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Participar en la delegación del gobierno argentino durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Lima (COP20) es todo un aprendizaje acelerado de cómo nos posicionamos ante los intereses hegemónicos financieros y económicos que dominan el planeta.

La cumbre de Río 92 fue un hito en materia ambiental, un auspicioso avance en miras hacia una mayor justicia ambiental. Los países “en vías de desarrollo” y los “desarrollados”, a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se comprometieron a trabajar en esta temática. Se definieron las responsabilidades. Los países desarrollados, que a partir de la revolución industrial vienen emitiendo gases de efecto invernadero (GEI) y son los responsables primarios de este fenómeno de calentamiento global de la atmósfera, se comprometieron a asistir financiera y tecnológicamente a los países en desarrollo. En la cumbre ambiental de Río+20 quedó claro para la ciudadanía global que estos compromisos no se cumplieron. Estados Unidos de Norteamérica, uno de los más importantes emisores de GEI, no firmó el Protocolo de Kyoto, donde los países desarrollados establecían metas de reducción en base a las emisiones de GEI de 1990.

Internacionalmente, la mayoría de los medios de comunicación que responden a estos intereses hegemónicos han venido planteando en cada COP sobre cambio climático que los que traban un acuerdo concreto y vinculante son los países en desarrollo. Lo que no se plantea claramente es que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas constituye el andamiaje para construir una verdadera justicia ambiental global. La intención de los países desarrollados es colocar en un pie de igualdad a todos los Estados. Eliminar la diferenciación de las responsabilidades con la excusa de que actualmente hay países emergentes que tienen una alta emisión de GEI. La cuestión que intentan borrar e invisibilizar es la acumulación histórica de gases, que es el factor determinante del cambio climático que estamos padeciendo todos, tanto desarrollados como no desarrollados. Las Naciones Unidas, conducidas por los países desarrollados, utilizan todo ese poderío para impedir una democratización del sistema de gobernanza global, y su estrategia es la utilización de lo “ambiental” para frenar el desarrollo de los pueblos. En las convenciones, la actuación de los copresidentes o facilitadores queda al desnudo en cada reunión multilateral. Los países en desarrollo, y aquellos más vulnerables, somos los que más sufrimos este fenómeno.

El desafío es enorme. Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación estamos trabajando en la definición de políticas públicas ambientales que contribuyan a la adaptación y a la mitigación frente al cambio climático en el marco del combate a la pobreza. Los países desarrollados deben garantizar el financiamiento adecuado si realmente están comprometidos con la humanidad. Los recursos existen. Reasignarlos desde los gastos militares y armamentísticos al fondo verde puede ser un buen mecanismo. Por nuestra parte, seguiremos bregando por una distribución equitativa de la riqueza y de las responsabilidades y por la paz mundial, en función de lograr un planeta que incluya a todos y todas.

* Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.