“La acumulación de reclamos por 4700 millones de dólares en el juzgado de Thomas Griesa para acceder a la misma sentencia que los buitres nos da la razón: pagarles a los fondos encabezados por NML Capital como afirmaban los propios demandantes y como reclamaron supuestos especialistas y políticos opositores no sólo era imposible, sino que tampoco solucionaba el conflicto”, afirmó ayer a Página/12 un colaborador del ministro de Economía, Axel Kicillof. El berenjenal generado por la sentencia y órdenes del tribunal de Nueva York habilitó en las últimas semanas que un creciente número de acreedores carroñeros –incluso con sentencias monetarias firmes en otros tribunales– se presenten ante el juez para solicitar el mismo tratamiento preferencial ofrecido a los buitres. Para el equipo económico, esa vía “dificulta seriamente” cualquier conversación potencial que emerja cuando se evaporen las restricciones legales para negociar.

Ese diagnóstico fue transmitido el jueves en una carta enviada al magistrado por el estudio de abogados Cleary, Gotlieb Steen & Hamilton, que representa a la Argentina. “Las sentencias de pari pa-ssu no pusieron fin a los litigios, como aseguraron a la corte los demandantes. Por el contrario, como argumentó en todo momento Argentina, las medidas tuvieron el efecto contrario y durante cuatro meses impidieron que los bonistas del canje reciban sus pagos”, advierte la carta enviada el jueves que lleva la firma del abogado Carmime Boccuzzi. La misiva de los abogados contratados por Argentina representa una respuesta al letrado buitre del fondo NML, Robert Cohen, quien señaló que, además de los 1600 millones de dólares ya sujetos a la orden pari pa-ssu, existen otros 102 demandantes –con y sin sentencia en sus respectivas causas iniciadas años anteriores– que solicitarán “reparaciones” idénticas. A través de un comunicado difundido ayer, el Ministerio de Economía enfatizó esa posición al señalar que esa avalancha de reclamos “demuestra los desastrosos efectos de la orden pari passu” del juez Thomas Griesa.

Por eso, desde el equipo económico reiteraron a Página/12 el reclamo para que el tribunal estadounidense abra una mesa de negociación con el 7,6 por ciento de los buitres y holdouts que no participaron del canje para encontrar una solución en condiciones “justas, equitativas, legales y sustentables”. “Queremos negociar con todos nuestros acreedores, pero extenderles el defectuoso remedio de pari passu inventado por el juez dificulta cualquier discusión que se pueda abrir cuando se levanten los impedimentos legales”, explicaron fuentes de Economía. De todos modos, hasta que la cláusula RUFO no venza –obliga a extender una mejor oferta a todos los acreedores–, la posibilidad de cualquier negociación está clausurada.

Los funcionarios del Palacio de Hacienda advierten que facilitar a los denominados “yo también” (“me too”, en inglés) el poder otorgado a los buitres es perjudicial y, fundamentalmente, económicamente imposible de cumplir. Extender las condiciones financieras de NML Capital a esos acreedores podría incrementar el reclamo a una cifra que oscilaría entre 12.000 y 24.000 millones, dependiendo cómo se calculen los intereses. La amplitud del guarismo se debe también a que entre el 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que no ingresaron al canje hay, por ejemplo, algunos que ya lograron sentencias favorables en otros tribunales y ahora buscan que Griesa les extienda el tratamiento pari passu.

“No puede ser equitativo intentar obligar a la República –cuyas reservas son aproximadamente de 28 mil millones de dólares y deben ser utilizadas para fines macroeconómicos estratégicos– a hacer lo imposible y pagar íntegramente la deuda en manos de los holdouts”, advierte la carta del estudio de abogados para recordarle al juez que gran parte de esos pasivos fueron “adquiridos con un importante descuento en el mercado secundario con el único objetivo de extraer por la vía legal mejores condiciones que la amplia mayoría de los acreedores que participaron de la reestructuración”.