En el ingreso del tramo en que la campaña empieza a tomar más intensidad, las definiciones económicas adquieren mayor relevancia en el debate electoral. Si bien por ahora no se han convertido en el centro de las propuestas para seducir a los votantes, ya hubo promesas y señales sobre lo que piensan en materia económica los principales candidatos a ocupar la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre de 2015. Mauricio Macri dijo que al otro día de iniciado su gobierno liberaría la compra de dólares provocando críticas de propios y extraños, como la de Roberto Lavagna, uno de los varios economistas que tiene Sergio Massa, que lo calificó de “irresponsable”. Además del dólar, otros temas económicos que estarán en la discusión electoral serán los subsidios, el gasto público, el conflicto con los buitres, la inflación y los salarios. Son las mismas cuestiones que durante los gobiernos de CFK han obsesionado a los referentes económicos de la ortodoxia y de la heterodoxia conservadora. Para el Gobierno, ese debate no es coyuntural sino que tiene una raíz estructural, porque está convencido de que la orientación que tengan esos capítulos de la agenda económica determinará el sendero de desarrollo. En diferentes eventos empresariales, referentes económicos de candidatos a presidentes han concentrado sus observaciones en esos temas sin hacer esfuerzos por diferenciarse. Más allá de definiciones genéricas, no avanzaban en precisiones sobre qué debería hacer el gobierno que gane en la próxima elección a presidente. El último informe del Estudio Bein & Asociados los aborda con más detalles. El titular de esa firma, Miguel Bein, es uno de los principales consejeros del candidato Daniel Scioli.

Eludiendo el placer por los pronósticos que expresan esos economistas, entre ellos Bein, resulta ilustrativo detenerse en aspectos conceptuales expuestos en ese informe sobre las controversias de la agenda económica, lo que no significa que sean las más importantes, pero que son las dominantes del debate cotidiano. Con el subtítulo “La agenda pendiente”, Bein dice que el 2016 será un año bisagra, donde “difícilmente la economía muestre el fuerte crecimiento y moderación de la inflación que espera el mercado, a pesar de las expectativas de cambio de agenda”. Afirma que quien asuma el próximo gobierno va a encontrar una economía con una inflación en la zona del 20/30 por ciento anual, brecha cambiaria producto de las restricciones al acceso al mercado cambiario y distorsión de precios relativos. Esto último lo atribuye al atraso cambiario y desajuste tarifario, fundamentalmente en la tarifa eléctrica. En ese informe, Bein va desplegando sus consejos de política económica para el futuro gobierno, que él espera que sea liderado por Daniel Scioli.

Respecto del dólar, afirma que el atraso cambiario no sería tan alto si no existieran las retenciones a las exportaciones, pero en la dinámica gatillada por factores externos (devaluación del real y apreciación fuerte del dólar) e internos (una inflación en la zona del 25 por ciento con un dólar que se mueve 15 por ciento) dice que se agudizará en los próximos meses hasta noviembre. “Parados a hoy, para volver a noviembre de 2010 (cuando todavía la foto de la competitividad estaba razonablemente bien), el tipo de cambio bilateral con el dólar debería subir 12 por ciento, el multilateral, 36 por ciento, y el bilateral corregido por términos del intercambio, 28 por ciento”, asegura. Estima que a fin de noviembre acumularía 8 puntos porcentuales de atraso adicional.

Uno de los principales asesores económicos del candidato Scioli calcula que el déficit fiscal financiero (neto de transferencias de utilidades del BCRA) y de cuenta corriente externa finalizaría en 2015 en la zona de 5,6 y 2,4 por ciento del PIB, respectivamente. “El deterioro fiscal es consecuencia de un nivel de Gasto Público Primario de la Nación (incluyendo transferencias automáticas a Provincias) 15 puntos porcentuales más alto que el promedio de los noventa”, indica. Desde el lado de los recursos, Bein estima que el próximo gobierno va a encontrar una presión tributaria de 26 por ciento del PIB (que sube a 32 por ciento incluyendo recursos provinciales), 15 puntos porcentuales más que el promedio de los ’80 y 12 puntos porcentuales más que el promedio de los ’90.

Asegura que el próximo gobierno se encontrará con “una economía con un exceso evidente de regulaciones en el manejo del comercio exterior (protección efectiva vía la política arancelaria más la protección de hecho vía el manejo de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación –DJAI– y el propio acceso al mercado cambiario) y al manejo de la cuenta capital vía las restricciones impuestas al ingreso y egreso de divisas”. Bein afirma que esa protección, en no pocos casos, generó un traslado a precios locales bien por encima de los precios internacionales “constituyendo un claro abuso de posición dominante contra el consumidor”.

Destaca que el grueso de las distorsiones en los mecanismos de fijación de precios internos recae sobre las tarifas de servicios públicos, precisando que esa situación se observa más en las tarifas de energía y menos en las de transporte. Calcula que la carga de subsidios asciende a 4 por ciento del PIB, equivalente a casi una tercera parte del aumento del gasto público registrado en los últimos años. El resto de los precios de la economía dice que se encuentra de alguna forma liberado, más allá del manejo trimestral que lleva a cabo la Secretaría de Comercio y la existencia del esquema de Precios Cuidados, que alcanza al 3 por ciento del total de la góndola. “Precios liberados, que en un mercado protegido se ubican en el caso de los transables incluso por encima de los precios internacionales”, señala.

Bein indica que quien asuma el gobierno a fines de 2015 va a recibir un muy bajo nivel de deuda pública en el mercado, y acotados perfiles de vencimientos (1,5 por ciento del PIB promedio por año entre 2016 y 2019) en un mundo que prevé tasas de interés que van a seguir siendo bajas en un contexto de liquidez selectiva y menos abundante que la de los últimos años. Señala que la falta de un ancla nominal que haya podido coordinar expectativas de precios y, a la vez, la utilización del ancla cambiaria y tarifaria generaron una aceleración de la puja distributiva con precios y salarios que se han ajustado año a año en la zona del 20/30 por ciento. Propone frenar “gradualmente” esa carrera entre precios y salarios. Para ello aconseja el restablecimiento del ancla estadística y empezar a construir una moneda nacional que funcione como reserva de valor. Entonces recomienda que “es condición necesaria manejar una tasa de interés del ahorro en pesos algo por encima de la tasa de inflación en forma sistemática”, además de un esquema de financiamiento del fisco diferente al de los últimos años “con menos Banco Central y más financiamiento en el mercado mientras se trabaja en acotar la brecha financiera”.

Una de las claves del programa que propone Bein de “recomposición de precios relativos” se encuentra en firmar un acuerdo social por dos años “para moderar en simultáneo la nominalidad a la cual gira la indexación de precios y salarios de la economía”. Sugiere que de ese modo se podrán aplicar esas medidas de ajuste “sin necesidad de forzar una caída brusca del salario real, lo que implica acuerdos con los sindicatos en un contexto de bajo desempleo, elevada capacidad de compra del salario y achatamiento de la pirámide salarial”.

Bein aconseja también qué hacer con lo que el mercado denomina “cepo”. Apunta que el desarme de los controles de capitales que exceden las normativas del GAFI y la consecuente reducción de la brecha cambiaria son condiciones necesarias para financiar el desarrollo de la economía. De todos modos, advierte que es necesario proceder gradualmente atendiendo al uso estratégico de las reservas del Banco Central. Propone que debe haber un equilibrio en la “definición de prioridades, asegurando en primer lugar el abastecimiento de la economía y recuperando la fluidez en los pagos de importaciones, en segundo lugar dando señales vinculadas al giro de utilidades por parte de las compañías (incluyendo una negociación de la deuda acumulada en los últimos años) y recién en tercer lugar ir dando una mayor flexibilidad al dólar ahorro”.

Respecto del conflicto con los fondos buitre (él los denomina “holdouts”), menciona que la causa judicial brinda a la Argentina algún margen de negociación dada la “injusta” carga de intereses judiciales, que ya constituyen más de la mitad del fallo. Calcula que a junio de 2014, de los 1650 millones de dólares reconocidos por el juez Thomas Griesa, 428 millones correspondían al capital original de los bonos en cesación de pagos, 445 millones a intereses devengados no abonados y 777 millones a intereses judiciales, que en algunos casos corren a una tasa de 9 por ciento anual. Realiza una serie de estimaciones y cuentas, para arribar a que el piso de quita en la negociación debería ser del 23 por ciento, porcentaje que elevó en un reportaje brindado a Clarín a comienzos de este año, afirmando que “no veo que sea conveniente para el país una negociación con una quita inferior al 40 por ciento”. En ese sentido, Bein indica que la negociación y el cierre definitivo del litigio con los buitres, incluyendo a los me too, resulta “una condición necesaria para que la Argentina pueda retornar a los mercados de crédito a tasas más consistentes con la del resto de Latinoamérica”. Retorno que anota como importante para que el país pueda graduar las correcciones que él considera indispensables, además para financiar un aumento en la tasa de inversión vía proyectos de largo plazo con impacto sobre la productividad de la economía.

Estos son los consejos de Miguel Bein, abriendo la temporada para que los otros referentes económicos de los candidatos a presidente empiecen a mostrar sus cartas, iguales, parecidas o diferentes.