El juez de Nevada Cam Ferenbach, que está investigando a 123 empresas supuestamente vinculadas con el empresario Lázaro Báez a pedido de los fondos buitre, postergó ayer una definición sobre quiénes tendrán acceso a la documentación disponible en el expediente. En una breve audiencia, el magistrado dispuso que las partes discutan qué hacer al respecto y autorizó a representantes del Grupo Clarín a formar parte de ese debate.

Los fondos buitre obtuvieron los datos de estas compañías a través de Carmen Amunategui, considerada como “testigo clave” por su supuesta participación en la apertura de dichas empresas en Panamá. En las últimas horas, los abogados de Amunategui habían presentado un escrito para que dicha audiencia sea privada, pero el periodista Jorge Lanata, que denunció en su programa PPT la llamada “Ruta del dinero K”, también presentó un escrito ante el juez de Nevada para que la audiencia sea pública.

La testigo Amunategui le dijo al magistrado, a través de otro escrito, que las intenciones del periodista eran utilizar la información allí vertida para sus fines “profesionales”, en detrimento del avance de la causa. A su vez, el objetivo de los fondos buitre sería utilizar la información que pueda surgir de ese expediente para que el gobierno nacional se vea “presionado” a pagar la sentencia del fallo del juez neoyorquino Thomas Griessa.