Página/12 En Italia

Desde Roma

Serán dieciséis, y no sólo cuatro como se creía hasta ahora, los uruguayos responsables del Plan Cóndor creado por las dictaduras latinoamericanas para eliminar opositores, los que serán procesados por la Justicia italiana a partir de febrero próximo. A esta conclusión llegó ayer el juez de las investigaciones preliminares de Roma, Alessandro Arturi, luego de que en la sesión preliminar de la Causa Cóndor en octubre se dijo que se enviaría un pedido especial al ministro de Justicia, el único que según la Constitución italiana podía autorizar que el proceso siguiera adelante aun cuando varios de los acusados hubieran sido juzgados por la misma causa en sus países de origen. Y la decisión positiva del ministro llegó esta semana.

Se trata de los ciudadanos uruguayos, la mayoría militares, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vásquez, Luis Maurente, José Sande, José Davatso, José Arab Fernández (actualmente detenido por pedido de la magistratura argentina). Sobre los casos de Juan Carlos Larcebeau, Gregorio Alvarez y Ernesto Soca el ministro no se expresó por carecer de ciertas informaciones, pero el juez estimó que igualmente debían ir a juicio. A éstos se agregan cuatro a los que ya se había decidido procesar en el mes de octubre: Juan Carlos Blanco (ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto 1973-76), Ricardo Eliseo Chávez, el general Iván Paulós, jefe del servicio de Informaciones de la Defensa (SID), y el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo, acusado de haber sido uno de los organizadores de la represión y las torturas en el centro de detención clandestina de Buenos Aires conocido como Automotores Orletti. Todos están acusados de secuestro y homicidio de 23 ciudadanos de origen italiano.

El broche de oro, como piensan algunos familiares de desaparecidos, fue la decisión de procesar también a otro ciudadano uruguayo pero con pasaporte italiano y actualmente residente en Italia, Jorge Néstor Tróccoli, exponente del servicio de inteligencia de la marina uruguaya, tal vez uno de los personajes que más han dado que hablar en los últimos años. Si bien fue arrestado por pedido de Uruguay en 2007, Troccoli salió a los pocos meses de la cárcel porque las autoridades uruguayas y al parecer la embajada no enviaron a tiempo los papeles de la extradición, es decir el pedido que la Justicia uruguaya hacía a la italiana para llevarse a Troccoli y procesarlo allá. Ahora Troccoli, del que se sabe que ha vivido en distintas ciudades cercanas a Nápoles y a Bari y que ayer en la audiencia preliminar no estuvo presente pero envió nuevos abogados, será juzgado en Italia. Está acusado de ser el presunto responsable de la desaparición de seis de los ciudadanos italianos del proceso.

En este juicio por el Plan Cóndor –que costó la vida a miles de personas– serán juzgados también a partir del 12 de febrero militares de Chile, Perú y Bolivia, acusados de la desaparición de los 23 ciudadanos de origen italiano en Argentina, Paraguay y Brasil.

La lista de acusados no uruguayos incluye once chilenos, cuatro peruanos y un boliviano. En el caso del dictador boliviano general Luis García Meza Tejada –responsable del golpe de Estado de julio de 1980 que derrocó a Lydia Gueiler a fin de impedir que el progresista Hernán Siles Zuazo, que había ganado las elecciones, subiera al poder–, detenido en La Paz y acusado de asesinato y complicidad con el narcotráfico, la Justicia italiana hizo saber que solicitará más informaciones a la Justicia boliviana y su caso se decidirá en la audiencia preliminar prevista para el 6 de febrero.

En el grupo chileno aparecen, entre otros, los generales Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la Caravana de la Muerte, la que fue asesinando presos políticos por todo el país; Manuel Contreras, que dirigía la DINA, el servicio secreto de la dictadura de Augusto Pinochet, también detenido, y Daniel Aguirre Mora, dirigente de la terrorífica CNI (Central Nacional de Inteligencia). Entre los peruanos se destaca la figura del general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú de 1975 a 1980; el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Martín Martínez Garay y el general y ex primer ministro Pedro Richter Prada.

“Después de tantos años de lucha hemos conseguido que toda esta tanda de represores uruguayos haya sido enviada a juicio –comentó a Página/12 Cristina Mihura, viuda de Bernardo Arnone Fernández, uno de los desaparecidos uruguayos por los cuales se hace este juicio–. Siento gran satisfacción de saber que la Justicia ha concluido también con la pesadilla Troccoli. Ahora será juzgado en Italia. Nos quedan varios casos pendientes que se irán agregando a este juicio o a otros juicios por verdad y justicia para nuestros desaparecidos.” La primera vez que Cristian Mihura se presentó ante la Justicia italiana fue en 1982, pero la magistratura italiana no quiso proceder porque no existía el cuerpo de la víctima y en esa época la figura legal del “desaparecido” era inexistente. Para tratar de conseguir este juicio contra el Cóndor, sus esfuerzos empezaron en 1999.

“Todos estos uruguayos están implicados de una u otra manera en el caso de Bernardo –ciudadano uruguayo secuestrado en Buenos Aires en 1976 y del que nunca más se tuvo noticias– y otros tres compañeros. En este caso también está implicado Juan Manuel Contreras, jefe de la DINA, uno de los máximos responsables de la creación de la operación Cóndor”, nacida en Chile en 1977 como acuerdo entre las dictaduras de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Chile.

¿Cuál es el siguiente paso de la Justicia italiana en caso de que los procesados sean condenados y dado que, excepto Troccoli, ninguno vive en Italia? “Lo fundamental es la voluntad política del gobierno, cosa que no ha siempre existido de parte de los gobiernos italianos. Se podría emitir un mandato de captura internacional y pedir la extradición o la aplicación de la pena en el país de residencia”, indicó Mihura. Y agregó: “Creo que para los uruguayos el caso Troccoli causará sensación, sobre todo después de que él se escapó de Uruguay con pasaporte italiano diciendo que a él no le podía pasar nada”.