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Correo Argentino SA, concesionario del servicio postal nacional, logró detener la sentencia cuando ya caminaba por el pasillo que lo conducía al cadalso. La Cámara en lo Comercial atendió el reclamo del consorcio que encabeza el grupo Macri, dejando en suspenso el trámite de la convocatoria de acreedores que ayer mismo, pasadas las 13.30 horas, hubiera desembocado en la declaración de quiebra de la empresa. Antes de perder definitivamente las esperanzas de llegar a un acuerdo con el conjunto de los acreedores, de los cuales el principal es el Estado nacional con más de 200 millones de pesos en acreencias sobre un total de 900 millones, Correo había pedido una prórroga de 30 días en el plazo de la convocatoria, que le fue denegada en primera instancia. Correo recurrió esta medida y logró el apoyo de la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Ahora, al menos, tendrá un respiro para seguir intentando un acuerdo.
Los laberintos judiciales indican que la prórroga de la convocatoria deberá ser ahora resuelta por un tribunal de segunda instancia. Ayer, de haberse caído la convocatoria, el juez Eduardo Favier Dubois hubiera decretado la quiebra, con lo cual en forma automática Correo Argentino perdía la concesión del servicio postal. De hecho, tanto el jefe de Gabinete como el ministro del Interior habían formulado previsiones por la mañana acerca de la disposición del Gobierno para hacerse cargo del servicio hasta tanto se encontrara un nuevo concesionario. “Sería una estatización circunstancial hasta una reprivatización”, fue la fórmula que utilizó por la mañana Aníbal Fernández para describir la eventual maniobra.
Las posibilidades de arribar a un acuerdo con los acreedores son, para Correo Argentino, más bien escasas, dada la poca voluntad evidenciada por el Gobierno para facilitarle aún más las cosas al concesionario. Por lo tanto, la quiebra sigue siendo el destino final previsible, más tarde o más temprano. En tal caso, las impresiones que ayer formularon los funcionarios del gabinete acerca de cómo se resolvería el proceso en caso de quiebra continúan siendo válidas.
“Si la Justicia indicara que hay elementos suficientes para hacer caer la concesión, el Estado se hará de la empresa de forma tal que, en algún momento, después de ordenarla o mejorarla, la pueda poner a consideración nuevamente de inversores particulares que vuelvan a prestar el servicio acorde a lo que el Estado aspira”, describió textualmente el ministro del Interior. Más escueto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que el Estado se haría cargo de la empresa “en caso de que sea necesario”, para luego volver a concesionarla.
El planteo de queja presentado por los abogados del concesionario contra la decisión de Favier Dubois fue aceptada por la Sala B de la Cámara Comercial, integrada por Ana Piaggi, Enrique Butty y María Gómez Alonso. La habilitación del tratamiento del recurso en esa instancia tiene efectos “suspensivos” sobre la decisión del juez. Ahora, la causa vuelve a manos del juez Favier Dubois, en cuya sede Correo deberá fundar su pedido de prórroga, para que los acreedores y la sindicatura lo respondan posteriormente. Finalmente, será la Sala B de la Cámara la que resuelva si extiende o no los plazos.
Hasta primera hora de la tarde de ayer, cuando aún se desconocía el fallo de Cámara, se especulaba con que Favier Dubois promovería a partir de hoy el proceso denominado de “crown down” previsto en la Ley de Quiebras, mecanismo que consiste en consultar a los acreedores si estarían dispuestos a hacerse cargo de las operaciones de la empresa.
De esta manera, Correo Argentino ganó tiempo para seguir buscando una salida negociada con sus acreedores que evite el proceso de quiebra. De todos modos, tanto en fuentes tribunalicias como en círculos cercanos al Gobierno señalan lejana la posibilidad de un acuerdo. Las líneas de negociación entre el Gobierno y Correo Argentino están cortadas y sólo queda por esperar el vencimiento de los plazos procesales. A través de una solicitada, la empresa concesionaria había responsabilizado ayer al Estado nacional de haber frustrado la prórroga de la convocatoria, “impidiendo que se pueda considerar la propuesta presentada en sede concursal para el pago del 100 por ciento de los créditos verificados”.
Cuando Correo formuló el pedido, hace algo más de un mes, la sindicatura y algunos bancos acreedores consintieron el requerimiento de prórroga por 30 días, pero el Estado nacional se opuso. Entre los bancos acreedores figuran el Citibank, Río, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Financiera Internacional y Galicia. Los dos últimos son, además, accionistas del concesionario, detrás de Sideco (grupo Macri).
Tanto la Sigen como la Auditoría General de la Nación pusieron en manos del gabinete informes con elementos suficientes como para determinar la rescisión del contrato. Decisión que el presidente de la Nación podría tomar por sí mismo en uso de sus atribuciones, dado la obligación constitucional de asegurar la prestación del servicio postal (es el único servicio que tiene esa prerrogativa). Sin embargo, el Gobierno parece decidido a esperar los tiempos de la Justicia y dejar que la concesión, en definitiva, caiga por su propio peso.