El Grupo de Curas en Opción por los Pobres, que reúne a sacerdotes católicos, emitió un documento “ante un nuevo aniversario de la dictadura cívico eclesiástico militar” en el que se hace una dura crítica a la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado y a los propios obispos por el silencio ante recientes condenas de la Justicia a los culpables de asesinatos de sacerdotes colaboradores del obispo Enrique Angelelli en La Rioja y ponen en duda las intenciones de recientes declaraciones oficiales de la Iglesia sobre temas de derechos humanos.

Los curas, que habían expresado su posición después que los obispos hicieran el año anterior un pedido a toda la ciudadanía para colaborar con datos en la búsqueda de desaparecidos y niños apropiados, demandaron en aquel momento una “participación oficial y clara” de la Iglesia en “los actos públicos de memoria del 24 de marzo” y plantearon como necesaria “la creación de un departamento, comisión u oficina dependiente de la CEA dedicada –sin injerencias confusas– a los derechos humanos (que) puede ser un buen indicio de cambio de actitud”. Pero advirtieron entonces que “debería evitarse caer en la tibieza de la Comisión Justicia y Paz, que no solamente no levantó su voz en la dictadura, sino que –además– salió inmediatamente a despegarse ante toda posible confusión de nombre con el Serpaj cuando Adolfo Pérez Esquivel fue nombrado Premio Nobel de la Paz”.

Ahora, advierte el grupo coordinado por el sacerdote Eduardo de la Serna, “nos encontramos con que esa misma Comisión Justicia y Paz convoca a una dudosa marcha (el 18 de febrero) en homenaje (¿homenaje por qué?) o en reclamo (¿reclamo de qué?) frente a la muerte del fiscal Nisman, pero mantiene su silencio ante las convocatorias con motivo de los actos de Memoria, Verdad y Justicia en la conmemoración del golpe genocida del 24 de marzo de 1976”.

En continuidad con el planteo, los sacerdotes católicos recuerdan que “esta semana el represor Angel Ricardo Pezzeta fue condenado a prisión perpetua por el secuestro, las torturas y el homicidio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los Mártires de Chamical y discípulos del obispo Enrique Angelelli”.

En tono crítico sostienen que “ni los obispos ni la Comisión Justicia y Paz parecen haberse enterado” de lo anterior. Y reflexionan: “¿Tenemos que creerles que están interesados en que se esclarezcan los crímenes de la dictadura? ¿Les preocupa realmente que se haga justicia con nuestros hermanos en la fe torturados, desaparecidos o asesinados?”.

Frente a esta actitud, los curas afirman que “repudiamos su silencio y no nos sentimos ni representados ni aludidos, ni creemos que la mencionada comisión esté verdaderamente interesada ni en la ‘Justicia’ ni en la ‘Paz’”.

Al señalar que ellos sí se sienten convocados a los “actos conmemorativos por la historia y la memoria”, reafirman que, “en nombre de la justicia y la paz” expresan su repudio a la “actitud cómplice de una ‘justicia ilegítima’ en la investigación sobre las responsabilidades civiles en los crímenes de la dictadura”. Repudian también “la velocidad para las causas amigas y el cajoneo de las causas incómodas y –especialmente– la falta de transparencia del Poder Judicial”.

El breve documento de Grupo de Curas en la Opción por los Pobres agrega que “hacemos Memoria porque queremos Verdad y Justicia para que haya una paz duradera”, dice que “renovamos nuestro afecto y cercanía sincera para con los familiares de los desaparecidos y las víctimas sobrevivientes” y finaliza diciendo que “con todos ellos repetimos una vez más nuestro clamor: ¡Nunca más!”.