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Sábado a la noche. El Ministerio de Trabajo, un edificio gris de más de quince pisos, se ve más vacío que de costumbre. Apenas hay algunas luces prendidas, y en la planta baja un policía y un portero comen las últimas medialunas. En Leandro N. Alem no se ven ni colectivos ni taxis, y mucho menos un grupo de piqueteros rodeando el ministerio, como sucedió el último miércoles. Trece pisos arriba, el ministro Carlos Tomada se enfrenta un largo maratón con periodistas. Se cansa de repetir que “el Gobierno no criminalizará la protesta social”, pero luego dice que mañana denunciará ante la Justicia federal a los desocupados del Futradeyo, Fitod, Mup20 y Tendencia Clasista 29 de Mayo. Esas organizaciones bloquearon el ministerio impidiéndoles la salida a varios funcionarios, entre ellos Tomada. El episodio generó una serie de interpretaciones sobre un evidente giro del Gobierno en su política hacia los piqueteros.
En la entrevista con Página/12, el propio Tomada asegura que “se mantendrán los canales de diálogo”, aunque admite que para el 2004 el Gobierno trasladará recursos de los planes Jefas de Hogar a la realización de obra pública, en la que emplearán a los beneficiarios de ayuda social, como son los piqueteros. En las expectativas del Gobierno, ese mecanismo de inclusión desactivaría las protestas callejeras de los desocupados. Sin embargo, Tomada reconoce “limitaciones en los recursos” y explica que no habrá más gasto social para financiar las obras. El dinero necesario provendrá de lo que hasta ahora se destinaba a planes sociales. “Esperamos que eso genere el círculo virtuoso para reactivar la economía y empezar a bajar el índice de desempleo”, agrega.
–En relación con el episodio con los piqueteros frente al ministerio, ¿cuál va a ser la figura penal por la que van a acusarlos? ¿Privación ilegítima de la libertad? ¿Extorsión?
–No, no. Nosotros lo único que vamos a hacer es denunciar el hecho.
–¿Y que la Justicia decida qué figura penal corresponde?
–Sí, claro, nosotros somos el Ministerio de Trabajo. Nos ocupamos de tratar de solucionar, en la medida de nuestras posibilidades, esos reclamos y esa urgencia que tienen esas organizaciones.
–Las organizaciones piqueteras que rodearon el Ministerio de Trabajo emitieron un comunicado en el que dicen que no utilizaron ni cadenas ni candados, ningún elemento contundente. Que sólo había vallas de la policía. ¿Cuál es la posición del ministerio?
–Yo no quisiera entrar en esa discusión fáctica, digamos.
–¿Pero hubo candados? ¿Estaba bloqueado el paso?
–Sí, sí. Absolutamente. Ese es el hecho diferenciador, hacía doce horas que estaban cortando Leandro N. Alem y ni se nos ocurrió a nosotros reclamar ningún tipo de intervención policial. Tenemos una conducta y un mecanismo de relación con las organizaciones piqueteras, que vienen todos los días, porque no es que ésta fue la primera vez y frente a la sorpresa del hecho... El Gobierno ha abierto canales de diálogo que antes nunca tuvieron, que pensamos seguir manteniendo a toda costa. Porque eso no lo vamos a resignar. Con esas organizaciones piqueteras, con las más grandes, con las medias, con las más duras, las menos duras. Todos van a continuar con la interacción y la búsqueda de soluciones que tenemos hasta ahora. Esto es más dificultoso frente a limitaciones en los recursos.
–Una de las demandas que han planteado los piqueteros es que no se están otorgando nuevos Jefas y Jefes de Hogar.
–Es verdad, no habrá planes nuevos, pero hay que recordar que este ayuda social alcanza a más de dos millones de personas en todo el país. Pero el plan Jefas y Jefes de Hogar cumplió una etapa. En el presupuesto 2004, lo que habrá es una reasignación de recursos a la realización de obras públicas para poder integrar a los desocupados a empleos formales, genuinos. Esperamos que eso genere el círculo virtuoso para reactivar la economía y empezar a bajar el índice de desempleo.
–El martes hay una reunión acá, con algunos de los dirigentes que estuvieron en esa protesta. Y ellos han expresado su temor a ser detenidos en la reunión, ese mismo día, cuando vengan al ministerio.
–Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en ese sentido. De ninguna manera. No vamos a criminalizar la protesta social.
–Pero la Justicia puede actuar...
–Desconozco los tiempos con los que se maneja la Justicia federal.
–¿Comparte usted lo que se dice alrededor del Presidente de que el movimiento piquetero está aislado de la sociedad y de que se va a “terminar con el piqueterismo” incluyendo a los excluidos a través de planes de obra pública?
–No conozco que se haya planteado terminar con los piqueteros en esos términos. La política hacia los desocupados y los piqueteros del Gobierno no va a variar en nada de la que ha sido hasta ahora. Es evidente que un gobierno como éste no puede tener la misma relación con los piqueteros que la que tuvo el gobierno de Menem. Repito, la política hacia los piqueteros no va a cambiar. Van a seguir siendo escuchados y el Gobierno buscará su inclusión en puestos de trabajo genuinos.
–¿Coincide usted con la clasificación que hacen en el Gobierno de que existe una protesta legítima y otra protesta ideologizada? Porque esa clasificación no parece muy coherente con el ideario progresista.
–Es evidente que toda protesta es política. Y que la ideología está presente siempre, en todo acto. No comparto esa distinción entre protesta legítima e ideologizada. Lo que sí existe es que en algunos casos detrás de la protesta subyace otro objetivo.
–El Gobierno admite que tiene buenas relaciones con algunos movimientos de desocupados, mientras que otras organizaciones se quejan de ser discriminadas. ¿Existe un “tratamiento diferenciado” de los piqueteros?
–No es un tratamiento diferenciado, sino que hay organizaciones que están dispuestas a sentarse a hablar, mientras que otras no están de acuerdo. Pero se las respeta a todas. Y acá vienen casi todos los días.
–¿Usted piensa que los sindicalistas no tienen que dejarse ganar la calle por los piqueteros?
–Yo nunca pude haber dicho algo así, no lo dije ni lo pude haber dicho. Porque que dos sectores del campo popular compitan entre sí sería muy dañino para el país.
“Venimos del sótano”
Desde su amplio despacho, rodeado de carpetas y estadísticas, Tomada analiza también la modesta suba del nivel de empleo durante septiembre, el conflicto de competencia entre los sindicatos de camioneros y mercantiles y defiende el status quo sindical, con un sindicato único por actividad, frente a la campaña por la “libertad sindical” de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). “No es una prioridad de la agenda.”
–En septiembre el empleo aumentó el 0,9 por ciento. ¿Es una señal esperanzadora o apenas se está recuperando lo que cayó en el 2001?
–Se está recuperando lo que se cayó en el 2001 y 2002. Está claro que venimos del sótano. Por eso los índices, por respeto a la gente, nunca pueden ser de festejo. Son datos que tenemos que dar porque son alentadores en términos de expectativas, en términos de tendencia de lo que está ocurriendo en materia de empleo. Cuando se encuesta la cantidad de horas trabajadas es porque se ha detectado que a mayor cantidad de horas se agota la posibilidad del empleador de seguir trabajando sobre horas extras. Prenuncia la mayor incorporación de trabajo.
–¿Qué piensa del conflicto entre el gremio mercantil y los camioneros?
–El Ministerio de Trabajo va a tomar una resolución la semana que viene. Después de haberlos escuchado a todos, y en función de lo que es ese conflicto. Esperemos que quienes apelan a la seguridad jurídica como un principio a defender, acepten frente a la decisión fundada en derecho que se ha respetado la seguridad jurídico.
–¿Qué opina sobre el reclamo de “democracia sindical”?
–Es un principio que está vigente en la ley 23.551 y se aplica. Bien, generalizar en ese terreno es injusto para el conjunto de las organizaciones gremiales que vienen eligiendo a sus dirigentes. Estamos hablando de 70 mil dirigentes sindicales, que son elegidos en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza. Hay un funcionamiento adecuado.
–¿Para usted no es necesario ningún cambio?
–Esta ley de asociaciones sindicales tiene una aplicación de quince años corridos. Esta es una de las ventajas de vivir en democracia. Esto ha dado lugar a una práctica que ha mostrado todas las virtudes y fortalezas de esta ley. Eso no quiere decir que también pueda tener elementos perfectibles. No es una prioridad de la agenda, en este momento.