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Desde la entrada en vigencia del régimen de jubilación privada, el Estado debió afrontar un déficit estructural provocado por el desfinanciamiento del sistema de reparto de nada menos que 75.700 millones de pesos. La cifra fue calculada por la consultora Ecolatina, fundada por el ministro Roberto Lavagna, y actualmente conducida por el economista Alberto Paz. Si se deja de lado el desastre provocado en las cuentas públicas y se analiza la eficiencia intrínseca del sistema privado, se tiene que, una vez descontadas las comisiones, los rendimientos logrados por las AFJP fueron inferiores a los obtenidos por los depósitos a plazo fijo. Ambas razones explican por qué la situación del sistema previsional continúa revistiendo la misma gravedad que a mediados de los ‘90, realidad que se suma a que por cada 10 jubilados sólo aportan 13 trabajadores activos.
El informe recuerda los argumentos a favor del sistema que se escuchaban en 1994. Entre ellos, el aumento del ahorro que reforzaría el desarrollo del mercado de capitales, la corrección de los desequilibrios estructurales del esquema de reparto, la perspectiva de ingresos futuros elevados por rendimientos acordes con un manejo profesional de los fondos y que los recursos previsionales no se desviarían para financiar gastos del Gobierno. A 9 años, las expectativas no se cumplieron. Las prestaciones de la seguridad social, dada la caída constante en las contribuciones, debieron ser financiadas en una proporción creciente por ingresos tributarios. Según Ecolatina, “mientras que en 1993 las erogaciones de la seguridad social eran cubiertas íntegramente con recursos del sistema, en la actualidad sólo 60 por ciento corresponde a ingresos propios. En consecuencia, desde 1994 un total de 75.700 millones de pesos fueron destinados a cubrir el rojo”.
A estos factores debe agregarse que a partir de la segunda mitad de los noventa se redujeron las cargas patronales sobre la nómina salarial y se traspasaron a la administración nacional muchas de las cajas provinciales deficitarias. El aumento de la desocupación y el empleo informal también significaron sendos golpes a los aportes.
Pero el dato más grave surge de la relación entre aportantes totales, reparto más capitalización, en relación con los beneficiarios. “En la actualidad –destaca Ecolatina– de 11,5 millones de afiliados a ambos sistemas, sólo 4,5 millones registran contribuciones en forma efectiva. Considerando que existen aproximadamente 3,3 millones de beneficiarios, el ratio de cobertura continúa en los niveles previos a la reforma: 1,3 trabajadores realizan sus aportes por cada jubilado.” Si se considera solamente el régimen de reparto, los resultados son alarmantes, pues “otorga aproximadamente 3,3 millones de beneficios y sólo cuenta con menos de 700 mil aportantes”. En síntesis, “el aumento en el ahorro privado surgido a partir de la creación de las AFJP fue compensado con un desahorro del sector público. El Estado nacional se endeudó para atender su flujo de egresos y las AFJP, con los fondos que el mismo Estado cedió, invirtió básicamente en bonos del Estado nacional”. La situación, aunque conocida, no pierde su carácter absurdo.
La cifra difundida ayer por Ecolatina termina de desmitificar los argumentos de la ortodoxia económica acerca de las razones de la crisis de 2001 y el estallido de la convertibilidad. Si bien es cierto que el Estado argentino incurrió en ingentes déficit presupuestarios permanentes, la explicación no se encuentra en la particular propensión del sector público a asumir actitudes dispendiosas. La razón está en otro lado. La decisión de crear el sistema de capitalización condujo al agravamiento del déficit estructural originado por el pago de los servicios de la deuda pública. Se generó así un nuevo agujero negro de gastos que debió financiarse retroalimentando el círculo vicioso del endeudamiento. Esta realidad se agrava al considerar los resultados económicos del manejo de los aportes al sistema privado. Para medir el desempeño de las administradoras, Ecolatina recurrió a un ejercicio comparativo. Si se toman como base 10 pesos colocados como cuota parte de los fondos administrados por las AFJP y se los compara con una inversión en un plazo fijo, desde diciembre de 1994 hasta agosto del año en curso, se puede concluir que mientras los rendimientos logrados por las AFJP llevaron ese valor a 34,90 pesos al final del período, el plazo fijo rindió 7 pesos menos. No obstante, si se considera que las AFJP filtraron, en promedio, el 32,8 por ciento de los aportes en concepto de comisiones, esto significa que en diciembre de 1994 sólo se capitalizaron 6,8 pesos de los 10 originales, relación que invierte el resultado anterior. La cuota parte de las AFJP se ubica en 23,7 pesos mientras que los depósitos dieron 27,9 pesos.
El trabajo de Ecolatina intenta establecer que una vez refinanciada la deuda con una quita del 75 por ciento, aún resta atacar una de las principales causas del rojo estructural del Estado, el desfinanciamiento de la seguridad social. También representa un adelanto de las postergadas decisiones de política económica, pues la investigación permite prever que la próxima batalla de Economía será contra las AFJP, cuya eficiencia como administradoras parece haber dejado bastante que desear.