La Cámara en lo Penal Económico negó a la jueza María Verónica Straccia su pedido de inhibición en la causa por las cuentas ocultas de los argentinos en Suiza. La magistrada había alegado que su cónyuge trabaja como abogado de Cablevisión, empresa que figura entre los nombres con dinero en la sucursal del HSBC en Ginebra. Sin embargo, la Cámara consideró que “el motivo invocado por Straccia no afecta su imparcialidad”. En su presentación, la AFIP solicita que vía exhorto la Argentina le pida a Suiza el resto de los datos de los contribuyentes en las entidades bancarias del país helvético.

A fines de noviembre, la AFIP ratificó su denuncia ante el Juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de Straccia. El organismo acusa al HSBC de montar “una plataforma ilegal con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir impuestos”. La denuncia fue realizada por “asociación ilícita” contra el HSBC Argentina y tres de sus directivos: Gabriel Martino, presidente; Simon Martin, ejecutivo en una filial del exterior, y Miguel Angel Estevezel, responsable del área legal y director del banco. La plataforma a la que se refiere la AFIP también alcanza a las entidades HSBC Private Bank (Suisse) y HSBC Bank USA National Association.

Pero la acusación del organismo también afecta a los 4040 nombres de titulares o apoderados de las cuentas en el exterior bajo la figura de asociación ilícita, “porque hay una construcción de parte del banco, los intermediarios y representantes junto a los propios contribuyentes para ocultar activos a la AFIP”, explicó Ricardo Echegaray, titular de la AFIP.

Entre los personajes involucrados en la denuncia está Amalia Lacroze de Fortabat, ex dueña de Loma Negra, quien falleció en 2012; su nieta, Amalia Amoedo; Raúl Moneta, ex dueño del Banco República y actual empresario de medios; Sebastián Eskenazi, ex presidente de YPF en la gestión de Repsol; Gustavo Grobocopatel, conocido como “el rey de la soja”; Natalio Garber, ex dueño de Musimundo; Alfredo Roemmers, vinculado con Laboratorios Roemmers, y Roberto Busnelli, vinculado con Asatej, entre otros.

También figuran las ahora fusionadas Multicanal y Cablevisión, con los nombres de cinco directivos de esta última: Mariano Ibáñez, presidente de la empresa, y los miembros del directorio Sebastián Sánchez Sarmiento, Alberto González Baruki, Alejandro Urricelqui y Carlos Moltini. Enseguida, Cablevisión afirmó que sus cuentas en Suiza están declaradas y anunció que iniciaría acciones contra la AFIP. Otro alto ejecutivo denunciado, del directorio del Grupo Clarín y de Cablevisión, es Pablo Casey.

Cuando recibió la causa, Stra-ccia informó que su cónyuge es abogado de Cablevisión y planteó que eso ponía en juego su imparcialidad. El juez López Biscayart rechazó ese pedido y la decisión final quedó en manos de la Cámara, que ayer se expidió. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico sostuvo que la decisión de la magistrada fue “prematura”. Los camaristas Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Nicanor Repetto destacaron, además, que del expediente “no surge” que el cónyuge de la jueza haya sido propuesto y designado para ejercer la defensa técnica de ninguno de los denunciados. Explicaron que “las motivaciones para que un magistrado se aparte de una causa deben ser graves y tener una entidad de magnitud tal que, valoradas por el intérprete en forma objetiva, permitan apreciar el peligro de un juzgamiento alejado del mandato de imparcialidad”.

La AFIP había criticado en su momento el accionar de la Justicia. “Le entregamos toda la documentación a la jueza porque venía investigando al HSBC en otra causa y lo único que hizo fue mandársela a la Cámara, mientras que López Biscayart nos impuso una serie de medidas que son de cumplimiento imposible, como por ejemplo determinar cuál sería toda la deuda de los titulares de esas cuentas”, cuestionó Echegaray la semana pasada. La Cámara dispuso, entonces, que Straccia continúe participando en la causa principal que se configuró por la denuncia de la AFIP.