En sesión especial, el Senado se disponía a votar en la madrugada la reforma de la Ley de Hidrocarburos, para darle media sanción y girarla a Diputados, tras un intenso debate con la oposición que le dio la espalda al proyecto del Ejecutivo. A partir de esta norma, cuya redacción final contó con el acuerdo de las provincias petroleras, se adaptará la legislación a las nuevas formas de exploración y explotación unificando criterios entre los diferentes distritos. Además, le permitiría a YPF, la petrolera de mayoría estatal, mejorar las condiciones para atraer inversiones de eventuales empresas asociadas.

El senador Marcelo Fuentes, como miembro informante por el Frente para la Victoria, abrió el debate defendiendo el proyecto, en un discurso en el que vinculó la independencia y la soberanía energética con el actual conflicto con los fondos buitre, reclamando a la oposición que “se sincere y aclare a qué intereses representa” cuando rechaza la aprobación de la iniciativa. El embate del senador neuquino fue respondido por el radical Ernesto Sanz, quien señaló que la oposición “no tiene por qué responder a qué intereses defiende” y consideró, en cambio, que el punto es que “hace mucho tiempo que en Argentina no hay estrategia nacional ni plan de energía y autoabastecimiento”. “Tan negativo ha sido el Estado ausente como el Estado ineficiente”, planteó.

Por su parte, el senador del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra adelantó el voto negativo de su bancada, pese a que el proyecto fue consensuado por el gobernador Jorge Sapag, del mismo sector político. Pereyra, que además es dirigente petrolero y titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, argumentó que “el proyecto refleja improvisación”, señaló que modifica “los roles de las provincias” en los contratos y concesiones, y limita sus facultades para cobrar impuestos desconociendo los derechos que le otorga la Constitución Nacional.

Los dichos de Pereyra fueron refutados por el kirchnerista santacruceño Pablo González, quien recordó que “ahora las provincias son parte de YPF” y que, por lo tanto, mal podría decirse que iban a ser dejadas al margen.

El único planteo de abstención –hasta el cierre de esta edición– había sido formulado por la legisladora del MPN Lucila Crexell, que por un lado reconoció “la enorme trascendencia de la ley”, pero por otro cuestionó que “los senadores no tuvimos participación en su redacción”.

El proyecto establece distintos plazos de concesión de acuerdo con las características de cada explotación, según se trate de yacimientos convencionales, no convencionales o costa afuera (off shore). También les fija tope a las regalías con las que las provincias participan de los resultados económicos de las explotaciones, uno de los puntos que era cuestionado por la Ofepphi, organización que reúne a las diez provincias con recursos petroleros y gasíferos en el subsuelo. Pero, finalmente, se arribó a un acuerdo entre las provincias y el Ejecutivo nacional en base a modificaciones parciales sobre el proyecto original.

“La ley atraerá inversiones y tecnología, y el argumento del conflicto entre las provincias productoras de hidrocarburos y el gobierno nacional quedó carente de todo fundamento”, sostuvo Fuentes al defender el proyecto. Según diversas fuentes, se necesitarían al menos 20 mil millones de dólares de inversión en los próximos años para aspirar al autoabastecimiento de gas y petróleo antes de 2020. El plan que formulara la conducción de YPF, al producirse la recuperación de la empresa para el Estado nacional y la asunción de Miguel Galuccio como CEO, establecía una proyección de inversiones de 35 mil millones de dólares, fundamentalmente con capitales asociados del exterior. La petrolera nacional cumpliría el rol de orientador de las inversiones y, por tanto, garante de la ejecución del plan, tarea para la cual requirió las reformas que anoche avanzaban hacia su media sanción.