto de derechos humanos del pueblo argentino”, concluye.