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El 2 de enero de 2003, la fábrica de electrodomésticos Whirpool anunciaba el cierre de su planta en San Luis y el traslado de la producción a Brasil a causa de la estrepitosa caída de las ventas y el aumento de costos de los insumos, tras la devaluación del año anterior. La decisión terminaría dejando sin empleo a 200 operarios, cuya preocupación estaba muy lejos del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Las fábricas de aparatos de uso doméstico achicaron su plantel a un piso de 8455 trabajadores aquel año. La apertura comercial de los ’90, el atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y el salario, entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales en aquella etapa. Por estos días, la empresa mexicana Mabe está cerrando un acuerdo con el gobierno nacional y el de San Luis para retomar la producción en esa provincia de las heladeras Whirpool, para lo cual proyecta incorporar otra vez a 200 trabajadores. El sector de aparatos de uso doméstico elevó su plantilla a 17.011 operarios en 2014, más del doble que en 2003, según datos oficiales recopilados por el Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria.

Así como el proceso de destrucción del aparato productivo en la Argentina encuentra razones claras, el resurgimiento está asociado a un conjunto de políticas macroeconómicas y sectoriales precisas. Una de ellas, que ocupa un lugar relevante desde 2009, es la administración del comercio. Es decir, el resguardo de los fabricantes locales de la competencia externa cuando ésta se da de manera desleal o desproporcionada. Entre 2003 y 2007, el comercio internacional registró niveles de crecimiento en torno del 8 por ciento anual. En 2008, a partir de la crisis estadounidense por las hipotecas subprime, el intercambio global sufrió una primera caída del 3 por ciento, que se amplificó a un inédito 11 por ciento al año siguiente. Las principales potencias industriales, arraigadas y emergentes, dispusieron entonces de enormes stocks que intentaron desparramar a lo largo y ancho del mundo, apuntando en particular hacia los países que todavía seguían en una fase expansiva del ciclo económico, como la Argentina.

La respuesta del Gobierno fue a contramano de la recomendación generalizada del FMI de que los países debían aceptar pasivamente un aumento de las importaciones para no profundizar la recesión mundial. En lugar de ello, extendió el uso de las licencias no automáticas de importación y luego reemplazó ese instrumento por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Al día de hoy, la puja por esas medidas de protección industrial se desarrolla con marcada intensidad. Los principales contendientes externos son Estados Unidos, Europa y Japón, que lograron un fallo favorable de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –otra de las instituciones globales permeables a los intereses de las grandes potencias, como el propio FMI– para que el país desmonte aquella disposición. La presión se hace sentir a nivel interno por los sectores importadores y algunos industriales que cuestionan la orientación de fondo de la política económica o la aplicación “arbitraria” de algunos instrumentos, según el caso.

En tiempos de campaña electoral, esos poderosos actores hacen llegar su reclamo a los distintos partidos y candidatos. Datos de producción, empleo e importaciones de los últimos veinte años pueden ayudar al análisis.

n En 1992, apenas comenzada la convertibilidad, la Argentina producía 553 mil heladeras e importaba 145 mil. En 2001, cuando estalló la creación de Domingo Cavallo, la producción había caído a 63 mil unidades –el sector se achicó a solo un 11,4 por ciento de su nivel de nueve años antes– y las importaciones habían trepado a 289 mil –un 99,3 por ciento de aumento–. La información estadística del CEP no registra datos de empleo en 1992. Los primeros números aparecen en 1996, cuando la producción ya había descendido más de 30 por ciento. El rubro aparatos de uso doméstico, que además de heladeras engloba a freezers, lavarropas y secarropas, ocupaba entonces a 12.387 personas de manera formal. En 2001 quedaban 9571. En 2014, la producción llegó a 840 mil heladeras, contra 51 mil importadas. El empleo en el sector aparatos de uso doméstico subió a 17.011.

Calzados, textiles, maquinaria agrícola, bicicletas, juguetes, lavarropas, cocinas, entre otros rubros “sensibles”, por su exposición a la competencia con productos importados, registran movimientos similares. En calzados, la producción nacional pasó de 89,6 millones de pares de zapatos en 1992 a 36,4 millones en 2001 y a 120 millones en 2014; con 24.193 operarios en 1996, 21.290 en 2001 y 30.968 en 2014. En cosechadoras, la fabricación local se hundió de 550 unidades en 1992 a 150 en 2001, mientras que las importaciones pasaron de 382 a 743. El empleo en el sector de maquinaria agrícola, que incluye también la producción de sembradoras, tractores e implementos, se movió de 7895 trabajadores en 1996 a 6059 en 2001, y de ahí a 11.745 en 2014.

En todos los casos la experiencia muestra cómo las políticas neoliberales de los ’90 y principios de los 2000 destrozaron la industria nacional y el empleo, arrastrando en su caída al mercado interno. El círculo vicioso tenía entre sus engranajes la apertura comercial indiscriminada. Por el contrario, el camino emprendido desde 2003 presenta números contundentes de reparación y expansión, tanto en consumo como en producción (se ve estos días, de manera concatenada, en el aluvión de turistas de los últimos dos fines de semana largos, luego de una temporada estival record).

El cambio de estrategia en los vínculos internacionales que implementó el Gobierno desde 2003 fue reprobado todos estos años por sectores de la oposición, que gastaron la muletilla de que la Argentina está aislada del mundo. Uno de los últimos dirigentes en plantear que terminará con la actual política es el precandidato a presidente radical Ernesto Sanz, quien dijo recientemente, tras la convención de su partido que definió la alianza con el PRO, que su objetivo es “volver a la normalidad institucional y a una relación con el mundo diferente a la del kirchnerismo”. El mendocino lo dijo en términos generales, sin referirse en particular a la cuestión comercial, pero es una señal a tener en cuenta en las actuales circunstancias de embates de Estados Unidos y Europa contra la Argentina en la OMC.

“Todos los países que tienen industria la cuidan. Aplican medidas más o menos sofisticadas. Por ejemplo, en Europa para importar un producto obligan a usar determinadas pinturas que son las que usan ellos, con componentes que no forman parte del proceso de producción en otros países. Y para un empresario argentino la escala de su negocio tal vez no le da para hacer la inversión y adaptarse, porque además después inventan otra cosa y vuelta a empezar”, describen cerca de la ministra de Industria, Débora Giorgi, a Página/12. “Otros ponen costos muy altos para homologar un ensayo de un artículo a exportar. Son prácticas usuales”, agregan. “Si no defendés tu mercado te lo pueden devastar, sobre todo cuando las relaciones de fuerza entre las empresas son tan desiguales. Una mala campaña para una industria pequeña o mediana en la Argentina la puede dejar fuera de batalla para siempre. Nuestros números para el mundo son nada”, explican. “Pero estamos confiados en que los protagonistas del crecimiento de los últimos años son conscientes de las medidas que les permitieron expandirse”, afirman. Aun así, remarcan que la protección comercial por sí sola es ineficaz y que debe ir acompañada con la exigencia a los industriales locales del abastecimiento interno a precios razonables, con cuotas crecientes de integración de partes, piezas e insumos nacionales y el desarrollo de proveedores. “Lo más importante es eso, que haya mercado y que los empresarios inviertan, y que el Estado los acompañe con incentivos, financiación y controles”, completan.