La Corte de Apelaciones de Nueva York postergó hasta el próximo martes su definición sobre la orden de “desacato” dictada contra la Argentina por el juez Thomas Griesa. A pedido de los fondos buitre el magistrado estadounidense tomó esa determinación a fines de septiembre del año pasado. El tribunal de primera instancia neoyorquino argumentó su decisión en el incumplimiento del país con su fallo que obliga a pagarles 1330 millones de dólares más intereses a los litigantes encabezados por Elliott Management. La medida fue duramente cuestionada por el equipo económico desde el momento de su declaración. La califican como un “disparate jurídico que ofende la soberanía nacional”. A diferencia de otras decisiones judiciales, explican en el Ministerio de Economía, el “desacato” no tiene consecuencias prácticas sobre la Argentina ni el pago de los bonos de la deuda externa.

El juez Griesa declaró al país “en desacato” el 29 de septiembre. El Estado apeló esa medida el 17 de noviembre y completó su presentación a fines del mes pasado. El resultado debía conocerse ayer, pero el panel de jueces recién se expresará a fin de mes. A lo largo de la disputa legal con los buitres, las presentaciones ante la Corte de Apelaciones de Nueva York realizadas por los abogados que representan al país no obtuvieron resultados favorables.

“Los hechos demostraron que esta absurda decisión del juez Griesa no tuvo ningún efecto práctico, sino que sólo sirvió de insumo interna y externamente para la campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre y sus aliados locales contra la Argentina”, advirtió el Palacio de Hacienda durante febrero.

En el equipo económico consideran que el desacato declarado por el magistrado estadounidense es una orden “extravagante y ridícula”. Consideran además que se trata de “una decisión absurda y violatoria del derecho internacional, el juez Griesa había declarado en desacato a la República Argentina por el mero hecho de cumplir sus obligaciones y pagar la deuda a los bonistas que ingresaron a la reestructuración de 2005 y 2010”. A través de un comunicado emitido a fines del mes pasado la cartera a cargo de Kicillof explicó que “la decisión de Griesa resulta contraria al principio de Igualdad Soberana y viola la inmunidad de la que goza todo país”.

La figura de desacato sobre un Estado soberano representa una rareza legal que carece de consecuencias concretas. De hecho, el propio Griesa ya había rechazado a mediados de 2014 un pedido buitre similar al que finalmente convalidó. En su negativa indicaba que el desacato no ayudaría a resolver la disputa o encontrar una solución legal, equitativa y sustentable. El primer pedido del fondo buitre encabezado por el financista Paul Singer reclamaba que el juez impusiera una sanción diaria de 50.000 dólares que finalmente no fueron convalidados por el juez.

No obstante, incluso en los pocos casos donde existieron intentos de jueces norteamericanos para imponer multas a países –como Congo en 2006– la legislación vigente en Estados Unidos vuelve prácticamente imposible su cumplimiento a menos que el demandado decida voluntariamente pagar. “Estados Unidos insta a esta corte a rechazar las sanciones monetarias como un mecanismo para coercionar a un Estado extranjero al cumplimiento de las órdenes. La declaración de desacato con sanciones monetarias va en contra de la práctica de la comunidad internacional y tiene el potencial para lesionar nuestras relaciones exteriores y abrir la puerta a la imposición de sanciones contra nuestro Gobierno. Contra todas esas consideraciones de política están los inexistentes beneficios de una sanción que es imposible de implementar. Bajo estas circunstancias una corte de distrito yerra y abusa de su discreción cuando ordena sanciones monetarias contra un Estado extranjero”, sostuvieron las autoridades norteamericanas en un amicus curiae presentado en el caso de una empresa contra el Congo donde el juez recurrió al desacato y a multas.