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La opinión pública del área metropolitana considera que los cortes de agua y energía responden a la disputa por las tarifas entre gobierno y privatizadas. La encuesta relevada el jueves y viernes por la consultora Analogías muestra también que el 60 por ciento de los entrevistados considera que el Gobierno debe sancionar duramente a las empresas, mientras que, previsiblemente, el 95 por ciento se opone a cualquier aumento de tarifas.
La encuesta también mostró un generalizado consenso acerca del rol del presidente Néstor Kirchner en el manejo de la disputa. Este apoyo prácticamente no muestra diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos. No obstante, fueron los sectores medios quienes mostraron la mayor irritación con las privatizadas, probablemente, porque se cuentan entre quienes más padecieron las subas tarifarias y los abusos de la década pasada. Además del apoyo a las sanciones, en algunos casos también se pide la quita de concesión y la reestatización de las empresas.
El porcentaje de quienes creen que los cortes de luz y agua constituyen una maniobra de las empresas para conseguir aumentos de tarifas llegó al 82 por ciento, mientras que el 74 por ciento se mostró satisfecho por cómo el presidente Kirchner “está manejando el tema de las empresas privatizadas”, no obstante el 45 por ciento, sólo se mostró “algo satisfecho” y sólo el 29 por ciento se definió como “muy satisfecho”. En otras palabras, aunque el grueso de la población está conforme con la actitud asumida por el Gobierno frente a las empresas, es cierto también que existe una actitud expectante sobre cómo será finalmente el desarrollo de las negociaciones. En este punto, la mayor oposición al rol del Poder Ejecutivo se notó en los sectores de nivel socioeconómico más alto.
En cuanto a “qué debe hacer el gobierno frente a la cuestión” predominaron las visiones más duras con las empresas. El 60 por ciento del total afirmó que las privatizadas deben ser duramente sancionadas por sus incumplimientos y no deben permitirse aumentos de tarifas, mientras que un 24 por ciento sostuvo que las empresas deben ser “subsidiadas para que hagan las inversiones que necesitan sin aumentar tarifas”. Dado que la posibilidad de que el sector público subsidie las inversiones de las privatizadas no se encuentra en el debate público, la respuesta parece más bien una adhesión a la propuesta hecha por la consultora. Dejando de lado al 11 por ciento que propuso otras opciones o no contestó, sólo el 5 por ciento se mostró de acuerdo con graduales aumentos de tarifas. En este punto fue donde más se notó la diferencia de opinión entre sectores sociales, ya que un 10 por ciento de quienes tienen altos ingresos se mostraron de acuerdo con los aumentos, mientras que en los sectores medios y bajos la aceptación fue del 4 por ciento.