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El Ministerio de Economía oficializó en su página de Internet la propuesta de reestructuración de la deuda pública en manos de acreedores privados que presentó en su reciente road show mundial. Como ya había trascendido en la asamblea conjunta del Banco Mundial y el FMI en Dubai, los acreedores podrán elegir entre distintas familias de bonos que combinarán mayores quitas nominales con plazos de pago más cortos y menores quitas con tiempos de amortización más largos y menores intereses. Asimismo se mantiene uno de los aspectos más criticados de la propuesta: el repudio de los intereses devengados desde que se produjo la cesación de pagos hasta el fin de la efectiva refinanciación. Aunque este margen, de casi 19 mil millones de dólares a diciembre de 2003, podría ser prenda de negociación. El objetivo global es mantener un recorte promedio del 75 por ciento sobre el monto nominal de la deuda. También conseguir vencimientos “sostenibles”, lo que significa que los pagos por intereses no deberán exceder al superávit primario consolidado proyectado en el 3 por ciento de un PIB creciente en los próximos años. Aunque la propuesta insiste en que la judicial no es la mejor vía de negociación, el Gobierno prevé que pasado mañana se conocerá en Nueva York una resolución desfavorable para el Estado argentino. Se trata de una demanda por 700 millones de dólares presentada por un fondo buitre que compró bonos defaulteados, lo que podría dar lugar a los primeros embargos.
Los nuevos papeles entre los que podrán elegir los acreedores serán:
- Bonos Descuento. Tendrán una quita del 75 por ciento sobre el valor nominal, con plazos de entre 8 y 32 años. La tasa de interés será de 1 por ciento en el primer año y luego crecerá 0,5 por ciento anual hasta un tope de 5 por ciento.
- Bonos a la par. Se trata de un papel que no sufrirá quita. La tasa de interés será fija entre 0,5 por ciento y 1,5 por ciento anual. El plazo de vencimiento será de entre 20 y 42 años.
- Bonos Cuasipar. Tendrán una quita del 30 por ciento. La tasa de interés será fija entre 1 y 2 por ciento anual. El plazo de cancelación podrá ser de entre 20 y 42 años.
- Se mantiene bajo análisis la posibilidad de ofrecer un bono en pesos vinculado a la evolución del PIB (ver aparte), y los llamados Bonos C o capitalizables.
Los nuevos bonos serán nominados en dólares, euros, yenes y pesos indexados.
Un dato relevante de la presentación es que los nuevos números sobre la deuda total “elegible” (a reestructurar) son mayores que los 88 mil millones de dólares reconocidos en Dubai. No se trata de un recálculo, sino del agregado de los 18.700 millones de intereses “capitalizados y devengados” a diciembre de 2003, lo que permite suponer que esta diferencia podría ser negociada. Sumar este importe lleva a esta parte de la deuda a 106.700 millones de dólares y a la deuda total a 185.200 millones.
Fuentes del Gobierno adelantaron a este diario que, de acuerdo con la información de que disponen hasta el momento, pasado mañana el Poder Judicial de Nueva York tomará decisiones contra el Estado argentino en el conocido “Caso Dart”, por el nombre del millonario Kenneth Dart, propietario del fondo buitre EM Limited. Este fondo compró bonos defaulteados de la Argentina y ahora pretende 700 millones de dólares vía la decisión favorable del juzgado de Thomas Pool Griesa, del distrito sur de Manhattan. Griesa ya había fallado a favor de EM Limited, pero había postergado la decisión final para pasado mañana a la espera de la evolución de la reestructuración propuesta por Argentina. A partir de ese día, entonces, podrían conocerse los primeros embargos contra el país. Desde el Gobierno desecharon esta hipótesis porque, sostienen, “no se puede cobrar compulsivamente a los Estados”, pues se trataría de “una persona jurídica de naturaleza especial”, distinta a las sujetas al derecho privado.
En cuanto a los detalles de la propuesta efectivizada ayer, se volvió a rechazar que los Boden ingresen en la reestructuración, como reclaman algunos acreedores, quienes consideraron que los propietarios de esos bonos no pueden ser considerados como “privilegiados”. El argumento del Ministerio de Economía fue que los Boden entregados a ahorristas, jubilados y empleados estatales “son parte de la solución, no del problema”, no sólo porque “ayudaron a reestablecer la capacidad operativa básica del sistema bancario”, sino porque “al aceptar Boden, tanto los bancos como los depositantes sufrieron una quita considerable en sus activos originales”. Hacerlos parte de la reestructuración, entonces, “representaría una segunda quita”. Un argumento similar fue utilizado para los préstamos garantizados, los que ya habrían tenido su “quita” por la pesificación.
En el caso de los organismos multilaterales de crédito, hasta ahora los únicos verdaderamente privilegiados que no recibieron quitas, el argumento de Economía para que no formen parte de la quita generalizada es más lábil. El mantenimiento del privilegio respondería al “consenso” que sobre el particular existiría en “la comunidad financiera internacional”.
Para que los acreedores del exterior sepan que no son los únicos afectados por la crisis de la deuda, la presentación de Economía destaca que el 50 por ciento de la deuda elegible se encuentra en manos de ciudadanos argentinos, y de esta mitad un 76 por ciento se encuentra en manos de residentes.