La Secretaría de Comercio estima que, si se eliminara la regulación sobre las exportaciones agropecuarias, el precio interno del trigo subiría un 74 por ciento y el consumo per cápita de carne caería un 12 por ciento. Las dos herramientas centrales de la administración del comercio en el sector son las retenciones y el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), que aplica sobre los granos, aceites y derivados, carnes y lácteos. Analistas vinculados a pequeños y medianos productores advierten que la discusión “ROE o libre mercado” es falsa y que otros mecanismos de regulación, como los precio testigo, tendrían que ponerse sobre la mesa del debate.

La administración del comercio exportador se compone de las retenciones y del control sobre las cantidades exportadas. Para el Gobierno, esas herramientas protegen la economía local de los vaivenes de los precios internacionales y evitan la concentración de la economía en términos de tipo de producción y de número de jugadores del mercado. Eso no quiere decir que los precios internacionales no tengan efectos locales ni que el mercado no esté concentrado. Pero esas características se agudizarían, en la visión oficial, si el Estado retirara los controles. La dirigencia del agro despotrica contra la regulación. De hecho, el giro de timón en la materia forma parte de la agenda de los precandidatos presidenciales opositores. Las críticas, de todos modos, no se limitan a los grandes jugadores. También pequeñas entidades reclaman cambios, aunque no sean la liberalización total. Es que los ROEs deprimen muchas veces los precios al productor, en beneficio de las comercializadoras.

En el Gobierno están convencidos de la necesidad de contar con un mercado regulado a través de cupos para la exportación. Esos permisos, advierten desde Comercio, podrían ser “primero llegado primero servido”, pero perjudicaría a las firmas pequeñas. Otra posibilidad sería la de un cupo máximo por empresa, aunque las empresas más chicas estarían motivadas a pedir por encima de sus posibilidades. En cambio, el criterio que rige desde 2008 es que las cámaras del sector participen junto a la Secretaría en la asignación de los ROEs. La distribución de los permisos comenzó en un 80 por ciento a Ciara (en donde están las multinacionales) y el 20 por ciento a Capeco, que dirige Ider Peretti, afín al kirchnerismo.

En esta última campaña, Comercio modificó las porcentajes hasta un 64 por ciento a Ciara y el 16 a Capeco. El 20 por ciento restante lo destina a otras firmas que no están agrupadas en esas entidades. El Gobierno asegura que esa porción del cupo exportador se dirige, en general a “cooperativas, pequeñas empresas, agrupaciones de productores u actores distintos a las grandes comercializadoras de granos”. De hecho, desde 2010 las diez principales traders del mercado pasaron de explicar el 82,4 por ciento de las exportaciones al 64,7 por ciento el año pasado. Dentro del cupo del 20 por ciento también hay empresas de otros rubros que utilizan su sistema de comercio exterior para exportar productos primarios, como Laboratorios Roemmers (aceite de oliva), Fallabella y Gilera Motors (aceitunas), BMW, FIAT y Llorente (vinos), Newsan y Corven (trigo), Nike (carne), Todo Música y jugueterías JEM (maíz) y Faber Castell (leche).

Por otro lado, La Secretaría aprobó una exportación de 60 mil toneladas (una porción ínfima del total producido) a la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y a la red de Cooperativas Cafer a exportar granos a precio testigo, favorables al productor. También entregó a Agricultores Federados Argentinos (AFA) unas 300 mil toneladas para que adquiera granos a precio más conveniente al productor, como un parche para un sistema que necesita más sintonía fina.