“El machete es como la birome nuestra. Es lo que nos dio de comer durante 40 años. Ahora una máquina hace el trabajo de cuatro personas. Pero por suerte este proyecto nos incluye a todos. Los que cosechaban a mano trabajan en la fábrica, y otros, como es mi caso, les brindamos servicios con una cooperativa.” Carlos Farfán tiene 58 años y observa con atención las anotaciones que realiza este diario. Desde hace cuatro décadas está vinculado con el Ingenio La Esperanza, y en su relato puede apreciarse el derrotero de un emprendimiento productivo fundado en 1883 que pasó sus últimos diez años de crisis en crisis, producto de la desidia empresaria. En diciembre de 2012, el Estado nacional, junto a la provincia de Jujuy, tomó la decisión de hacerse cargo del ingenio, estableció una gerencia general que funciona como una intervención, le devolvió sus capacidades productivas, se crearon microrregiones para aprovechar las 70.000 hectáreas del ingenio y se negoció con los empresarios Hugo Sigman (Insud), el grupo económico Benicio de José Cartellone y MSU de Manuel Santos de Uribelarrea para que se hagan cargo de la empresa una vez resuelta la quiebra y la compra de las acciones a sus anteriores dueños, Hugo Jorge y José Oscar Figueroa.

Las 70.000 hectáreas del Ingenio La Esperanza comprenden, además de las plantaciones de caña y los bosques (yungas y bosques chaqueños), tres pueblos, San Pedro, Arrayanal y La Esperanza. Cada vez que una nueva administración se hacía cargo del ingenio, la frase más escuchada era “¿hasta cuándo se van a quedar?” Lo que modificó la percepción general de la población y los trabajadores fue la nueva cotidianidad del olor dulce intenso, agrio por momentos, que suele invadir el gran pórtico que da entrada a la fábrica del ingenio. El humo negro de las chimeneas se convirtió en la mejor noticia para las 80.000 personas que viven en San Pedro, los 1400 empleados del ingenio y otras 600 personas que pasaron a integrar proyectos productivos en las propias tierras de La Esperanza.

En 1990, el ingenio producía 118.887 toneladas de azúcar, el 8,90 por ciento del total generado en el país. En 1999 había descendido a 63.973 toneladas. Este fue el año de la quiebra, que aún continúa. En 2013, la producción fue de tan sólo 42.241 toneladas. El último administrador fue el Grupo Roggio, que decidió abandonar antes de tiempo el establecimiento sin hacer uso de la posibilidad de compra de las acciones.

Su excusa fue la alta “conflictividad social” que se vivía dentro del ingenio, en parte cierta, pero que en el fondo era un reflejo de los trabajadores hacia la lógica “extractiva” de los gerenciadores. Un ejemplo: los Roggio certificaron la producción de azúcar orgánica a nombre de Benito Roggio y no del ingenio. Cuando tomaron la decisión de irse, quisieron venderle esa certificación al Estado nacional. Es decir, habían ideado un esquema comercial para nutrir a su grupo empresario en detrimento de un proyecto de largo plazo.

“Conmueve el ruido del ingenio, conmueven los cascos de los más de 1000 trabajadores que dependen de esta empresa, si bien será una empresa difícil, lo que no será es una empresa imposible, porque los imposibles sólo son para los mediocres”, había señalado Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2013, en ocasión de la reinauguración de la fábrica. El Ingenio La Esperanza fue el primero en iniciar la zafra mecanizada, en la década del ’70, pero el último en terminarla. La mecanización total de la cosecha comenzó recién este año. Atrás en el tiempo quedó la cancha de golf que fue exclusiva para los antiquísimos dueños del ingenio, la familia Leach. Y las ruinas del viejo club social, construido con toda la ornamenta inglesa de la época, dejó de ser el epicentro de la desidia. Hoy la fábrica es una ciudad de caños, tanques de almacenamiento, galpones colmados, ruido y olores almibarados. También es la marca de un proyecto que volvió a funcionar.

El Estado nacional se hará cargo de la gestión hasta tanto la quiebra quede resuelta. Interviene a través de la Unidad de Cambio Rural (UCAR), que depende del Ministerio de Agricultura. Actualmente, los trabajadores del ingenio son 1415, con un sueldo promedio de bolsillo de 13.000 pesos. A partir de la mecanización, muchos cosecheros quedaron afuera del proceso productivo, pero lejos de ser desempleados formaron dos cooperativas para brindarle servicios al ingenio, o comenzaron a desarrollar sus propios procesos productivos, como la cría de ganado ovino, porcino, la horticultura o actividades forestales.

“Junto a varios compañeros estuvimos analizando la cuestón y optamos por independizarnos. Hicimos dos cooperativas: Costa Azul y Unidad Popular. El Gobierno nos prestó las tierras por diez años y nos financió dos máquinas de producción integral. Fue un gran avance para nosotros”, narró Farfán, quien además de cañero fue dirigente sindical dentro del ingenio y máximo responsable del gremio de los trabajadores cañeros en la provincia.

Farfán también formaba parte de los llamados “cuartas”, que eran una especie de contratistas que tenían a su cargo a otros cañeros, muchas veces sus propios familiares, que desempeñaban sus labores en condiciones extremadamente precarias. Los “cuartas” fueron los que más oposición presentaron al cambio tecnológico dentro del ingenio.

“Esto es como la película Good Bye Lenin (N.d.R: film que cuenta la historia de una mujer en estado de coma que vivía en la Alemania comunista y despierta con la caída del Muro de Berlín ya consumada). Después de muchos años de desidia, el ingenio cambió de la mano del Estado. Pasó a ser otra historia, otra escenografía. El trabajo con machete no existía más, pero nadie quedó sin trabajo”, explicó Antonio Morlio, responsble de la UCAR en Jujuy, quien también lleva adelante los proyectos de microrregiones, que servieron para mejorar las condiciones de vida de los ex cuartas.

El Estado nacional ya invirtió 110 millones de pesos y ofreció financiamiento internacional, vía BID y Banco Mundial, para las microrregiones.

En 2014, el ingenio terminará con una producción de 60.000 toneladas de azúcar y para 2015 esperan alcanzar las 90.000 toneladas. El ingenio tiene en carpeta un proyecto para producir bioetanol, aunque para que eso ocurra, primero debería resolverse la quiebra y que los empresarios Sigman, Cartellone y Santos de Uribelarrea asuman el control de la compañía. El compromiso del Estado nacional y provincial es permanecer en la gerencia hasta tanto quede resuelta la quiebra.

“Nuestro trabajo antes era a destajo, cobrábamos por toneada. Cada uno de nosotros hacía más o menos 7 toneladas por día. Estábamos entre 8 y 10 horas, bajo el sol o la lluvia. Siempre veníamos al campo, de eso dependía nuestro salario. Pero se puede cambiar. Muchos cosecheros pasaron a planta permanente. Otros nos independizamos. Yo le di a mi hijo la oportunidad que sea maquinista”, concluyó Farfán.

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