La Cámara de Diputados estaba por convertir en ley, al cierre de esta edición, la nueva moratoria previsional para que más de 500.000 personas accedan a un haber jubilatorio. Tanto el Frente para la Victoria (FpV) como las distintas fuerzas de la oposición, UCR, PRO, Unen y Frente Renovador, entre las principales, expresaron su respaldo para aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, tal como ocurrió antes en el Senado. Sin embargo, la UCR, Unen, el Frente Renovador y el PRO cuestionaron algunos artículos en la votación en particular. “La ley promovida por el Poder Ejecutivo implica el acceso del ciento por ciento de los adultos mayores al derecho de la jubilación. El sistema previsional argentino es, lejos, el mejor de América latina, porque tenemos la mejor mínima, la mejor media, el mejor sistema de movilidad y la mayor cobertura”, sostuvo Juan Carlos Díaz Roig, miembro informante del oficialismo.

La moratoria se pagará en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50 por ciento. El monto de las cuotas no podrá exceder el 30 por ciento del haber jubilatorio que pasará a cobrar quien se anote en la moratoria (ver aparte).

El diputado nacional Martín Lousteau (Suma+Unen) manifestó que si bien la ley de moratoria tiene un fin “loable”, el sistema previsional “es 150 veces más generoso con aquel que no hizo sus aportes que con quien hizo sus aportes regularmente”. “El sistema tarde o temprano tendrá inconvenientes de solvencia y otra vez vamos a defraudar a los jubilados”, auguró el ex ministro de Economía.

Sus palabras poseen el eco del debate por la movilidad jubilatoria, cuando los dirigentes opositores auguraban que la fórmula elegida no tardaría mucho en arrojar un número negativo para los adultos mayores. En cinco años, la movilidad acumuló un incremento superior a la inflación medida por las consultoras privadas y mayor que el índice de salarios de los trabajadores privados (ver aparte).

“El tema de la cobertura previsional de los adultos mayores es una de las marcas más altas de inclusión a nivel mundial. Creo que sólo un gobierno verdaderamente preocupado por la situación social y por la inclusión toma este tipo de iniciativas, que no sólo están inspiradas en cuestiones de equidad, sino que se hacen con el profundo convencimiento de que estas políticas tienen además un impacto altamente positivo para toda la economía”, esbozó Carlos Heller (Nuevo Encuentro-FpV).

En la década del ’90, cuatro de cada diez abuelos quedaron excluidos del sistema de la seguridad social como consecuencia de las políticas neoliberales, cuyo resultado fueron una disparada del desempleo y la precarización laboral. A los dos años de la asunción de Néstor Kirchner se lanzó la primera moratoria jubilatoria que permitió incorporar a 2,8 millones de adultos mayores. Ese plan había establecido como fecha límite para regularizar la deuda previsional el año 1993. Pero como entre el período 1993-2003 se registraron los mayores índices de desi-gualdad social, esta segunda etapa de la moratoria amplió la fecha de corte a 2003.

“Vemos con beneplácito este proyecto por la inclusión. Pero son parches a la ley, que desde su sanción viene siendo modificada constantemente. Estoy de acuerdo con un sistema de reparto, pero creo que es necesario reformar el sistema previsional que actualmente no incluye a todos los que debería, sobre todo en un contexto económico debilitado”, aseveró Mirta Tundis (FR).

La prioridad en esta moratoria la tendrán los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que el sistema prevé un exhaustivo control para determinar que aquellos que accedan a este beneficio no tengan realmente la capacidad contributiva para regularizar su situación de otra manera. Los potenciales beneficiarios deberán completar una declaración jurada ante la AFIP.

Desde la Anses aseguraron que el trámite será sencillo y que los potenciales jubilados no necesitarán contar con un gestor. El nuevo plan apuntará especialmente a incluir a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30 por ciento más pobre de la población.

Esta distinción que realiza el proyecto, con el objetivo de llegar a los deciles más vulnerables de la población, fue interpretada por la oposición como “un acto discrecional del Ejecutivo”. “No estamos de acuerdo con la discrecionalidad que se les da a los funcionarios para determinar quién puede participar de la moratoria y quién no, porque ella puede dar lugar a que los potenciales beneficiarios sean manipulados al amparo de estas atribuciones”, manifestó el macrista Federico Sturzenegger.

El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) coincidió con la crítica esbozada por el ex presidente del Banco Ciudad y adelantó su aprobación en general pero cuestionó el artículo que especifica que sólo podrán acceder a la moratoria aquellos que no tengan los recursos suficientes como para afrontar el pago completo de una deuda previsional.

“Se beneficiará a los tres deciles más pobres de la sociedad. En 2003, tenía derecho jubilatorio un 23 por ciento de los hogares del primer decil. Con la moratoria lo llevamos al 51,6, pero todavía falta mucho”, había advertido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al momento de anunciar el lanzamiento de la nueva moratoria.

El Partido Obrero también adelantó su acompañamiento al proyecto, aunque con rechazos en la votación en particular. Por un lado, coincidió con el PRO y otras fuerzas opositoras en rechazar la atribución que tendrá el Poder Ejecutivo para determinar quién puede ingresar a la moratoria o no.

Esta distinción se agregó para llegar a los sectores más vulnerables y para corregir errores de las otras moratorias, que habían permitido el ingreso de muchas personas con altos recursos, tal cual explicó Diego Bossio, titular de la Anses, en sus distintas visitas al Congreso.

La moratoria de 2005 no permitía que los pensionados –por ejemplo, una viuda que cobraba la jubilación de su difunto marido– accedieran al beneficio. Ahora será posible tramitar la propia jubilación además de la pensión, aunque ésta no deberá superar el monto del haber mínimo. “Todos los sistemas previsionales encuentran una opción: la de favorecer privilegios sectoriales o la de favorecer la inclusión social. El Gobierno se inclinó por la segunda”, concluyó Díaz Roig.