“Nunca hemos tenido respuesta por parte de la Justicia, en estos doce años hemos visto claramente la falta de voluntad política y judicial, y por eso este pedido de desarchivo de la causa es un paso importante.” Lo dijo Alberto Santillán, el padre de Darío, durante una conferencia de prensa en la cual familiares y compañeros de los piqueteros asesinados durante la masacre de Avellaneda anunciaron que solicitarán la reactivación del expediente que investigó las responsabilidades políticas de aquel procedimiento represivo que culminó con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Bonaerense.

“Y lo hacemos porque este pedido desnuda la incapacidad del juez (Ariel) Lijo para investigar hasta las últimas consecuencias”, agregó. La conferencia de prensa se hizo al cumplirse doce años y dos meses de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2002 en la estación Avellaneda, que ahora lleva el nombre de los dos jóvenes asesinados cuando fueron reprimidos por policías que pretendían impedir una protesta piquetera en el Puente Pueyrredón.

Del acto participó Vanesa Orieta, hermana del desaparecido Luciano Arruga, quien acompañó el reclamo del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas que el 26 de cada mes vuelven a la calle. “La lucha y las vidas de Darío y Maxi no van a ser tiradas a la basura, estamos dispuestos a meter presos no sólo a los autores materiales, sino también a los responsables políticos de las causas”, dijo Orieta. En tanto, Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, aseguró: “Nuestro trabajo irá encaminado hacia desenmascarar esas actitudes hipócritas por las cuales hasta hoy no sabemos por qué ni cómo determinaron que se debía disciplinar a estos compañeros, vamos a trabajar en función de eso, para tratar de exponer la actitud vil que han tenido estos gobernantes para con el pueblo”. Participaron también de la conferencia de prensa Leonardo Santillán, hermano de Darío y militante del FPDS; el artista Vicente Zito Lema y Enrique “Cachito” Fukman, ex detenido-desaparecido.

“A más de doce años de la masacre que se llevó la vida de Darío y Maxi, denunciamos que la impunidad con que el gobierno de Duhalde la planificó y ejecutó en Avellaneda el 26 de junio de 2002 se mantiene hasta hoy, porque los responsables políticos de la represión, tanto del oficialismo como de la oposición, siguen en la arena política: Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Solá, Alfredo Atanasoff, Juan José Alvarez, Jorge Vanossi, Jorge Matzkin, José Genoud y Oscar Rodríguez”, expresó el FPDS.