Las reestructuraciones de deuda tal como se han realizado hasta ahora no funcionan más. Ese es el piso de consenso que gobiernos, empresarios, trabajadores y la academia comparten. Y a nadie le pasa desapercibido el caso argentino después del polémico fallo del juez Thomas Griesa. “Argentina no es una excepción, es el síntoma de un sistema que está enfermo. Se necesita un marco legal internacional que defina los términos de las reestructuraciones. Las propuestas que surgen de parte del sector privado mejoran en parte la situación, pero están lejos de resolverla”, explica Martín Guzmán, el argentino que encabeza el grupo de investigación en reestructuraciones junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Ese equipo es para la ONU la primera referencia en su proyecto de armar un nuevo escenario de reestructuraciones de deuda, por delante de las discusiones que se llevan a cabo en el G-24 y en el FMI. Guzmán explicó ayer en una conferencia en el Banco Central las claves del proyecto en estudio.

“Argentina no es una excepción, es el síntoma de un sistema que tiene fallas porque se basa en el enfoque contractual privado. El fallo de Griesa hace que las reestructuraciones de deuda sean algo imposible, incentiva el comportamiento buitre y desincentiva la adhesión a los canjes. Tiene un efecto ‘ineficiencia’, porque las economías no podrían crecer y contarían con recursos ociosos, y otro de ‘inequidad’, ya que afecta principalmente a las economías que tienen más chances de tener crisis de deuda, que son las más volátiles. Como las reestructuraciones serían imposibles, el costo del endeudamiento aumentaría más para esos países emergentes”, comenzó Guzmán la presentación de su trabajo “Reparando las reestructuraciones de deuda soberana”, de coautoría con Stiglitz, quien ganó el Premio Nobel en economía en 2001. La cita tuvo lugar ayer por la tarde en el BCRA.

La cuestión de la deuda externa volvió a la mesa de discusión con la crisis internacional que comenzó en 2008, en particular a partir de las severas dificultades económicas de los países del sur de Europa, como Grecia, España, Portugal, Italia y también Irlanda. Frente a deudas gigantescas en una suerte de moneda extranjera (porque el euro lo emite con mano de hierro el Banco Central Europeo) y economías estancadas por la baja competitividad de la moneda comunitaria, la “troika” acudió al “rescate” con angustiosos planes de austeridad fiscal. “Las actuales reestructuraciones de deuda resuelven el pago en el corto plazo, pero no la sostenibilidad. Por eso la reestructuración de Grecia no significó nada desde el punto de vista de la recuperación económica”, explica Guzmán.

Martín Guzmán lidera junto a Stiglitz el grupo de investigaciones sobre reestructuraciones de deuda en el instituto Iniciativa para el Diálogo de Políticas de la Universidad de Columbia. Desde ese organismo se lidera el esfuerzo académico para diseñar nuevos mecanismos formales para mejorar los procesos de reestructuración de deuda, junto al CIGI de Canadá, el G-24 y el FMI, cuyos especialistas en su momento ya entrevistó este diario. Es que el tema de las reestructuraciones se volvió casi ineludible a partir de la situación argentina, y eso quedó reflejado en la votación en la ONU para elaborar un nuevo marco de funcionamiento de esas reestructuraciones.

La voracidad (e incluso la insensatez) que muestra el sistema financiero internacional no nació de un repollo. Guzmán indicó que un primer antecedente se encuentra en la sanción en Estados Unidos de la Foreign Sovereign Inmunities Act –ley de inmunidad de soberanos extranjeros– en 1976, que definió las condiciones para que la Justicia norteamericana juzgue a un Estado. Pero tal vez el factor fundamental en esta historia es la eliminación en 2004 por parte de la Legislatura neoyorquina de la doctrina Chamberty, que establecía que no se podía comprar deuda en default para luego litigar contra el emisor, que es exactamente el comportamiento que define a los fondos buitre. “De ahí en más el mundo busca una solución para esto. Se presentan dos enfoques. Uno es la ICMA –Asociación Internacional de Mercado de Capitales–, que cuenta con el apoyo del FMI, y la otra es el de Naciones Unidas (ONU)”, señala Guzmán.

A continuación, el especialista detalló de qué se trata cada propuesta. El ICMA propone una redefinición de los contratos de emisión de los bonos. Sugiere en principio una forma de resolver los inconvenientes de las cláusulas de acción colectiva (CAC). Las CAC establecen que si determinado porcentaje de los bonistas aceptan condiciones de un canje, todos los demás, de manera forzosa, también lo hacen. El problema, explica Guzmán, es que ese cálculo se hace en la actualidad (aunque las CAC estaban en los bonos argentinos defolteados en 2002) por cada serie de bonos en particular. Pero en un default puede llegar a haber cientos de series de bonos involucradas. Entonces, si una serie no alcanza el porcentaje que exige la CAC, se cae toda la reestructuración. El ICMA sugiere una forma adicional de “agregación”, en la cual habría una CAC por bono y otra total. Por ejemplo, del 75 por ciento en cada emisión y del 66 por ciento en la totalidad de la deuda. “Esto pone un freno al comportamiento buitre y sin dudas es un avance. Pero, ¿resuelve todo? No”, afirma Guzmán.

Enumeró una serie de problemas. Uno de ellos es la “equidad entre acreedores”, porque podría pasar que un bonista con privilegio para cobrar termine aceptando las condiciones impuestas por otro sin esa prerrogativa. Eso tendría impacto sobre el financiamiento de las economías emergentes, puesto que son estos acreedores “senior” los que por lo general invierten en esas plazas. Entre otras críticas, también señaló que esa propuesta no soluciona el problema de los Credit Default Swapt (CDS), que son los seguros que se disparan si un país entra en default, que pueden generar incentivos perversos. “Pero además, cada default tiene acreedores explícitos, que son los bonistas, e implícitos, que son los ciudadanos, a los que se afecta con cada decisión. En este marco que propone la ICMA no están contemplados ese tipo de acreedores”, critica Guzmán.

“Se puede mejorar el enfoque privado de la ICMA a través de varias formas, como el control sobre los CDS, una limitación para comprar deuda para litigar y cláusulas de indexación en función de cómo le va a la economía del país. Pero hay otra serie de cosas que no se resuelven. Por eso se necesita un marco jurídico global para las reestructuraciones. Una Corte Internacional de Bancarrotas. Habría que ver cómo se compone y quién tiene influencia allí, pero su sola existencia alteraría el contexto de las negociaciones”, propone. Advierte que “en el corto plazo esto es imposible porque el Tesoro de los Estados Unidos se opone”. “Hay soluciones intermedias, sí. Pero la clave es que los países que reestructuren puedan recuperar la capacidad de crecimiento sostenible contemplando la situación de los ciudadanos, de los acreedores implícitos”, concluyó Guzmán.